Expulsiones y desafueros en el Congreso: un repaso por casos recientes en pleno escándalo por Kueider
La escandalosa detención del senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay, cuando se trasladaba con una alta suma de dinero sin declarar ante las autoridades aduaneras del país vecino, desató un cimbronazo en el Senado, donde en el corto plazo se deberá resolver su situación. Todo indica que el entrerriano que ingresó por el Frente de Todos en 2019, luego se alejó de la bancada K y este año actuó como aliado del Gobierno de Javier Milei ya no retornará a la Cámara alta.
Los caminos sobre su futuro son distintos y dependerá finalmente de la decisión que se imponga en el cuerpo. Desde el retorno de la democracia se registraron pocos episodios de expulsiones, suspensiones o desafueros, pero al caso del legislador del bloque Provincias Unidas se suma que su causa tramita en el exterior. Justamente quedó detenido de inmediato porque del otro lado de la frontera no goza de la inmunidad de arresto, un beneficio que se pone en tela de juicio cada tanto.
Para sumar capítulos a la ya compleja resolución que los senadores tienen por delante, desde Casa Rosada anuncian que buscarán discutir en sesiones extraordinarias una reforma a la Ley de Fueros. Si bien la letra del texto no se conoce, hay quienes ya advierten que podría chocar con lo dispuesto por la propia Constitución Nacional y las leyes vigentes.
Por las últimas señales emitidas, la gestión libertaria parece dispuesta a poner en debate los fueros, algo que considera un "privilegio de la casta" y al cual no quiere que tengan derecho quienes se encuentren con causas judiciales abiertas, pese al principio de inocencia que rige hasta que se demuestre la culpabilidad de un acusado. En tanto, desde lo ocurrido con Kueider y ante la discusión que anticipa el Ejecutivo, los aliados del PRO y la UCR reprochan cada vez que pueden por la frustrada aprobación de la ley de Ficha Limpia.
¿Licencia "in aeternum" para Edgardo Kueider?: el antecedente de José Alperovich
Mientras el interbloque Unión por la Patria presiona para que Kueider sea directamente echado del Senado, en virtud de lo que disponen los artículos 66 y 69 de la Carta Magna, el senador pidió licencia hasta que dure la investigación. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria en un lujoso edificio de Asunción junto a su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa.
Kueider no especificó si la licencia será con o sin goce de sueldo, ni tampoco el plazo. Pero este permiso deberá ser aprobado o rechazado por el pleno, que en todo caso decidirá si el legislador sigue cobrando o no su dieta.
La salida de la licencia fue un recurso al que durante dos años apeló el exgobernador tucumano José Alperovich, condenado en junio pasado por abuso sexual contra su sobrina segunda. Por ese entonces, el ex Frente de Todos avaló constantemente sus requisitorias. Desde noviembre de 2019 -cuando fue denunciado por violación- hasta diciembre de 2021, fecha en que culminó su mandato, Alperovich renovó la licencia cada seis meses y mantuvo sus fueros. ¿Ocurrirá una situación similar con Kueider?
La discusión que quiere dar el Gobierno y pedidos de desafueros que quedaron en la nada
"¿Usted está a favor de destituir a todos los Diputados y Senadores que tengan causas judiciales?", lanzó como encuesta en su perfil de la red social X el vocero presidencial Manuel Adorni en medio del caso Kueider. El 92% de los votos fue a favor. A ello se sumó un posteo del propio presidente Javier Milei, avalando una campaña de cuentas libertarias bajo el hashtag "#AFumigarElCongreso" y una imagen creada por IA de un león corriendo del Congreso a ratas (animal con el que ha comparado más de una vez a los legisladores).
Si esta posición deslizada por el Gobierno hubiera estado efectiva alguna vez, varios diputados y senadores hubiesen perdido sus fueros -aún sometiéndose a derecho-, incluido el expresidente Carlos Saúl Menem, admirado por Milei, a quien nunca se le trató un pedido de desafuero en el recinto y falleció con fueros como senador nacional.
Misma situación se dio con Cristina Fernández de Kirchner en su último -y breve- mandato como senadora nacional. En 2018, el fallecido juez Claudio Bonadio pidió su desafuero en el marco de la causa del Memorándum con Irán. Cambiemos, oficialismo en ese entonces, no logró quórum para tratarlo ante la negativa del kirchnerismo y también del bloque Justicialista presidido por Miguel Pichetto, quien defendió contundentemente su postura de que la quita de la inmunidad parlamentaria solo procedería en caso que exista una condena firme.
En septiembre de 2019 ingresó otro pedido de Bonadio para desaforar a la expresidenta por la llamada "causa de los cuadernos", pero tampoco prosperó. Dos meses y medio después asumió como vicepresidenta.
Durante el gobierno de Cambiemos, el oficialismo sostuvo a la radical chaqueña Aída Ayala, acusada en una causa de corrupción durante su gestión como intendenta de Resistencia. Si bien hubo un pedido de desafuero, los fallos en contra y a favor de la legisladora hicieron ganar tiempo para que la remoción nunca se trate en el recinto.
En el pasado reciente, otro pedido de desafuero que no vio la luz fue el que solicitó la Justicia para el senador Juan Carlos Romero en una causa sobre enriquecimiento ilícito. El salteño hoy sigue formando parte de la Cámara alta, dentro del bloque en el que también está Kueider.
Los fueros están contemplados en la Constitución Nacional
La dificultad en torno a los fueros, más allá de la Ley 25.320 que se sancionó luego del escándalo de las coimas en el Senado en los 2000, es que se encuentran contemplados en la Constitución Nacional, para cuya reforma se requiere de un amplísimo consenso.
El artículo 68 de la Carta Magna establece que "ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".
A ello le sigue el 69, que indica que "ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho". Sobre este artículo pretende basarse Unión por la Patria para expulsar a Kueider.
Mientras que el artículo 70 habla de la suspensión que puede tener un legislador: "Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento".
Casos de expulsiones, suspensiones y desafueros desde el retorno de la democracia
Desde el retorno de la democracia en 1983, hubo un solo caso concreto de expulsión: el del diputado catamarqueño Ángel Luque, en 1991, acusado de "indignidad moral" a raíz de la defensa que hiciera de su hijo Guillermo, acusado por el asesinato de la joven María Soledad Morales.
En tanto, en 2002, la diputada peronista Norma Ancari de Godoy fue denunciada por el programa televisivo "Punto Doc", al ser captada por una cámara oculta amenazando a un productor. La Comisión de Asuntos Constitucionales llegó a expedirse sobre su expulsión "por desórdenes de conducta". Acorralada, la legisladora renunció.
En cuanto a suspensiones, en 1988 se suspendió por tres sesiones sin goce de sueldo al diputado Horacio Cambareri por "desorden de conducta", tras utilizar los medios de comunicación de la Cámara para expresar su posición favorable a un alzamiento militar ocurrido ese año; en 1995 al diputado justicialista Eduardo Varela Cid, hasta el final de su mandato, acusado por un particular de haberle solicitado una suma de dinero para garantizarle el resultado de una votación en el recinto; y en 2005 al senador al senador Raúl Ernesto Ochoa, sin goce de dieta ni beneficio alguno por "desorden de conducta" por votar dos veces en una elección.
Respecto a desafueros, un caso llamativo fue en 1996 el del fallecido exgobernador de Córdoba Eduardo Angeloz, quien él mismo pidió voluntariamente su desafuero al ser investigado en una causa sobre enriquecimiento ilícito. Al año siguiente pudo volver al Senado y en 1998 fue absuelto.
En 2008, la Cámara de Diputados quitó los fueros al exsubcomisario Luis Patti, involucrado en una causa de delitos de lesa humanidad. Si bien se le había impedido jurar cuando fue electo, en 2005, la Corte Suprema de Justicia habilitó tres años después que asuma, a lo que inmediatamente el juez Alberto Suárez Araujo pidió su desafuero, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de abril de ese año.
El último desafuero del que se tiene registro en el Congreso es el de Julio De Vido, exministro de Planificación durante los gobiernos K, quien perdió sus fueros el 25 de octubre de 2017, por 176 votos a favor y ninguno en contra. Las solicitudes fueron requeridas por los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, quienes ordenaron su detención inmediata en el marco de dos causas por corrupción.