El Gobierno imputó a 94 empresas por aplicar tasas y cargos indebidos en sus facturas

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, imputó la semana pasada a 94 empresas por incluir tasas y cargos indebidos en sus facturas. Esta decisión se fundamenta en la Resolución 267/2024, que está en vigor desde el 11 de octubre y establece que las facturas deben detallar exclusivamente el precio y la descripción del servicio contratado. Es decir, no pueden incluir tasas ni cargos municipales o extras sin tipificar.

La Secretaría abrió un total de 112 expedientes a empresas de diversas provincias, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Esta medida forma parte de un esfuerzo continuo por garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar prácticas abusivas que perjudiquen a los consumidores.

El objetivo del Gobierno detrás de las sanciones a las empresas

Además, según dijo el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo es una forma de que los consumidores puedan diferenciar qué costes extras están abonando debido a normativas municipales y qué aumentos corresponder a la gestión nacional.

Una vez notificadas, las firmas tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos y esclarecer la situación. Posteriormente, la Secretaría podrá imponer sanciones conforme a lo estipulado por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Según se dio a conocer, las multas por estas infracciones podrían alcanzar hasta los 2.130 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de las irregularidades comprobadas.

Cabe resaltar que, en noviembre, esta dependencia del Estado ya había imputado a 95 empresas por motivos similares. En aquella ocasión, las empresas implicadas operaban en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Los expedientes de ese período ya avanzaron a la etapa de imposición de multas en los casos donde corresponda.

Estas reprimendas administrativas tienen como objetivo frenar una práctica recurrente en algunas compañías, que consiste en incluir cargos que no están vinculados directamente con los bienes o servicios contratados, como comisiones administrativas o tasas adicionales que carecen de justificación. También busca desanimar a los jefes comunales que, bajo el resguardo del desconocimiento de los consumidores, añaden tasas a los servicios. La Resolución 267/24 refuerza la necesidad de transparencia en las transacciones comerciales y protege a los consumidores de posibles abusos en nombre de los servicios públicos.

Desde la secretaría detallaron que "la aplicación rigurosa de esta normativa busca restablecer la confianza de los consumidores en el mercado, asegurando que las empresas cumplan con sus obligaciones y se abstengan de incluir conceptos que no corresponden".

En tanto, desde el Ministerio de Economía señalaron que "el Gobierno tiene el compromiso de garantizar que los consumidores no sean víctimas de prácticas desleales. La resolución 267/24 es una herramienta clave para lograr este objetivo y estamos decididos a hacerla cumplir en todo el país".

Pese a los cuestionamientos de quienes se beneficiaban con estas prácticas, la imputación a varias empresas responde al efectivo cumplimiento de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Aunque ahora con la resolución se verá fortalecida, dado que especifica que las facturas deben limitarse a detallar los conceptos vinculados al servicio o producto adquirido, sin incluir cargos adicionales que no correspondan.

Cuáles son las empresas imputadas por el Gobierno

En Buenos Aires, el listado alcanza las siguientes empresas: CELCA Cooperativa Eléctrica y de Crédito Ltda. de Carmen de Areco; CESOP - Cooperativa Electricidad, Servicios y Obras Públicas de San Bernardo LTDA.; Cooperativa de Obras Servicios Públicos y Servicios Sociales LTDA. de Tres Arroyos; Cooperativa de Electricidad, Consumo, Crédito y otros servicios públicos de Antonio Carboni LTDA.; y Cooperativa Eléctrica y Servicios Públicos Miramar LTDA.; entre otros.

En Córdoba también hubo empresas que fueron imputadas por cobrar sobreprecios en sus tasas, entre ellas están CEMDO, Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos; CESPAL - Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos LTDA.; CLECMIC; Cooperativa de Electricidad de Río Primero LTDA.; Brinkmann LTDA.; Las Higueras LTDA.; y Villa Huidibro LTDA.

En el norte del país también fueron alcanzadas las sanciones, en Misiones: CEC LTDA.; CAUL Cooperativa de Alto Uruguay de Electricidad y otros servicios públicos. En Tucumán solo la empresa SAT - Sociedad Aguas del Tucumán fue imputada; y en el sur Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Río Grande (Tierra del Fuego).