En 2025, el Gobierno avanzará con la quita de más de 177 mil pensiones por discapacidad

En agosto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que se descubrió actividad fraudulenta en el cobro de las pensiones por discapacidad. En una de sus habituales ruedas de prensa, el vocero aseguró que estos beneficios fueron otorgados por gestiones anteriores sin, necesariamente, cumplir con los requisitos mínimos; generando pérdidas al Estado por casi 3500 millones de dólares en el último año.

Desde entonces, la administración de Javier Milei avanzó con controles minuciosos en el otorgamiento de estos beneficios e informó el inicio de varias auditorías. La lupa se posicionó sobre el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga; dado que, según informó Adorni, este habría facilitado pensiones a personas que no las requerían.

Durante los gobiernos kirchneristas, de la mano de Cristina Kirchner y luego de Alberto Fernández, entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios. A percepción de Adorni, es un número "estratosférico" y "no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales".

Desde entonces, las auditorías aún no han finalizado y las irregularidades siguen saliendo a la luz. Ahora, según denunciaron las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, el Presupuesto 2025 que presentó el Gobierno Nacional prevé un recorte significativo en las pensiones por discapacidad; aproximadamente unos 177 mil beneficiarios serían desplazados.

Esto fue confirmado por Diego Spagnuolo, actual titular de la ANDIS, quien adelantó que el Gobierno pretende avanzar con la quita de las pensiones no contributivas por invalidez ahorrándole al Estado unos 679 mil millones de pesos. Esta quita correspondería, en su totalidad, a beneficiarios que no pudieron justificar por qué estaban percibiendo tal beneficio; por lo que se percibe que serían fraudulentas. 

Pensiones por discapacidad: polémica y reclamos

No obstante, las organizaciones se desentendieron de estas acusaciones y, la semana anterior, se manifestaron contra la administración de Milei. A este reclamo también sumaron el de los aranceles que, acorde a los costos de los servicios institucionales, profesionales y de transporte, inhabilitarían las funciones de los prestadores al dejar las subas por debajo de la inflación.

"Los prestadores no pueden pagar los costos sociales, los aportes laborales, y están pidiendo dinero para cubrirlos". El impacto se siente además en la cantidad de prestaciones para las personas con discapacidad: "en la baja de los transportistas, lo que ha complicado a la gente llegar a sus terapias, y en los centros que decidieron dejar de atender", dijo Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El argumento del titular de ANDIS para terminar con casi 177.000 pensiones

Diego Spagnuolo afirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad funcionaba "sin ningún tipo de control" y que el gobierno de Javier Milei quiere "controlarlo". Por ello, "hoy estamos en proceso de baja de 200 mil pensiones", añadió.

Luego, otras fuentes afirmarían que la cifra sería inferior, aproximándose a los 177 mil aunque por el momento también está en duda. Aún así, desde Nación se está buscando "optimizar el sistema que, como está planteado hoy, es inviable desde todo punto de vista". De acuerdo al funcionario, actualmente se otorgan 1.250.000 pensiones y de ese total, la gestión actual sumó 20.000 nuevas solicitudes que aún están en evaluación junto a otras 600.000 mil peticiones.

En este momento, la remuneración que perciben las personas con algún tipo de discapacidad es de poco más de $200.000, lo que representa un 70% de una jubilación mínima. Recientemente, la ANDIS redujo el porcentaje que cubre de discapacidad por beneficiario que pasó del 76% al 66%. "Ya sea 66 o 76 por ciento, es una afectación física notable; o sea, se percibe a simple vista", dijo Spagnuolo.

Con los desmanejos que salieron a la luz y que se habrían consumado durante el mandato de Fernández, Spagnuolo apuntó contra el expresidente: "Durante el período de Alberto Fernández los requisitos se ablandaron muchísimo, y hoy quedaron básicamente tres: Tenés que ser argentino; si sos extranjero, tener una residencia de 10 años; y no estar en una situación de conflicto con la Justicia, ya sea detenido o prófugo".

En ese sentido fue que el Gobierno pidió avanzar con auditorías minuciosas que revisen "caso por caso"; así como también pidieron avanzar con una denuncia contra el exjefe de Estado y el ex director de ANDIS, Fernando Galarraga. "La gente concurría, charlaban con un médico y ni siquiera había una revisión" aún así se le otorgaba el beneficio y "se les comunicaba cuándo comenzarían a cobrarlo", reveló el funcionario.

Entonces, el Presupuesto 2025 contempla una disminución de $679 mil millones en comparación con el del año vigente debido a las bajas en pensiones por discapacidad fraudulentas que serían al menos unas 177.740. 

Modificaciones en ANDIS

Al exponerse este entramado irregular en perjuicio del Estado, el Ejecutivo decretó cambios en la ANDIS para quienes pretendan acceder al beneficio o mantenerlo. Así lo informaron en el Decreto 843/2024 que establece que la pensión "no contributiva por invalidez se encuentra sujeta a revisión y/o auditoría médica y socioeconómica, y podrá pedirse su revalidación según lo determine la Autoridad competente. Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable a las pensiones ya otorgadas y a las que se otorguen en el futuro".

Teniendo en cuenta que se hallaron casos de beneficiarios viviendo en otros países o con arresto domiciliario por cometer actos ilícitos recientemente, el Gobierno exigió que será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y demostrar que habita en el país. No se le otorgará la pensión a sujetos inscriptos en otros beneficios estatales ni con trabajo formal.

Tampoco se otorgarán pensiones por discapacidad a personas detenidas ni a disposición de la justicia, dado el "contexto de austeridad fiscal y la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos". Y concluye: "Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo".