Milei enfrenta los coletazos del escándalo cripto: ¿puede avanzar un juicio político en su contra?

La crisis que desató el presidente Javier Milei sobre sí mismo con la promoción de la criptomoneda LIBRA alteró la agenda del Congreso que el Gobierno creía tener bajo control y que ahora gira hacia una pulseada sobre un eventual juicio político al mandatario, aunque por el momento parece tener menos chances de prosperar que el armado de una comisión investigadora.

El círculo cercano a Milei, según trascendió, consultó con abogados para evaluar las posibles consecuencias legales de haber promocionado con un tuit un cripto activo casi desconocido y sospechado de ser una estafa por la fuerte subida que tuvo tras el posteo del mandatario -que luego borró- y la abrupta caída de su precio en un lapso de solo tres o cuatro horas.

En ese contexto, dirigentes oficialistas y algunos abogados salieron a coro a plantear que no hubo ningún delito en el accionar del Presidente. Sin embargo, el juicio político va por otro carril: es un procedimiento que solo puede iniciar el Congreso y que no tiene consecuencias penales sino que su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Milei ya empezó a recibir denuncias penales por la presunta estafa en la que un grupo reducido de personas habría embolsado 87 millones de dólares en pocas horas. En ese sí frente deberán moverse los abogados.

Pero ante la inminente presentación de un pedido de juicio político por parte de la oposición, que ya empieza a opacar los otros debates que estaban previstos sobre la suspensión de las PASO o el pliego de Ariel Lijo, el Presidente dependerá de la dinámica propia del Congreso, de la estrategia del bloque oficialista y de sus aliados, a los que necesitará más que nunca.

¿Cómo funciona el juicio político que parte de la oposición quiere hacerle a Javier Milei?

Cualquier pedido de juicio político contra el Presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros o los jueces de la Corte Suprema debe ser tratado primero por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, por dónde deberán pasar los testigos y toda persona que sea citada para darle forma a la acusación.

Durante el gobierno de Alberto Fernández el kirchnerismo cumplió con ese paso al tratar un pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, que sin embargo no prosperó. Y es que la comisión tiene que emitir dictamen favorable para que luego se vote la acusación en el pleno de la Cámara baja.

El artículo 53 de la Constitución Nacional le confiere exclusivamente a la Cámara de Diputados la atribución de "acusar ante el Senado" al Presidente o a cualquier de los otros funcionarios "por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones". Esa acusación debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los presentes.

Si esto se logra, el tema pasa al Senado, al que le "corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados", según establece el artículo 59 de la carta magna. "Cuando el acusado sea el Presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema", agrega el texto.

Para declarar culpable al acusado, que en este caso sería Milei, se necesita también una mayoría de los dos tercios de los senadores presentes. En caso de aprobarse, el fallo "no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación", pero el condenado igualmente quedará sujeto a las actuaciones posteriores de la Justicia, si hubiera un delito.

¿Tiene chances reales de avanzar un juicio político por el escándalo cripto?

El pedido de juicio político contra Milei lo encabeza el bloque de diputados de Unión por la Patria, que acusa al Presidente de participar "en un delito de estafa cripto" y presentará el proyecto este lunes, posiblemente con acompañamiento de los legisladores del Frente de Izquierda y de otros bloques. Por caso, el diputado Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal, también adelantó una iniciativa en este sentido, es decir que podría haber más de una.

En tanto, el PRO lo rechazó de plano: "No estamos a favor de un juicio político en esta instancia", indicó el partido este domingo mediante un comunicado oficial. Previamente, el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y el referente Diego Santilli -muy cercano hoy a la Casa Rosada- ya habían cerrado filas contra esa posibilidad y acusaron al kirchnerismo de ser "oportunista" y de no tener "credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia".

Una mirada rápida a al conformación de la Cámara baja alcanza para saber que, por ahora, el juicio político tiene pocas chances de prosperar. Si estuvieran presentes los 257 diputados se necesitarían 172 votos (dos tercios) para aprobar la acusación contra Milei, y entre el kirchnerismo y la izquierda suman 103.

Si acompañaran el planteo a los otros bloques que reclaman explicaciones del Presidente, los funcionarios e informes sobre la criptomoneda y sus responsables, como es el caso de la UCR, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica llegarían recién a 141 votos. Tampoco alcanzarían si decidieran sumarse los 16 todos los de Encuentro Federal.

Es decir que sin el PRO es casi imposible que la acusación contra Milei avance en la Cámara de Diputados. Los demás espacios hasta ahora se han movido casi todos como aliados del Gobierno e incluso si la oposición captara a algunos de ellos sería difícil llegar a los 172 votos. Claro que en una eventual sesión para tratar el tema solo contarán los presentes para calcular los dos tercios, pero es difícil que haya muchas ausencias en un debate de esa magnitud.

La situación no debería sorprender. Durante su gestión el ex presidente Alberto Fernández acumuló 13 pedidos de juicio político por parte de la oposición y ninguno prosperó debido a que nunca llegaron a reunir la mayoría de dos tercios. Ni siquiera pudieron avanzar en la Comisión de Juicio Político, que controlaba el oficialismo.

La presión para La Libertad Avanza en Diputados

No obstante, el tema pondrá bajo presión a Milei y a todo el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, podría verse obligado a resolver una vez por todas la situación de la Comisión de Juicio Político, que está en un limbo desde principios de 2024 a raíz de la fuerte interna que se desató en La Libertad Avanza.

En la primera reunión constitutiva de este cuerpo los diputados eligieron como presidenta a la oficialista Marcela Pagano, pero Menem no la reconoció como tal. La relación entre la ex periodista y los diputados que responden al mando de Karina Milei -como Lilia Lemoine y el propio Menem- nunca fue buena. En medio del escándalo que se generó por aquellos días, la comisión quedó inactiva. Es posible que esto cambie.

Por otro lado, si la comisión empieza a funcionar y el pedido de juicio político avanzara hasta tener dictamen, la bancada de La Libertad Avanza quedará en adelante bajo una "espada de Damócles" cada vez que se abra el recinto de la Cámara de Diputados, por el riesgo de que el kirchnerismo y otros espacios aprovechen la primera oportunidad que tengan para reunir dos tercios de los presentes.

Es por ello que, aunque hoy el juicio político contra Milei tenga pocas chances de avanzar más allá de los límites de la comisión, su sola presentación tiene un impacto sobre el Gobierno, que intenta por estas horas circunscribir la investigación a la órbita de la Oficina Anticorrupción mientras los bloques aliados como el PRO y los que no quieren verse "mezclados" con el kirchnerismo ensayan un camino alternativo, que le comprará tiempo al Presidente.

La oposición dialoguista se inclina por una comsión investigadora

Fuentes parlamentarias indicaron a iProfesional que por ahora ven "más probable que se arme una comisión investigadora" sobre la relación entre el tuit de Milei y el despegue de la criptomoneda, los posibles vínculos del Gobierno con la empresa que está detrás y la identificación de los beneficiarios de la movida financiera.

Según supo este medio, tanto en la UCR como en el PRO hay diputados que consideran grave la situación en la que quedó envuelto Milei al promocionar la dudosa criptomoneda impulsada por la empresa KIP Protocol, cuyo CEO estuvo además en contacto con el Presidente en octubre del año pasado, según reconocieron fuentes de la Casa Rosada.

Esos diputados no apoyarán por ahora ningún pedido de juicio político pero sí reclamarán explicaciones. De acuerdo a las fuentes consultadas preparan pedidos de informes y también detalles sobre la propia investigación que anunció el Gobierno, incluso citaciones de urgencia a funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La propuesta de crear una comisión investigadora, que tendría muchas más chances de reunir los votos suficientes en el recinto por la confluencia de distintos espacios, forma parte de la estrategia. La oposición más dialoguista ya se lo hizo saber a la Casa Rosada.

El PRO avaló como "un paso necesario" la investigación que anunció el Gobierno pero aclaró: "Esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan". La UCR, en tanto, fue más directa: "Urgen aclaraciones oficiales, sino será el parlamento quien deberá proceder al respecto".

De esta forma, aunque el juicio político no presente grandes chances de avanzar, la crisis que se desató sobre Javier Milei por haber promocionado la criptomoneda LIBRA está lejos de tener una solución rápida y promete varios coletazos en el Congreso, donde incluso la oposición menos dura espera respuestas satisfactorias por parte del Gobierno.