Alberto Fernández negó su responsabilidad en el escándalo de los seguros
Alberto Fernández se presentó este miércoles ante la Justicia para declarar en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado.
El expresidente llegó y se retiró de Comodoro Py sin dar declaraciones, pero trascendió que presentó un escrito de descargo e hizo una declaración, en la que negó estar vinculado con las maniobras que se le acusan.
Alberto Fernández declaró por la causa de los seguros
La audiencia estaba programada inicialmente para el 20 de noviembre, pero fue reprogramada para este miércoles a solicitud de la fiscalía. El exmandatario llegó a las 9.30, media hora antes de lo previsto.
Según trascendió, llegó a la sala del piso cuatro del edificio, presentó un escrito de descargo e hizo una declaración vinculada con el decreto de Nación Seguros.
Tras ello, negó haber tenido vinculación con la maniobra fraudulenta. Además, se negó a responder preguntas del juez y del fiscal y se limitó a contestar lo que le preguntó su abogada, Mariana Barbitta.
Pasado el mediodía, finalizó la indagatoria y Alberto Fernández se retiró del recinto, una vez más sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, quien sí habló con los periodistas fue su defensora, quien aseguró que se trató de una situación "tensa". "Por el planteo de recusación que viene sosteniendo el doctor (Alberto) Fernández con Ercoloni es casi lógico que la situación fue tensa, inclusive le planteó que el rechazo de la nulidad tuvo que ver con esta arbitrariedad", expresó Barbitta.
En tal sentido, la abogada sostuvo que el decreto de los seguros "es jurídicamente impecable, legítimo y está sostenido en el marco de una decisión administrativa". "No hay ninguna discusión sobre el decreto, el objetivo estuvo relacionado a cortar la carterización. La propuesta del decreto, que tuvo sus antecedentes en años anteriores, como en 2021 respecto de YPF, era de limitar que las divisas salgan al exterior", añadió la defensora.
Escándalo de los seguros: qué decía el decreto que firmó Fernández
El foco en particular está puesto en los créditos de la ANSES a los jubilados. Antes del gobierno del Frente de Todos, el organismo previsional usaba autoseguros, pero a fines de 2021, por una orden de Alberto Fernández, todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros. El problema era que Nación Seguros contrataba, a su vez, a varios bróker y a empresas privadas aseguradoras que se llevaban grandes comisiones.
Ese decreto además establecía que los contratos debían hacerse mediante convenio interadministrativo para el caso de la administración central y por régimen de contrataciones para el caso de empresas públicas y entes fiduciarios.
En el texto del decreto se prohíbe expresamente la subcontratación de pólizas, pero no se hace mención a que no podría haber gestores. Ahí es donde aparecen los intermediarios bajo sospecha.
El mismo establecía que todas las entidades del Sector Público Nacional "deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera"
El artículo 4 de la norma, aclaraba que, "a su vez, esta empresa podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo", dar participación en forma de coaseguro, "a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros".
De esta manera se habilitaba el ingreso de intermediarios que debían estar bien conectados, ya que no se habría generado ninguna licitación ni compulsa su contratación.
La normativa detallaba que "los porcentajes a ofrecer a otras entidades del mercado deberán guardar proporción con respecto a su responsabilidad patrimonial y demás indicadores que considere para su evaluación y para tales ofrecimientos, y, en su caso, con la eventual participación de entidades reaseguradoras del mercado local y/o reaseguradoras admitidas del exterior, dentro del marco normativo vigente".
Las pólizas en cuestión fueron emitidas con una vigencia de 12 meses y originalmente vencían el 2 de marzo de 2023, pero la gestión de Alberto Fernández optó por hacer uso de la prórroga "por única vez y por un plazo igual", por lo que se extendieron hasta esa misma fecha, pero de este año. Ante posibles irregularidades en los contratos y en las comisiones que se cobraban por las pólizas de seguro de jubilados y beneficiarios de planes sociales que sacaran un crédito en el ANSES se podría abrir una causa judicial.