¿Por qué el Gobierno no puede quitarle la jubilación de privilegio a Alberto Fernández?

La reciente condena a la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y la quita de su pensión de privilegio, junto con la de Amado Boudou, pusieron el foco sobre los beneficios otorgados a expresidentes y exvicepresidentes del país.

En ese sentido, surgió una pregunta: ¿Por qué Alberto Fernández sigue cobrando su jubilación de privilegio pese a las denuncias por violencia de género y otros señalamientos que podrían cuestionar el requisito de "mérito y honor" estipulado por la ley?

Según la legislación 24.018, el otorgamiento y la percepción de una jubilación de privilegio está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos como el "mérito" y el "honor". Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), encargada de administrar las jubilaciones, carece de facultades legales para retirar este privilegio aunque se considere que ese mérito y honor necesario hayan sido violados o incumplidos.

Jubilación de privilegio: piden la quita del beneficio a Alberto Fernández

Por esta última consideración fue que la Fundación Apolo, liderada por el legislador Yamil Santoro, exigió que se le retire la jubilación de privilegio al exjefe de Estado. Puntualmente, señalaron el incumplimiento del honor necesario para acceder al beneficio tras la exposición de casos como la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en medio de las restricciones por coronavirus, el "Vacunatorio VIP", las designaciones arbitrarias de personal no capacitado para las funciones públicas y las denuncias por violencia de género que pesan en su contra, entre otros escándalos.

Pero, la respuesta de los representantes de ANSES fue tajante: solo la Justicia puede intervenir para dictaminar la eliminación de este beneficio, dado que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen facultades para avanzar de manera unilateral. Entonces, ¿cómo avanzó el Gobierno con la quita de la jubilación de privilegio contra la dos veces presidente Cristina Fernández de Kirchner y su exvicepresidente Amado Boudou?

¿Por qué Cristina Kirchner y Amado Boudou sí, y Alberto Fernández no?

A diferencia del antecesor de Javier Milei, en el caso de estos dos, la quita de privilegio está directamente relacionada con la existencia de condenas firmes en su contra, lo que activa un criterio legal y administrativo que permite retirar este beneficio. La ahora presidente del Partido Justicialista fue condenada la semana anterior por la causa Vialidad, donde se la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

Y Amado Boudou fue condenado por cohecho y encarcelado por negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone.

Esto evidencia que las condenas fueron determinantes para ejecutar la quita de privilegio, dado que se entiende la violación al mérito y honor tipificado en la Ley 24.018. En cambio, sobre el exmandatario Fernández no pesa una condena firme, y las denuncias por violencia de género o causas abiertas que podrían interpretarse como poco éticas y/o inmorales son relevantes para el punto de vista social y político, pero no tiene peso alguno para que la justicia dé con la quita de jubilación de privilegio.

El impacto de las denuncias de Fabiola Yáñez

Uno de los argumentos más contundentes en el debate sobre la quita de la pensión de Alberto Fernández son las denuncias por violencia física y verbal que realizó Fabiola Yáñez. Estos señalamientos no solo comprometen su imagen pública, sino que también abren interrogantes sobre el cumplimiento del requisito de "honor".

Paradójicamente, el gobierno de Fernández promovió políticas de género, gastando millones en campañas y programas para proteger a las mujeres y prevenir la violencia. Ahora, la contradicción entre su discurso y las denuncias en su contra se convierte en un tema central en el debate público y político.

En este contexto, en una de sus habituales conferencias de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, pidió que la Justicia siga "adelante con la investigación". Y, en caso de hallarlo culpable, "deberá pagar por lo que hizo".

"La cuestión de la pensión es legal, el Ejecutivo no puede intervenir. Esto demuestra cómo las políticas de género se han utilizado como una herramienta política más que como una solución real", opinó.

Entonces, la Justicia es la única habilitada a quitarle la jubilación de privilegio a Alberto Fernández. Teniendo en cuenta la lentitud de la misma, a la hora de avanzar y condenar a la exvicepresidente de este, el tiempo que podría tomar un fallo definitivo prolonga la percepción del beneficio e intensifica el malestar con esta cuestión.