Corte Suprema: el plan a contrarreloj del Gobierno para evitar el rechazo a Lijo y sostener a García Mansilla

El Gobierno de Javier Milei busca frustrar la sesión del Senado para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, mediante una reapertura de urgencia de las negociaciones sobre los otros cargos judiciales vacantes, pero sin retroceder en la designación de los candidatos que la oposición intenta rechazar.

La sesión fue convocada para el 3 de abril tras la solicitud que presentó Unión por la Patria y la jugada combinada con el radical Martín Lousteau para darle dictamen de comisión al pliego de García Mansilla y dejarlo listo para su votación en el recinto, junto con el de Lijo. El objetivo del kirchnerismo y los opositores más duros es rechazarlos y el número no parece imposible de alcanzar.

Todo se aceleró después de que Milei los designara en la Corte por decreto con la excusa de que el Senado no trataba los pliegos y, sobre todo, luego de que el máximo tribunal le tomara juramento a García Mansilla. Para evitar una derrota, los senadores más dialoguistas de la UCR y del PRO le sugirieron a la Casa Rosada que retirara ambos pliegos y arrancara las negociaciones de cero.

Sin embargo, el Gobierno ya indicó a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que no lo hará. Fuentes parlamentarias señalaron a iProfesional que la intención del oficialismo es "seguir negociando por Lijo y tratar de resistir con Mansilla para que se quede sí o sí hasta noviembre".

Pulseada por la Corte: ¿cómo es la negociación que el Gobierno intenta reabrir con el Senado?

En rigor, el plan del Gobierno es retomar una negociación que estancó el año pasado. Desde que Milei anunció las nominaciones de Lijo y de García Mansilla en marzo de 2024, el oficialismo abrió un diálogo subterráneo con el peronismo para tratar de conseguir la mayoría de dos tercios (48 votos sobre el total de los senadores) y aprobar los dos pliegos, pero nunca pudo avanzar.

Para ese fracaso se combinaron dos elementos: la insistencia de la Casa Rosada con que debían aprobarse "los dos o ninguno" y el rechazo del kirchnerismo a respaldar al académico García Mansilla, pero también a aceptar que el oficialismo hiciera pasar a Lijo como el candidato "del peronismo". La titular del PJ, Cristina Kirchner, influye sobre una veintena de senadores de Unión por la Patria que no quieren votar al polémico juez por esa razón.

La negociación que intentó abrir el Gobierno con el peronismo pasaba por un posible proyecto para ampliar la Corte Suprema de los 5 miembros actuales a 7 o 9 y por la designación del procurador general de la Nación para terminar con el interinato de Eduardo Casal, que está en el cargo de jefe de los fiscales desde 2017 y es una figura muy cuestionada por los K.

El kirchnerismo nunca ocultó su interés por ampliar la discusión judicial del Senado a estos temas. José Mayans, jefe del interbloque Unión por la Patria, mencionó la importancia de estos debates en varias oportunidades. Sin embargo, el Gobierno siempre puso por delante la aprobación de los pliegos de Lijo y García Mansilla.

Ahora, el oficialismo intentará volver a poner esos temas sobre la mesa. El 1 de marzo el Presidente anunció que enviaría el pliego del nuevo procurador General al Senado y otros 140 para cubrir las numerosas vacantes que hay en el Poder Judicial (cerca del 30% del total de los cargos) y si bien todavía no hubo novedades, en el Senado no descartan que pueda aparecer alguna antes del 3 de abril, para tratar de desactivar la sesión.

Buscar margen para Ariel Lijo y mantener a García Mansilla en la Corte: el plan del oficialismo

El objetivo del Gobierno es, lógicamente, evitar una derrota, pero el cuadro es complejo. Según las fuentes consultadas, el oficialismo quiere impedir el rechazo del pliego de Lijo hasta ver si puede destrabar esa negociación, pero sabe que con García Mansilla le será más difícil.

Esto es así porque mientras Lijo tiene nutridos contactos políticos y desde el inicio se ocupó de "buscar sus propios votos" -según comentan en distintos despachos de la Cámara alta- García Mansilla tiene mucho menos apoyo entre los senadores, sobre todo después de haberles dicho en la audiencia de agosto pasado que no aceptaría asumir por decreto como finalmente hizo.

"Si no lo aprueban el Gobierno va a intentar todo lo posible para que se quede hasta noviembre", deslizó una de las fuentes consultadas por iProfesional, en referencia al artículo 99 de la Constitución al que se aferró Milei para nombrarlo por decreto y que señala que los designados "en comisión" durante el receso del Congreso duran en el cargo hasta que finalice el nuevo período de sesiones ordinarias.

En ese aspecto, el propio juez ya dio el primer paso al defender su nombramiento por decreto y remarcar que su eventual remoción antes de noviembre próximo solo puede darse mediante un juicio político. La argumentación que planteó ante el juez federal Alejo Ramos Padilla tiene no solo el apoyo del Gobierno, sino también de sus colegas de la Corte.

El paso clave que dio García Mansilla, en línea con la Rosada

"Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", aseguró García Mansiilla al tiempo que subrayó que goza de las garantías establecidas por el artículo 110 de la Constitución para todos los magistrados del máximo tribunal.

El juez se expresó así en un escrito de 51 páginas que presentó ante el juzgado de Ramos Padilla, quien lleva adelante la causa que se abrió a partir de un amparo que busca impugnar su designación y la Lijo por la vía del decreto. Mansilla planteó falta de jurisdicción del magistrado y la falta de legitimidad de los actores que impulsaron el amparo.

Tras solicitar el rechazo de esa medida, García Mansilla recordó que fue designado para cubrir la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda en un momento en que el Senado estaba en receso en un procedimiento que, según dijo, "se ajusta estrictamente" al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.

Asimismo, remarcó que los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le tomaron juramento en ese marco y que, por consiguiente, cualquier intento de impugnación "atentaría contra el orden público constitucional, dado que hasta noviembre solo podría ser removido por juicio político como cualquier juez de la Corte.

Ramos Padilla espera a la sesión del Senado 3 de julio para resolver el caso, pero de una forma u otra el Gobierno intentará que el académico no deje su cargo aún si los senadores rechazan el pliego, con el mismo argumento que planteó contra el amparo.

Con el intento de retomar la negociación el gobierno de Javier Milei intentará que, de mínima, la sesión del Senado para discutir los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo no alcance el quorum de 37 presentes. El objetivo es lograr que los dos designados se queden en la Corte Suprema. Cualquier otro desenlace sería una dura derrota.