El Gobierno denunció que el 66% de los beneficiarios cobraba de manera irregular la pensión por discapacidad

El Gobierno informó este martes a la mañana que en la provincia del Chaco, más del 60% de los beneficiarios auditados no cumplían con los requisitos necesarios para recibir una pensión no contributiva por invalidez laboral. Las auditorías, que abarcan a más de 1.250.000 beneficiarios, están siendo realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo.

Actualmente, se están llevando a cabo operativos en diversas localidades de la provincia, gobernada por Leandro Zdero; no obstante, muchos de los beneficios cuestionados fueron otorgados durante la administración de Jorge Milton Capitanich.

Qué encontró el Gobierno en la auditoría sobre las pensiones por invalidez

Durante estos operativos, se notificó a 2.689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (87.17%) asistieron a la cita. Los hallazgos que informó el Gobierno fueron sorprendentes: solo 365 (13.58%) resultaron favorables, lo que significa que cumplieron con los requisitos para seguir recibiendo el beneficio.

En contraste, 1.796 (66.79%) fueron considerados desfavorables por no cumplir con las condiciones necesarias para mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral y, según informaron funcionarios del Ministerio de Salud dirigido por Mario Iván Lugones, "serán dados de baja". Además, 345 beneficiarios (12.83%) no se presentaron a la auditoría y 183 casos (6.81%) están actualmente en "fiscalización médica".

Los resultados de las auditorías han sido impactantes, especialmente en Chaco, como mencionó el vocero presidencial Manuel Adorni. Un informe al que accedió este medio revela casos alarmantes:

• Beneficiaria con Amputación Falsa: Una mujer se presentó para ser auditada y continuar cobrando el beneficio que le fue otorgado por una supuesta amputación del brazo derecho; sin embargo, ella se encontraba en perfecto estado de salud y no había sufrido ninguna pérdida de miembro.
• Diagnósticos Confusos: Varios beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre su salud; por ejemplo, una persona afirmaba tener hipertensión mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación (CMO) registraba diabetes.
• Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama sin haber sido diagnosticada jamás con esta enfermedad; además, admitió nunca haberse realizado una mamografía.
• Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña recibió una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad en los criterios utilizados para otorgar estas pensiones.
• Confesión de Fraude: Durante la auditoría, una mujer admitió que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleador para evitar el pago de su salario.

Un esquema de "corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios"

Paralelamente, al "escándalo chaqueño", se ha iniciado una investigación judicial y auditorías gubernamentales que han expuesto irregularidades y abusos en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad laboral durante más de quince años. Esto ha puesto en riesgo el funcionamiento normal de un área destinada a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las investigaciones revelaron en este caso "un sofisticado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios", así como la negligencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no los necesitaban, perjudicando a aquellos que realmente requerían asistencia económica.

Un informe de ANDIS indica que durante la gestión del presidente Alberto Fernández, "el desvío de fondos fue del 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad", estimando el daño en alrededor de "3.400 millones de dólares anuales". Se explica que esta red corrupta funcionó debido a la falta de controles médicos en ANDIS y a la aprobación indiscriminada de expedientes sin auditoría médica.

En el marco del proceso iniciado por ANDIS a mediados del año actual ante las irregularidades detectadas al comienzo de su gestión, se han llevado a cabo operativos en todo el país para asegurar transparencia en los procesos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan.