El Gobierno volverá a impulsar la Ley Antimafia, tras la amenaza a Bullrich y Pullaro

Un informe acerca de Argentina del sitio especializado en crimen organizado, insightcrime.org, pone en blanco sobre negro la situación actual del país con respecto a la mayor amenaza a la democracia occidental que representan los cárteles de drogas y trata de personas.

"A pesar del prominente papel de Argentina como centro de lavado de dinero y punto de tránsito y consumo de drogas, el país no padece los altos niveles de violencia que afectan a otros países latinoamericanos. Aun así, la corrupción profundamente arraigada en varias ramas del Gobierno ha fomentado la criminalidad de manera persistente en el segundo país más grande de Sudamérica", señala el informe.

La radiografía de la situación nacional continúa afirmando: "Argentina no tiene grupos criminales propios con alcance internacional, pero las organizaciones criminales transnacionales han llevado a cabo durante mucho tiempo varios tipos de actividades ilícitas en el país. Además, hay indicios de que los grupos criminales del país han desarrollado lazos con actores transnacionales -aunque todavía relativamente a pequeña escala- y están creciendo en sofisticación y capacidad para ejercer violencia".

La amenaza contra Patricia Bullrich y la "Ley Antimafia"

En este contexto, la reciente amenaza narco contra Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, "grabada en un vídeo de mala calidad pero que no puede dejar de tomarse en serio", según el experto en seguridad pública, Jorge Luis Vidal, produjo que los funcionarios de la Casa Rosada decidieran impulsar durante las sesiones extraordinarias del Congreso el paquete de leyes que cambia Códigos y que se denomina "Antimafia".

Un texto, aprobado en Diputados y resistido en el Senado por legisladores que responden al peronismo cercano a Cristina Kirchner que promueve abordar de manera integral el crimen organizado con cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, estableciendo que aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita", por su mera pertenencia a una organización delictiva, será reprimido "con reclusión o prisión de 8 a 20 años".