Amnistía Internacional cuestiona el protocolo antipiquetes de Bullrich por "criminalizar las protestas"

Además de la disminución de la inflación, la reducción del gasto público y la eliminación del déficit fiscal, el Gobierno destaca como uno de sus logros la extinción de los cortes de calles que solían acompañar las protestas. No obstante, la representación local de un organismo internacional publicó los resultados de una encuesta que abarcó más de una docena de manifestaciones durante 2024, con la intención de hacer un contundente llamado de atención a Javier Milei.

Elaborado por Amnistía Internacional Argentina y minimizado por las autoridades nacionales, el informe alerta sobre un "uso excesivo de la fuerza", cifra de manera aproximada más de mil heridos durante las protestas, y denuncia la postura del Gobierno que "avala la represión" a través de su comunicación.

Y agrega que "desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, al menos 15 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva e ilegítima por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión. El 2024 no fue un buen año para expresar el disenso en las calles".

El estudio recopila los testimonios de manifestantes afectados, las respuestas del Ministerio de Seguridad a varios de sus pedidos de acceso a la información pública, y una línea de tiempo con las protestas documentadas, en las que se registraron 1.155 heridos.

Pese a ello, se omiten los actos de violencia que acompañaron algunas de estas protestas, como la ocurrida frente al Congreso en rechazo a la Ley Bases, en la que se produjeron diversos excesos, como el incendio de un móvil de Cadena 3.

"Criminalización de la protesta": el impacto del Protocolo Antipiquetes en 2024

La estrategia del Ministerio de Seguridad para mantener despejada la vía pública durante las protestas callejeras se basó en dos elementos fundamentales. Al inicio de su gestión y con la intención de reducir el poder de movilización de las organizaciones sociales, la ministra Patricia Bullrich puso en marcha una línea telefónica para que los beneficiarios de los planes sociales que se sintieran coaccionados a participar en las marchas pudieran denunciar anónimamente la presunta extorsión.

Varios de esos llamados contribuyeron a la causa que actualmente está en proceso de juicio oral, con Eduardo Belliboni y más de una decena de dirigentes del Polo Obrero procesados.

El otro componente del plan fue el "protocolo antipiquetes", implementado por la ministra Bullrich en las primeras horas de su gestión, y aplicado de manera estricta en la ciudad de Buenos Aires, epicentro de numerosas protestas callejeras. Su implementación fue rechazada por Amnistía Internacional, que expresó sus preocupaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas mediante cartas enviadas en julio y octubre, respectivamente.

Según el organismo, el protocolo "parte de la premisa de que toda protesta social amenaza la seguridad y el orden público", y establece pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación, así como la libertad de expresión y de protesta social".

"Observamos el uso abusivo y desproporcionado de gases lacrimógenos y balas de goma, así como el uso de bastones o ‘tonfas’, por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires", finaliza el informe.

Protestas, represión y la respuesta del Gobierno

Aparte del accionar de las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional centró su atención en algunos de los mensajes emitidos por el oficialismo, los cuales, según el informe, tendieron a "criminalizar" la protesta social.

El documento subraya que 35 de las más de 1000 personas afectadas por el uso excesivo de la fuerza eran profesionales de la comunicación que estaban cubriendo las protestas. "Desde enero de 2024, numerosos periodistas, movileros, camarógrafos y trabajadores de prensa han resultado heridos mientras cubrían las distintas manifestaciones".

Y señala que "solo en las protestas frente al Congreso durante el debate de la ley ómnibus, se contabilizaron 35 periodistas o comunicadores sociales agredidos mientras cumplían con sus funciones".