Elevar la edad jubilatoria: el punto más caliente de la reforma previsional de Milei para 2025

El Gobierno considera que el sistema previsional argentino está prácticamente quebrado, y lo considera un factor clave a la hora de explicar las dificultades para mantener el equilibrio presupuestario.

En la Argentina hay 10,1 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares). Y 5,9 millones de jubilados. Por cada jubilado hay menos de dos personas trabajando (1,7). Los especialistas coinciden en que para que el sistema se autofinancie esta razón debería ser de uno a tres.

Con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa esta discusión. No solo evalúa la posibilidad de incrementar la edad base de retiro sino, además, equipararla entre hombres y mujeres, que actualmente se jubilan a los 65 y 60 años, respectivamente. En ambos casos, deben contar, además, con un mínimo de 30 años de trabajo registrado.

El presidente Javier Milei ratificó su intención de que en 2025 se discuta una reforma previsional, pero lo supeditó a que primero se avance con cambios claves en materia laboral.

Dijo que los próximos cambios deberán incluir una "mayor flexibilización en el mercado laboral, para que también se pueda hacer la reforma previsional, sin que esto tenga impacto negativo sobre las jubilaciones".

"Con una reforma laboral que permita ampliar el mercado de 6,5 millones a 14,5 millones de personas, los números previsionales cambian de manera dramática en favor de que los jubilados tengan mejores jubilaciones", sostuvo Milei, quien asegura que las jubilaciones actuales "son más altas que las que recibimos en noviembre del 2023 y en dólares más que duplicaron".

"Vamos a seguir quitando regulaciones. En 2024 subimos 70 puestos en libertad económica. Pasamos del lote de los peores 35, a estar en el pelotón medio. Y solamente aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3.200 pendientes. Las vamos a ir sacando en la medida en que nos permita el Congreso", señaló.

Reforma previsional: una agenda ambiciosa para un año electoral

Parece una agenda demasiado ambiciosa para un año electoral, porque aborda áreas sensibles para el bolsillo y el humor social, pero Milei pretende seguir aprovechando el impulso inesperado que ha tenido su administración durante el primer año, en el que logró mantener un nivel alto de respaldo social a pesar de aplicar una ajuste sin antecedentes, que provocó una fuerte caída en el poder adquisitivo.

Uno de los ejes de esa reforma previsional será la eliminación de los regímenes especiales de la ANSES, como los vigentes para sectores como docentes, investigadores, el Poder Judicial y trabajadores de la construcción, entre otros.

Los regímenes especiales brindan acceso a jubilaciones con condiciones más favorables que las del régimen general. Por ejemplo, con menor edad jubilatoria y/o menos aportes.

Según datos oficiales de ANSES, estos beneficios representan apenas el 3,4% del total de prestaciones contributivas. No obstante, demandan el 10,9% de los recursos, dado que los haberes medios de estos jubilados alcanzan los $1.037.000, en contraste con los $300.000 del régimen general.

De eliminarse estos regímenes, el Gobierno estima que la jubilación mínima podría triplicarse, pasando de $259.600 a $778.800 mensuales.

La reforma previsional también busca mantener el sistema de reparto, pero fomentando el desarrollo de seguros privados de retiro. Esto permitiría a los contribuyentes optar entre seguir aportando a ANSES o migrar hacia administradoras privadas.

Subir la edad de jubilación: el punto más conflictivo de la reforma previsional

Pero tal vez el punto más conflictivo de la intención oficial es subir la edad jubilatoria. Inicialmente incluiría equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres. Actualmente, la edad jubilatoria es de 60 para las mujeres y de 65 para los varones.

Según pudo saber iProfesional, en el ideal del Gobierno se está pensando en proponer una suba gradual de la edad jubilatoria también para los hombres, en un período que podría alcanzar una década.

Se buscaría elevar la edad jubilatoria a los 70 años, a razón de un ajuste de un año cada dos períodos. De aprobarse, por ejemplo, la edad jubilatoria podría subir a 66 años en el 2026, 67 años en el 2028, 68 en el 2030, 69 en el 2032 y 70 en el 2034.

Se trataría de una jugada arriesgada desde el punto de vista electoral, pero permitiría, creen en el oficialismo, transparentar un escenario que se está produciendo en distintos lugares del mundo. La mejora de la expectativa de vida y de las condiciones de salud lleva a que la vida útil de los trabajadores se estire.

El Gobierno ya definió que la moratoria previsional de la Ley 27.705 finalizará el 23 de marzo de 2025. Esto implicará que quienes no cuenten con los 30 años de aportes requeridos no podrán acceder a una jubilación. Estas personas tendrían como alternativa la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que otorga el 80% de la jubilación mínima, sin considerar los años de aporte registrados.

Es decir, el promedio de las jubilaciones sería cada vez más bajo.

Alternativas que analiza el Gobierno de Javier Milei tras finalizar la moratoria

A pesar de la finalización de la moratoria, el Gobierno continúa analizando alternativas para quienes no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder al beneficio jubilatorio.

Según pudo saber iProfesional, Milei sigue con atención una propuesta realizada por especialistas en materia previsional del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Esa propuesta contempla un sistema previsional que reconozca los muchos o pocos aportes hechos en la vida laboral, con prestaciones de montos proporcionales según lo que se pagó, sin la exigencia de una cantidad mínima de contribuciones y con la garantía, para quienes no tienen ninguna, de un ingreso básico a una cierta edad.

A la vez, un esquema con incentivos en el mercado laboral para que se extienda la etapa activa de las personas forma no compulsiva, incluyendo la opción del trabajo part time con jubilación parcial antes del retiro definitivo.

Esta idea podría formar parte de la reforma laboral que podría impulsar Milei.

Los expertos del Cippec Manuel Mera, licenciado en Ciencia Política, y Rafael Rofman, economista especializado en demografía, plantean un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones en el país. Y alertan que la existencia de más de 200 sistemas de excepción a la regla general es una fuente de inequidades y un tema en el que debería trabajarse.

Su propuesta es ir a un sistema jubilatorio con un ingreso básico universal para todos los ciudadanos a partir de cierta edad, algo como el haber mínimo o la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) que rigen hoy, y con un beneficio que reconozca todos los aportes realizados.

En ese sentido, se propone eliminar el requisito de tener 30 años de aportes; eso no tiene sentido, porque si se aplicara rigurosamente se dejaría al 70% o al 75% de la población fuera del sistema, por la elevada informalidad en el sistema laboral argentino.

La propuesta también apunta a las pensiones por fallecimiento, ya que el actual es un régimen pensado en una época en la que en la familia había un señor que trabaja y una señora 100% dependiente, un escenario totalmente falso. La iniciativa apunta contra las pensiones por viudez para toda la vida, otro elemento que puede despertar polémica.

Los expertos también le apuntan a a los regímenes especiales. Cerca de la mitad de los jubilados de la Argentina se jubiló por alguna excepción.

Entre los apuntados se encuentra el Banco Provincia, cuyos empleados tienen una jubilación mucho mejor que la de quien trabajó en otro banco, haciendo la misma tarea y con el mismo salario.

Sectores gremiales defienden esa jubilación especial, y recuerdan que los empleados del Banco Provincia realizan aportes especiales para obtener ese haber mejor.

También cuestionan que haya docentes que se jubilan a los 50 años en algunas provincias, al considerar que es insostenible, carísimo e injusto.

Los expertos advierten que el sistema jubilatorio argentino gasta mucho más que en sociedades con niveles similares de envejecimiento y parecido a sociedades más envejecidas.

Otros temas a considerar son la movilidad jubilatoria y la necesidad de proteger el poder adquisitivo.

Los especialistas en materia previsional recuerdan, además, que desde la reforma de 1994, la expectativa de vida subió de 71,8 a 78 años.

También proponen modificar las bases de cálculo del haber previsional, que actualmente promedia los salarios de los últimos diez años de trabajo.

La intención sería extender el cálculo de una base de 30 años, lo cual podría terminar arrojando haberes más bajos, porque tomarían también períodos de trabajo donde los sueldos eran en teoría más bajos (se supone que alguien que se jubila como gerente primero fue empleado raso).

Ahora hay un mejor registro y tenemos la data de los últimos 30 años; se podría extender (el lapso considerado por el cálculo) a todo el período aportado.

Como contrapartida a favor del jubilado, se buscaría eliminar los topes en los haberes. Si se cobran aportes sobre la totalidad de los ingresos, habría que otorgar jubilaciones en base a todos esos aportes.

La misma edad de jubilación para hombres y mujeres, una movida a la que apunta el oficialismo

Los expertos coinciden en que la diferencia de edad de retiro entre varones y mujeres ya no tiene justificativo. El argumento más habitual es que tiene que ver con el trabajo no remunerado de las mujeres, pero eso no se soluciona con la jubilación a los 60 años. Tampoco se solucionaría el tema fiscal subiendo la edad de las mujeres.

Además, proponen pensar maneras en que la gente extienda su etapa laboral. La discusión no debería estar focalizada en la edad mínima legal de retiro, sino en la edad efectiva de retiro, que en la práctica es más elevada cuando hay aportes.

Deberían existir incentivos para quedarse más tiempo en el trabajo y el Estado podría facilitar que se trabaje part time y se cobre parte de la jubilación, en un esquema de retiro parcial progresivo.

En ese sentido, la reforma de 2017 permitió que, si quiere, la gente siga trabajando en el sector privado hasta los 70 años, y la intención sería seguir avanzando sobre eso.

Una idea que también se baraja es ir hacia un régimen previsional donde haya una prestación básica para todo el mundo y una prestación proporcional, definida según los años de aportes, sin la exigencia de un mínimo de 30 años.

Actualmente, en la Argentina funciona un régimen de reparto, donde empleados y empleadores financian las jubilaciones. Como este aporte es insuficiente, el Estado apela a impuestos generales y a los recursos del Tesoro Nacional para costear este gasto, que significa un 10% del PBI.

En la región, cerca de la mitad de los países determinaron la misma edad de jubilación entre hombres y mujeres. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Peru y Uruguay. Con variaciones, la edad de retiro está entre los 60 y 65 en todos estos países.

La homologación de los requisitos para acceder a la jubilación se inscribe, además, como parte de la "batalla cultural" que Milei quiere librar.

Para los libertarios, no debería haber una diferenciación positiva a favor de las mujeres -que contemple las desigualdades sociales que marginaron su acceso al trabajo-.

Una reforma previsional que permita ser sustentable al sistema

En la Cámara de Diputados, las comisiones de Trabajo y Previsión y Seguridad Social son presididas por dos radicales, Martín Tetaz y Gabriela Brouwer de Koning, que presentaron una propuesta durante la discusión de la Ley Bases que contemplaba la eliminación de la moratoria impuesta por el gobierno anterior.

Esta dictaba que se eliminara la obligatoriedad de los 30 años de aportes y que se reemplace por un sistema de cobro proporcional.

Según explicó Tetaz, debería haber un "reconocimiento de un aporte universal, de piso mínimo solidario, sumado a un componente actuarial, que tenga una fórmula que establezca una relación entre años de aporte y la esperanza de vida. Atrasa la idea de decirle a la gente cuándo jubilarse".

El Gobierno incluyó en el Pacto de Mayo, firmado con la mayoría de los gobernadores provinciales, la urgencia por una reforma previsional que haga sustentable al sistema, y que permita recuperar los bajos haberes de los perceptores.

Para 2025 se prepara una serie de medidas que incluye el congelamiento del bono que cobran los haberes mínimos, en casi su totalidad correspondientes a quienes ingresaron por facilidades y planes especiales, aún en un contexto de inflación alta en términos internacionales, un plan para pagar sentencias jubilatorias y sostener la decisión de no renovar la moratoria previsional, que terminará en marzo del año próximo.

Las últimas declaraciones de Milei reflejan la intención de avanzar con una reforma previsional, a pesar del año electoral, aunque supeditada a que primero se encaren cambios en materia laboral.

Lo que está claro es que, más allá de lo que se discuta, el bono que complementa el haber mínimo, que en marzo fue actualizado a $70.000, quedará congelado durante todo 2025, lo que provocará más pérdidas del poder adquisitivo de las jubilaciones.

Para Nadin Argañaraz, director de Iaraf, "los jubilados que cobran la mínima y bono tuvieron su peor situación relativa en febrero y luego su ingreso real hizo pico en junio de 2024″.

"En efecto, el ingreso real de este mes (por octubre) fue 1,4% inferior al de noviembre 2023. A partir de junio, el ingreso real viene cayendo, dado el bono fijo en $70.000. Y en octubre habría sido 3,4% inferior al de noviembre, ampliándose la brecha negativa", explicó.

Por otra parte, el gobierno pretende mantener la decisión de no enviar un solo peso a las provincias para cubrir déficits previsionales de los sistemas no transferidos, algo que hizo escalar reclamos de los gobernadores.

En este escenario de escasez presupuestaria, el Gobierno promete que ante de que termine 2025 estarán pagos el reajuste de los haberes mensuales de 92.000 juicios que están en stock, y que irá pagando las nuevas sentencias que vayan saliendo.

Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el Gobierno no consiguió que la Ley de Bases incluya un artículo para que el Estado pueda desprenderse de las tenencias de acciones de empresas privadas, aunque realizó un cambio normativo que impactará en la cartera inversora.

A través de un decreto, determinó que el FGS tendrá permitido mantener títulos públicos del Tesoro hasta fines de 2027 pero que esa proporción, que hoy supera por poco el 70%, pase al 50% de la cartera total. El plazo extenso, mencionan, tiene que ver con que una venta masiva de títulos en un mercado como el local podría implicar una fuerte baja en las cotizaciones de los bonos del Tesoro.