Maduro propone una reforma constitucional para reforzar la soberanía en su próximo período presidencial

A menos de un mes de la toma de posesión del 10 de enero, que marcará un hito en el largo conflicto político en Venezuela, Nicolás Maduro ha anunciado una reforma constitucional que busca "consolidar la soberanía popular".

Esta medida establece la dirección que el chavismo pretende seguir en la nueva etapa que está por comenzar con la inminente investidura de ese día, respaldada también por el candidato Edmundo González Urrutia.

En un acto político transmitido por televisión, el mandatario expresó que "he conformado un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana".

Crisis y reformas: el chavismo ante el desafío de mantenerse en el poder

Maduro no ha proporcionado más detalles sobre la propuesta, pero sus acciones parecen enfocadas en fortalecer su permanencia en el poder. No es la primera vez que recurre a este recurso ante una crisis de popularidad.

En 2017, Maduro convocó una Asamblea Constituyente con el supuesto objetivo de pacificar un país sumido en protestas que demandaban su salida del poder y rechazaban el acoso a las fuerzas opositoras, que habían ganado el Parlamento mediante elecciones, pero el chavismo había despojado de su legitimidad a través de la vía judicial y la persecución.

La institución se autoproclamó plenipotenciaria y suspendió sus actividades en 2020 sin modificar la Constitución. Sin embargo, aprobó una serie de normativas que han fortalecido el aparato represivo actual, como la ley contra el odio.

Esta maniobra política tenía como único propósito crear un contrapoder frente al Parlamento, que en ese momento estaba dominado por la oposición.

En Venezuela, las reformas constitucionales deben ser aprobadas mediante el voto popular. Hugo Chávez lo intentó en 2007 y sufrió su primera gran derrota. En esa ocasión, buscaba eliminar la alternancia política, uno de los pilares de la democracia, al proponer la reelección indefinida en cargos públicos e introducir los fundamentos del llamado Estado comunal. Sin embargo, dos años después, lo que la ciudadanía había rechazado en las urnas fue incluido en la Constitución a través de una enmienda.

En 2025, corresponde convocar elecciones parlamentarias y regionales, a las que el chavismo llega en su momento más crítico políticamente. Las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición en las presidenciales del 28 de julio han colocado a Maduro en una crisis de legitimidad, a pesar de la cual el chavismo busca aferrarse al poder.

Hace unos días, el mandatario indicó que las próximas elecciones deberían llevarse a cabo con urgencia, entre febrero y marzo del próximo año. El Parlamento, bajo control del chavismo, aprobó el mes pasado una reforma de la ley sobre comunas y ha anunciado modificaciones en las leyes electorales, además de otras medidas que implican restricciones a las ONG y severos castigos a la disidencia, como la Ley Simón Bolívar, que establece inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, prisión e incautación de bienes.

También se aprobó una ley de justicia comunitaria, con jueces de paz elegidos la semana pasada entre las bases del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Este jueves, en sus declaraciones, Maduro acusó a Provea, una de las principales ONG del país dedicada a la defensa de los derechos humanos y que ha denunciado la situación de más de 2.000 detenidos durante la represión poselectoral, de trabajar para la agencia de inteligencia estadounidense.

"No es Provea, es ProCIA, porque trabajan para la CIA desde los años noventa", afirmó el líder chavista. "Ahora salen a decir que son presos políticos, pero son personas que quemaron, agredieron, amenazaron, destruyeron y mataron".

Crisis diplomática: la salida de Fernando Martínez Mottola de la Embajada de Argentina

La noche de este jueves se conoció que el dirigente opositor Fernando Martínez Mottola, uno de los refugiados políticos en la Embajada de Argentina en Caracas, dejó la sede diplomática después de nueve meses de resguardo. En las últimas semanas, la crisis diplomática había escalado debido al asedio de las fuerzas de seguridad contra la sede diplomática bajo custodia de Brasil, la cual ha estado rodeada por la policía armada con fusiles y ha sufrido cortes en los servicios básicos. Además, se ha producido la detención de uno de sus empleados y de un gendarme argentino que visitaba el país, quien ahora está siendo vinculado con "planes terroristas".

Desde marzo, cinco miembros del equipo de la dirigente María Corina Machado (Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Omar González y Claudia Macero), junto con Martínez Mottola, un destacado político de oposición, ingresaron a la residencia tras la emisión de órdenes de captura en su contra por parte de la Fiscalía, bajo acusaciones de conspiración.

Según información difundida por medios locales, Martínez Mottola abandonó voluntariamente la sede diplomática y se presentó ante la Fiscalía, donde su caso continuará bajo régimen de presentación.

En casi nueve meses, los refugiados han solicitado salvoconductos para salir del país hacia el exilio, pero el gobierno venezolano ha rechazado estas peticiones de manera constante. Esta semana, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reveló que participó en las negociaciones para encontrar una solución a la crisis con los seis refugiados.

Según Murillo, Venezuela estableció como condición para permitir la salida de los refugiados la liberación del exvicepresidente correísta Jorge Glas y de otra persona detenida en Argentina. Tras la incursión policial en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas en abril pasado, Venezuela rompió relaciones con Ecuador. Actualmente, Ecuador ha alcanzado un acuerdo con Suiza para que este país asuma la protección de sus bienes en Caracas.