Alarma e incertidumbre en la Justicia por el fallo de la Corte que empodera al Tribunal Superior porteño

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 27 de diciembre pasado habilitó al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires como instancia de apelación del fuero nacional en el llamado caso Levinas sacudió el mapa judicial y alteró la paz vacacional de la feria de enero para decenas de magistrados, fiscales, defensores oficiales y abogados.

Además del fallo Levinas, ese mismo día la Corte Suprema de Justicia tomó idéntica decisión para con la causa por la quiebra del Correo, envió el expediente que involucra a la familia Macri directamente al Tribunal Superior de CABA como instancia revisora y no lo devolvió al fuero Comercial nacional.

Se trata ni más ni menos que una nueva instancia apelación para las decisiones del ámbito del trabajo, comercial, civil y penal ordinario.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tiene diez salas que revisan fallos de 80 juzgados.

La Civil cuenta con 13 salas revisoras de las decisiones de 110 juzgados de primera instancia.

El fuero Comercial nacional tiene seis salas de Cámara que intervienen como instancia de apelación para 31 juzgados.

Cada demanda que involucre a una empresa, particular u organismo domiciliado en CABA sumaría una nueva instancia de apelación ante el Tribunal Superior del distrito, antes de su eventual llegada a la Corte Suprema de Justicia

Los ministros de la Corte que tomaron la decisión, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el ahora ex juez del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda, aclararon que se aplicará en casos pendientes de decisión en los cuales ya se haya "planteado un conflicto" similar de competencia y en "las apelaciones dirigidas contra sentencias de cámaras nacionales" notificadas con posterioridad a su fallo. Es decir, lo que hasta ahora se enviaba directo a la Corte.

En la Ciudad de Buenos Aires aún "coexisten la justicia local y la nacional con competencia ordinaria -civil, comercial, laboral y penal- En esta última ha habido un traspaso parcial de ciertos delitos al fuero porteño. Pese a que desde hace una década se han dictado fallos al respecto desde el máximo tribunal, pasaron 30 años de la reforma constitucional y 28 de la sanción de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y siete de la firma del último convenio para el traspaso, se evidencia "un proceso político estancado" e "inmovilismo", advirtió en la decisión tomada entre Navidad y Año Nuevo por el máximo tribunal.

Luces rojas en la Justicia tras el fallo de la Corte Suprema: un 2025 que inicia complicado

Las luces rojas se encienden entre quienes no llegan a visualizar de manera concreta cómo podría implementarse lo resuelto por mayoría en el máximo tribunal.

Desde la abogacía han llamado a urgentes mesas de diálogo.

Desde fiscalías y defensorías nacionales advierten por mayor tiempo de trámite para las causas, riesgos de prescripción de delitos, incertidumbre para trabajadores despedidos, para conflictos de familia, discapacitados, derecho a la salud...la lista parece infinita cuando se consulta a quienes resisten el traspaso.

El Tribunal Superior de Justicia está integrado por cinco magistrados propuestos por el Jefe de Gobierno, con acuerdo de los dos tercios del total de la Legislatura de la Ciudad en sesión especial.

Sus integrantes solo son removidos por juicio político y es la última instancia judicial de la Ciudad.

Tras la reforma constitucional de 1994 en la ciudad autónoma de Buenos Aires actúa la Justicia local para determinados temas y la nacional para otros. Desde entonces se discute -y se resiste- el traspaso.

Los principales escollos

En su voto disidente en el caso Levinas, el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz coincidió con el procurador general interino de la Nación Eduardo Casal

Remarcó que la ley 24588 exige un "diálogo institucional" entre Nación y Caba en busca de consensos para una eventual transferencia, un proceso complejo que requiere de acuerdos políticos en diferentes ámbitos:

"Además de competencias, la transferencia conlleva el traspaso de órganos (juzgados, tribunales, fiscalías, defensorías) y personal (empleados, funcionarios y magistrados), así como de los recursos y de los bienes correspondientes a la labor de los órganos transferidos"

Los acuerdos entre las partes constituyen entonces el modo que la ley establece para garantizar una transferencia ordenada, previsible y razonable, y para que cada jurisdicción pueda realizar las modificaciones y adecuaciones operativas, administrativas, normativas y presupuestarias que resulten imprescindibles para su ejecución, evitando las dificultades o complicaciones que puedan afectar la correcta administración de justicia"

Por eso consideró que el Tribunal Superior de CABA ante la falta de lo mencionado anteriormente carecía de competencia para revisar una sentencia de la Cámara Civil nacional.

Jueces, fiscales y defensores en alerta máxima

En ese mismo sentido y reunidos de urgencia en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, presidentes de Cámaras de Apelaciones, fiscales y defensores oficiales además del gremio judicial nacional rechazaron cualquier intento de traspaso, como lo hacen desde hace 25 años "No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la potestad de revisar una sentencia dictada por las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones" advirtieron y recordaron que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé la impugnación de las sentencias de las cámaras nacionales, únicamente, a través del recurso extraordinario federal ante la Corte

Abrir la vía recursiva ante un tribunal local para decisiones de jueces nacionales, modificaría la estructura del Poder Judicial de la Nación definida por ley, remarcan también.

Por su parte, los ministerios públicos fiscal y de la defensa oficial se verían afectados por la "falta de cumplimiento de los resguardos constitucionales y funcionales provenientes de sendas leyes orgánicas sancionadas por el Congreso de la Nación".

También habría "inhabilitación normativa para litigar en otra jurisdicción, generando una inédita situación que deja toda gestión de casos, en una incertidumbre con impacto inmediato en las personas representadas, entre otras, menores de edad, personas con discapacidad, víctimas de delitos, querellantes, personas necesitadas de la adopción de medidas urgentes en salud", enumeran.

"En la legislación nacional vigente tienen habilitaciones no siempre equivalentes en el ámbito de la ciudad; todo lo cual tiene implicancias severas e inmediatas de cara al reconocimiento de derechos y garantías constitucionales", sostuvieron también.

Abogados quieren mesas de trabajo

A la hora de acercar posiciones desde sectores de la abogacía llaman a urgentes mesas de trabajo ante las posiciones encontradas que genera la decisión de la Corte

"Por un lado, es de destacar el enorme aporte de lo decidido en favor de la plena autonomía de la ciudad y del respeto al texto de lo preceptuado por la Constitución Nacional. Por el otro, se objeta que la ausencia de una ley que habilite un cambio institucional tan significativo, no pude ser superado por una decisión de la Corte Suprema", interpreta el presidente del Colegio de la Abogacía de CABA Ricardo Gil Lavedra y llama a "acatar lealmente" una decisión que emana del más alto Tribunal del país. Pero sí advierte las dificultades de implementar de manera práctica una sentencia de este tipo. ¿Cómo se resolverán los problemas derivados de la diferencia entre los sistemas de gestión de causas Lex 100 y EJE (nacional y porteño)?¿Qué impacto tendrá el uso de reglas procesales diferentes en el trámite de los expedientes?

¿Qué medidas se están considerando para superar los desafíos que genera la aplicación del fallo? Por el momento, son todas preguntas sin respuesta mientras transcurre en tensa calma el receso judicial de verano.