Prioridades: Kicillof destina más presupuesto a inclusión social que a Seguridad, Salud y Educación

Este año, el Gobierno que comanda Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires se vio entorpecido, nuevamente, por la falta de acuerdo en la Legislatura bonaerense a la hora de votar el presupuesto. Eso generó que, en los primeros meses de este 2025, el mandatario volviera a acudir a una prórroga del presupuesto del año anterior que, a su vez, era una prórroga del 2023.

Su intención es llegar a algún tipo de acuerdo con los bloques opositores y conseguir los votos necesarios en las semanas que restan del mes de febrero, aunque aún no hay precisiones que den cuenta que esto vaya a ocurrir. El entorno del gobernador afirma que, este año, no podrán gestionar correctamente sin la aprobación de un nuevo presupuesto, sobre todo por los recortes que Nación aplicó sobre el territorio bonaerense. "Sin eso, va a ser imposible por más esfuerzos que hagamos", expresaron ante los medios.

En el tratamiento del Presupuesto 2025 en la Legislatura bonaerense, nuevamente, no hubo acuerdo

Uno de los motivos que habrían generado el rechazo mayoritario a la hora de votar tal presupuesto habría sido que la provincia terminó de abonar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal en noviembre del 2024, pero en la nueva presentación no estaba tipificada la suma para el ejercicio 2025. Un monto que, en el año anterior, significó $125.674 millones a distribuir en los 135 municipios bonaerenses.

El Presupuesto 2025 que presentó Kicillof

Pero el presupuesto no solo está en debate en la Legislatura, sino también entre los vecinos bonaerenses. En medio de la ola de hechos de inseguridad, asesinatos y hallazgos de cráneos humanos en las costas de Quilmes, los reclamos por falta de seguridad en las calles aumentaron significativamente.

De la misma forma, los gastos que exigen las actividades culturales fueron puestos bajo la lupa, dado el delicado contexto, y la comunidad se replantea cuáles son los criterios, que tiene el gobernador y sus ministros, con los que se analizan la repartición de los recursos públicos. En ese sentido, la decisión del Ejecutivo bonaerense de destinar un 26% más en Inclusión Social que en Seguridad, e incluso sectores clave como Salud y Educación despertó el malestar colectivo. 

El presupuesto 2025 pretende asignar $1.157.075 millones en Seguridad; $1.463.43 millones en Inclusión Social, $1.287.061 millones en Educación y $2.682.725 millones en Infraestructura. Estos datos reflejan que la inversión en Seguridad es considerablemente menor en comparación con otras áreas, como Inclusión Social, que recibirá $306.356 millones más. Esta distribución de los fondos públicos fue cuestionada debido a los acontecimientos recientes que dejaron más al descubierto la violencia con la que conviven los bonaerenses.

Para qué se usan los fondos para "Inclusión Social"

Cabe destacar que estos montos no incluyen el pago de salarios a los trabajadores de cara dependencia, por lo que el monto se eleva aún más en términos generales. Pero, ¿para qué se utiliza este presupuesto? El monto destinado a Inclusión Social incluye el pago de planes sociales, programas de inclusión "especial para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social", de acuerdo a lo que detalla un informe del Ministerio de Economía bonaerense. El mismo también incluye la "ejecución del Programa Postpenitenciario de Inclusión Social (POSPE), un subsidio destinado a cubrir las necesidades básicas y promover el desarrollo de actividades inclusivas".

También servirá para dar continuidad a "la tramitación y obtención de documentación vinculada al Registro Provincial de las Personas en aquellos casos en que se requiera asesorar, iniciar y/o concretar la gestión. Agilizar la tramitación y obtención de jubilaciones y pensiones vinculadas al IPS y la ANSES. La entrega de Tarjetas SUBE de registro y acreditación del primer saldo -para su inmediata utilización- cuyos principales destinatarios son las personas que se encuentran en el Programa de casas por Cárceles, próximas a obtener su libertad o con salidas transitorias", explica ese mismo documento oficial. Es decir, a programas que no representan ni favorecen a la mayoría de los habitantes de provincia de Buenos Aires.

Por este motivo es que la decisión de destinar más recursos a programas sociales que a Seguridad generó críticas, especialmente ante el recrudecimiento del delito. Mientras que sectores de la oposición y los propios vecinos exigen mayores recursos para equipamiento, patrullaje y mejoras salariales para los policías, el Gobierno provincial prioriza la asistencia estatal.