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Villarruel convocó a una sesión en el Senado para tratar los pliegos de García Mansilla y Lijo

La sesión definirá el futuro de los dos candidatos para integrar la Corte Suprema: será el 3 de abril, por lo que el Gobierno tendrá margen para negociar
19/03/2025 - 18:47hs
Villarruel convocó a una sesión en el Senado para tratar los pliegos de García Mansilla y Lijo

Victoria Villarruel acaba de convocar a una sesión especial para el 3 de abril de 2025 a las 14 horas con el fin de considerar los nombramientos de Ariel Oscar Lijo y Manuel José García Mansilla como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La convocatoria quedó formalizada a través de un decreto de la Presidencia del Senado, el cual se emitió en el día de hoy.

Ambos nombramientos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo. Conforme al artículo 99 de la Constitución Nacional, el nombramiento de jueces en la Corte Suprema debe ser aprobado por el Senado en una sesión pública, además de contar con el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes.

En este sentido, el peronismo amenazaba con bajar al recinto mañana para tumbar los pliegos. Con esta decisión de la vicepresidenta, el oficialismo obtiene dos semanas adicionales de tiempo para las negociaciones. Cabe recordar que García-Mansilla fue designado "en comisión" por el Ejecutivo y días atrás juró en el máximo tribunal de justicia del país, lo que elevó la tensión política por un tema de relevancia institucional. Lijo, en cambio, aún no juró.

La convocatoria de Victoria Villarruel que beneficia al Gobierno

Villarruel contaba sobre la mesa un pedido del bloque kirchnerista para llevar los pliegos al recinto en una sesión especial reclamada para este jueves. Tras varios cabildeos y en consulta con los bloques dialoguistas, la vicepresidenta decidió responder el reclamo de Unión por la Patria, pero fijó la fecha de la reunión recién para dentro de dos semanas.

En el decreto de convocatoria, la vicepresidenta justificó la decisión de postergar por dos semanas el pedido formulado por el kirchnerismo en la "relevancia institucional de la decisión a adoptar en la sesión especial peticionada" y que por esta razón considera "prudencial" hacerlo con "una antelación suficiente que propenda a garantizar la presencia de la totalidad del cuerpo para considerar los pliegos".

La apuesta de Villarruel, que tiene el aval de los jefes de bloque de la oposición dialoguista, se explica en el hecho de que la semana próxima el sector dialoguista contará con dos bajas por viaje, lo cual le restaba fuerzas al sector de la Cámara alta que se muestra dispuesto a apoyar al Gobierno en su pulseada con el Senado por las designaciones en el máximo tribunal.

Los pliegos de Lijo y García-Mansilla están en condiciones de ponerse en discusión en el recinto de la Cámara alta luego de que obtuvieran dictamen favorable a sus postulaciones en la Comisión de Acuerdos. En el caso del juez federal, el despacho está disponible desde mediados de febrero.

En el del catedrático, el visto bueno lo obtuvo la semana pasada en una jugada impulsada por el kirchnerismo y los senadores Martín Lousteau (UCR-Capital) y Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) que pretenden rechazar las nominaciones de ambos candidatos como forma de ponerle un límite al gobierno de Javier Milei, que apeló a una lectura forzada de la Constitución Nacional para nombrarlos por decreto "en comisión".

En detalle: el caso de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo

Luego de la firma del decreto, la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, que este miércoles firmó su primer fallo como miembro del máximo tribunal. El caso de Lijo fue diferente, en el que los miembros de la Corte decidieron exigirle que renuncie al juzgado que conduce en Comodoro Py como condición previa a tomarle juramento. El juez federal pretendía asumir en el tribunal haciendo uso de una licencia que le había otorgado la Cámara Federal.

Si desean evitar el rechazo de ambos pliegos, la Casa Rosada tendrá que redoblar esfuerzos en un Senado en el que el oficialismo se encuentra en una endeble situación numérica, producto del malestar de algunos legisladores con las políticas del gobierno de Milei y del desgaste de la relación con la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta.

De hecho, Villarruel no pudo reunir quorum para habilitar la sesión preparatoria del pasado 24 de febrero con la intención de ratificar las autoridades elegidas el año pasado y reemplazar a la renunciante secretaria Administrativa, María Laura Izzo, por el empresario cordobés Emilio Viramonte, quien ocupó el casillero de asesor político que quedó vacío tras la salida del diputado Guillermo Montenegro del entorno de la vicepresidenta.

Esa falta de número también conspiró para que se pudiera concretar la sesión especial pedida por el oficialismo. Para sancionar el proyecto de ley de ficha limpia se requiere el apoyo de la mitad más uno del total de los miembros del Senado (37 votos), una cifra que la iniciativa no tiene asegurada.

En este sentido, sin un acuerdo político del Gobierno con otras fuerzas políticas a la vista, ambos candidatos corren serio riesgo de ser rechazados en el caso de que sus postulaciones sean expuestas al escrutinio del recinto de la Cámara alta. Tal como los establece la Constitución Nacional, para convertirse en jueces de la Corte se necesita el apoyo de los dos tercios de los presentes.

De momento, ninguno de los dos postulantes alcanzaría esa mayoría agravada. El más complicado es García-Mansilla, que ya juró como juez de la Corte y que siempre contó con el rechazo de la gran mayoría de la bancada de Unión por la Patria por su perfil conservador.

El caso de Lijo es mucho más complejo, aunque por el momento tampoco contaría con los apoyos necesarios para llegar al máximo tribunal. Desde el kirchnerismo resaltan que cuentan con más de 20 votos dispuestos a rechazar su pliego por haber aceptado ser designado en la Corte por decreto. Si se suman la decena de legisladores de otros bloques que ya han manifestado su oposición a darle su voto, el juez federal tendría cerrada la puerta de entrada al tribunal de manera definitiva.

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