Agentes inmobiliarios podrán operar sin matrícula y colegios profesionales lanzan advertencia

El mercado inmobiliario argentino se encuentra en el centro de un intenso debate tras la propuesta del Gobierno de eliminar la colegiación obligatoria para corredores inmobiliarios.

Según informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, esta medida, que se encuentra en proceso de definición, busca abrir el sector a nuevos actores y reducir costos operativos.

La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, plantea un modelo donde los colegios profesionales coexistan con agentes que operen sin matriculación obligatoria, aunque con certificaciones y capacitaciones específicas.

De acuerdo con fuentes oficiales, esta reforma se enmarca en una estrategia más amplia que ya incluyó la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) y del Impuesto de Sellos en la compra de la primera vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Sin embargo, la propuesta generó una fuerte resistencia entre los representantes de los colegios inmobiliarios, quienes advierten sobre los riesgos de desprofesionalizar el sector y las posibles consecuencias negativas para la seguridad jurídica y la calidad del servicio.

La postura de los colegios inmobiliarios

El Colegio Inmobiliario porteño, liderado por Diego Frangella, manifestó su preocupación ante la posibilidad de eliminar la colegiación obligatoria. Según Frangella, aunque la medida podría parecer un incentivo para la competencia, el mercado inmobiliario argentino ya opera en un entorno desregulado.

La colegiación, argumentó, garantiza que los corredores cuenten con la formación adecuada y operen bajo estándares éticos y profesionales. Sin esta regulación, advierte, podría incrementarse la informalidad, afectando la calidad del servicio y la confianza de los consumidores.

Frangella también destacó que la desregulación podría tener un impacto adverso en los costos de las operaciones inmobiliarias. La ausencia de un marco regulatorio claro podría derivar en un aumento de precios y en una mayor vulnerabilidad para compradores y vendedores, quienes quedarían expuestos a disputas y fraudes. En este sentido, subrayó la importancia de la Ley 2340 de CABA, que regula la actividad y protege a los consumidores al exigir que solo los profesionales matriculados puedan cobrar honorarios.

Además, el presidente del Colegio Inmobiliario porteño enfatizó la necesidad de fortalecer la formación y capacitación continua de los corredores, al incorporar nuevas tecnologías como el portal Cabaprop. Estas herramientas, señaló, no solo mejoran la calidad del servicio, sino que también generan confianza en el público.

La visión federal

Por su parte, Josefina Pantano, presidenta de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), también expresó su rechazo a la desregulación. Pantano afirmó que la colegiación y las cámaras profesionales son fundamentales para garantizar un ejercicio ético y profesional, además de prevenir fraudes y abusos sin generar costos adicionales al Estado.

Según Pantano, eliminar los colegios no beneficiaría económicamente a los usuarios ni incrementaría las ventas ni alquileres, ya que la cantidad de inmuebles y compradores seguiría siendo la misma.

Se estima que las inmobiliarias de todo el país totalizan más de 70.000 empresas que involucran unos 500.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta, y que la posible desregulación que favorecería a las agencias como Re/Max, entre otras, generaría mayor informalidad.

Pantano destacó que el corretaje inmobiliario es una profesión compleja que requiere conocimientos en áreas como contratos, estudio de títulos, valuaciones, marketing y atención al cliente. En este sentido, subrayó que los colegios y cámaras trabajan en colaboración con universidades y centros educativos para garantizar la capacitación integral de los profesionales.

En cuanto a las medidas necesarias para impulsar el sector, Pantano señaló que es crucial fomentar el acceso al crédito hipotecario, reducir los costos de construcción y las cargas impositivas, y promover la construcción de viviendas y loteos financiados. Estas acciones, afirmó, son más efectivas para dinamizar el mercado que una desregulación que podría comprometer la calidad y la seguridad jurídica.

La perspectiva desde la Provincia de Buenos Aires

El Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Luis Colao, también se opone firmemente a la propuesta del Gobierno. Colao recordó que la regulación de las profesiones liberales corresponde a las provincias, y que cualquier norma nacional que intente modificar esto sería inconstitucional y atentaría contra el federalismo.

Colao argumentó que la colegiación no solo beneficia a los profesionales, sino que protege a la sociedad al garantizar un ejercicio ético y profesional. Según el presidente del colegio bonaerense, la intervención de un corredor inmobiliario no es obligatoria para realizar una operación, pero los consumidores prefieren recurrir a profesionales matriculados por la seguridad y confianza que ofrecen.

Además, Colao destacó el papel de los colegios en la capacitación continua y la incorporación de nuevas tecnologías. Como ejemplo, mencionó el Congreso Inmobiliario realizado en Mar del Plata, donde se abordaron temas como la inteligencia artificial y su aplicación en el sector. También señaló que los colegios trabajan en conjunto con instituciones como el Banco Nación para promover créditos hipotecarios y otras herramientas que faciliten el acceso a la vivienda.

Un sector en busca de equilibrio entre regulación y crecimiento

La propuesta del Gobierno de eliminar la colegiación obligatoria puso en evidencia las tensiones entre la necesidad de modernizar el mercado inmobiliario y la importancia de mantener estándares profesionales que protejan a los consumidores. Mientras las autoridades defienden la desregulación como una forma de reducir costos y ampliar la competencia, los representantes de los colegios inmobiliarios advierten sobre los riesgos de desprofesionalizar el sector y proponen alternativas centradas en la capacitación, el acceso al crédito y la reducción de cargas impositivas.

El debate continúa abierto, y el futuro del mercado inmobiliario argentino dependerá de encontrar un equilibrio que permita su crecimiento sin comprometer la calidad ni la seguridad jurídica. 

Esta situación se da en un contexto de recuperación. Según la Fundación Tejido Urbano, en 2024 se otorgaron más de 11.000 créditos hipotecarios UVA, el mejor registro desde 2018. Además, los valores de venta dejaron de caer y se apreciaron en el 96% de los barrios porteños, en contraste con la tendencia hasta fines de 2023, cuando acumularon una baja del 42% en cinco años.