"Caja 2". Así se bautizó en los pasillos de la filial argentina de la empresa de seguridad "Securitas" a una contabilidad paralela -y marginal- ideada para disimular el pago de sobornos a funcionarios de empresas públicas y privadas con el fin de conseguir contratos.

De eso se trata la acusación en la causa judicial en la que está imputado el senador del PJ entrerriano Edgardo Kueider.

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Kueider quedó bajo sospecha desde poco antes de mediados de este año porque se cree que es el real propietario de departamentos y cocheras en un complejo habitacional de Paraná, que se sospecha habría sido financiado en parte por uno de los procesados en la causa Securitas.

Kueider fue miembro en representación del Estado entrerriano del directorio de ENERSA, contratista de Securitas.

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Desde 2020, cuando la casa matriz en Suecia se autodenunció en la Justicia argentina luego de una auditoría interna, el expediente acumula miles de fojas en el juzgado federal 1 de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Los procesamientos de exjerárquicos de Securitas por las maniobras, entre ellas pagos ilegales a ex funcionarios de ENERSA, acaban de ser confirmados por la Cámara Federal de San Martín.

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La empresa de seguridad privada recibió en 2020 una serie de correos electrónicos que alertaban de prácticas espurias en la filial argentina. Inició una auditoría interna y los resultados fueron contundentes en relación a las acusaciones de supuesto pago de sobornos a funcionarios para la adjudicación de contratos por parte de jerárquicos en el país: el dinero se disimulaba con facturaciones apócrifas por servicios no recibidos.

Uno de los encargados de analizar los proveedores en principio fraudulentos declaró ante la Justicia y explicó que "la mayoría de ellos eran para conformar lo que se denominaba "caja 2", siendo ésta la que utilizaba Securitas para pagar diferentes tipos de retornos a distintas entidades públicas y privadas"

La "caja 2" era una contabilidad paralela que permitía el supuesto pago de los sobornos mediante "gastos irreales", detalló en el juzgado federal de San Isidro. Esto tenía incidencia directa en el pago en el impuesto a las ganancias y en el crédito fiscal computado al impuesto al valor agregado.

En la filial argentina era un secreto a voces: su funcionamiento y el origen marginal. También el supuesto uso "discrecional" de los máximos ejecutivos del área.

Uno de los imputados reconoció que la "Caja 2" se habría financiado con pagos a proveedores sin contraprestación alguna: se habría generado así un flujo de fondos para cumplir con los supuestos sobornos vinculados a "las diversas maniobras delictivas".

El 30 de mayo de 2022 se firmó un acuerdo de colaboración entre la empresa y el fiscal del caso y se dejó asentada la acusación contra las firmas radicadas en Argentina "Consultora VIDECO SA", "Seguridad Argentina SA", y "Securitas Argentina SA", según consta en la resolución judicial.

Se imputaron los delitos de presunto cohecho y tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos

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En la acusación de la fiscalía se alude a una organización destinada a cometer delitos en el contexto de la administración del grupo comercial de Securitas entre junio de 2012 y diciembre de 2018. Advierte la posibilidad de intervención de "otras personas que -de momento no han sido legitimadas"

Los planes habrían incluído generar ganancias " a través de un modelo de negocios basado en corromper funcionarios públicos de organismos o empresas del Estado, tanto a nivel federal como provincial, para obtener y/o mantener la adjudicación de contrataciones públicas -para lo cual, en muchos casos, se sobrefacturaban los servicios prestados"

Pero habría habido una segunda maniobra, según la acusación fiscal: conseguir irregularmente licencias de autorización estatal de los guardias y armamento al servicio de la compañía y lograr la colaboración indebida de fuerzas policiales (federales y provinciales) en la seguridad de clientes de la empresa.

En pos de este objetivo se diseñó el sistema contable marginal. Se "registraron a proveedores fraudulentos o que no prestaban servicio alguno y, a través de los pagos de las respectivas facturas, obtuvieron sendas sumas de dinero que, a su vez, eran utilizadas para, entre otras cosas, el pago a funcionarios de organismos públicos y de empresas públicas y privadas"

"Nótese que los procesamientos fueron dictados en torno al delito de asociación ilícita, y a los ilícitos presuntamente cometidos por sus miembros en el marco de los casos "Fuerzas de Seguridad, Registros de Armas y Dirección de Agencias", "PSA" "ENERSA" y , así como también a ciertos funcionarios públicos involucrados en esos acontecimientos", remarcó la Cámara.

Pero, " en modo alguno abarca o agota el universo de casos denunciados o expuestos como hipótesis en el dictamen fiscal", agregó el Tribunal

La empresa se dividía en zonas y las más representativas eran "Buenos Aires", "Litoral" y "Sur"

Fueron investigadas 13 sociedades comerciales que Securitas fue comprando con los años y absorbiendo su personal y clientela.

A partir de 2001, "tales compañías de seguridad fueron compradas sucesivamente en el tiempo por parte de la casa matriz con asiento en el Reino de Suecia, siendo ésta la modalidad implementada para ampliar su operación comercial en el país, tras incorporar los clientes propios de cada una de las empresas adquiridas", detalla la causa judicial.

En esa dinámica, los antiguos dueños pasaban a mantener una relación de dependencia con el grupo empresarial, "para continuar gestionando el vínculo con la cartera de sus clientes históricos, compartiendo, a su vez, diversas funciones ejecutivas en el esquema general" y esto abrió la puerta a las maniobras investigadas.

"El formato establecido en la conducción corporativa preveía, de forma esquematizada, la comisión de diversos planes criminales con el objeto de maximizar los resultados del grupo empresario", advirtió el Tribunal de Apelaciones

Para ello había "una organizada planificación para llevar a cabo diversas maniobras delictivas que el caso requiriera, a fin de sortear escollos administrativos, ganar licitaciones, obtener nuevos clientes o mantener su fidelidad, acelerar pagos que pudieran adeudársele y todo aquello concerniente a la actividad comercial lícita desarrollada"

Durante la investigación interna previa a la autodenuncia judicial, empleados de la firma hablaron de las hipótesis delictivas en base a las múltiples denuncias. "Se pudo recrear una modalidad en la operatoria cotidiana del grupo empresario" vinculada al supuesto pago irregular de comisiones, retornos a diversos clientes tanto del sector público como privado, para captarlos, "garantizar su continuidad o mantener activo un flujo financiero en los pagos adeudados"

Los acusados están excarcelados y en algunos casos se impusieron embargos de entre 5 mil y 7 mil millones de pesos.

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