Imputan a ministro de Axel Kicillof por lavado de dinero con fotomultas

Jorge D’onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, acaba de ser imputado en la causa que investiga presunto lavado de dinero vinculado a las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La investigación se radicó en el Juzgado Federal de Campana y está bajo la órbita del juez Adrián González Charbay, el cual apunta a irregularidades en contratos adjudicados durante su gestión.

El Juzgado busca determinar si hubo favorecimiento de ciertas empresas vinculadas al ministro. A través de licitaciones otorgadas de manera irregular, algunos empresarios habrían recibido presuntos contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos por la ley de proveedores.

Fotomultas: ministro de Axel Kicillof suma nueva causa

La mencionada causa que involucra al ministro se suma a otra que se tramita en los tribunales de La Plata, bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta. Esta lo señala como parte de una red de gestores que ofrecían "borrar" infracciones a cambio del 30% del monto original de la infracción. Según la denuncia, la firma sufrió una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.

En esta maniobra, según información judicial, está vinculado Mario Quattrochi, un juez de faltas de La Plata que habría facilitado la eliminación de infracciones a cambio de sobornos. El juez federal también ordenó que se levante el secreto bancario del magistrado y pidió al Registro de la Propiedad del Inmueble saber qué bienes tiene a su nombre.

El hecho también involucra a Claudia Pombo, titular del Concejo Deliberante de Pilar y aliada de D’Onofrio, quien habría coordinado la operación, generando enormes pérdidas a la empresa Secutrans, responsable de las fotomultas en la provincia. Según las denuncias, el esquema operaba con jueces de faltas, gestores y funcionarios, lo que permitía que las multas desaparecieran del sistema en cuestión de horas.

Con respecto a la VTV, este hecho de posible corrupción generó un gran revuelo, no solo por la magnitud de las irregularidades, sino también por la implicación de varias personas cercanas al ministro. Entre los involucrados en la causa está Sebastián Desio, presidente de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que habría obtenido contratos para proveer servicios tecnológicos a las concesionarias de la VTV.

Según la investigación, Desio cobraba un porcentaje extra, del 8,5% más IVA, sobre cada inspección que se realizaba en las concesionarias. El modus operandi, según la acusación, fue aprovecharse de su cercanía con el ministerio de Transporte para obtener beneficios económicos sin pasar por licitaciones o concursos públicos.

La empresa que maneja, sin antecedentes en el rubro, se convirtió en una de las principales proveedoras del sistema de VTV, un negocio millonario que podría haber estado viciado de ilegalidades desde sus comienzos.