En la previa del fallo de Casación, Cristina Kirchner denunció que buscan proscribirla "de por vida"
A menos de 24 horas del fallo que la Justicia dará a conocer, en el marco de la causa de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner denunció -en un extenso documento- la existencia de una estructura judicial y mediática que, según afirma, está dedicada a proscribirla y desacreditar su figura política.
La exmandataria argentina sostiene que estos grupos, a los que denominó "Los Copitos de Comodoro Py", actúan bajo una supuesta coordinación entre el Poder Judicial y los grandes medios de comunicación. En un tono directo y polémico, Fernández describe a estos operadores judiciales como instrumentos de sectores hegemónicos que buscan neutralizar a los líderes del peronismo y, en particular, al kirchnerismo, una de las corrientes más relevantes de este movimiento.
El contexto en el que Fernández presenta estas declaraciones es de extrema polarización en la política argentina. Desde hace años, las causas judiciales contra funcionarios del gobierno anterior han marcado la agenda pública, con Cristina Fernández como una de las principales acusadas en varios de estos procesos. Sin embargo, sus denuncias sobre un supuesto "Partido Judicial" y una "proscripción de por vida" resuenan en un país dividido, donde los conflictos entre el oficialismo y la oposición se han intensificado, y donde la influencia de los medios sobre la opinión pública es objeto de constantes debates.
Dura denuncia de Cristina Kirchner: "Si no me mataron, tengo que estar presa"
En su carta, Fernández de Kirchner hace referencia directa a los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes integran lo que ella llama "Los Copitos de Comodoro Py". Estos magistrados, según la vicepresidenta, estarían ejecutando una serie de decisiones judiciales en su contra, alineadas con los intereses de medios como Clarín y La Nación. La exmandataria acusa a estos jueces de tener lazos políticos con la oposición, destacando que Borinsky "jugaba al tenis con Mauricio Macri" y que Hornos lo visitaba "en la Casa Rosada". Para Fernández, estos vínculos socavan la imparcialidad judicial y deslegitiman las decisiones en su contra.
La exmandataria también critica el desarrollo de la "Causa Vialidad", una investigación en la que fue condenada por administración fraudulenta en obras viales. Esta causa, que comenzó en 2019 y en la que se la acusa de haber dirigido fondos públicos a empresas privadas, ha sido uno de los procesos más mediáticos de la última década en Argentina. Fernández asegura que "no existió ni una sola prueba" que la vincule directamente a los delitos, y subraya que, paradójicamente, "ningún Jefe de Gabinete de la Nación, constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país, fue acusado" en esta causa. Según la vicepresidenta, este proceso es un ejemplo de la supuesta persecución que enfrenta.
Un show judicial y electoral
Fernández enfatiza que el proceso judicial tiene un tinte electoral. "La primera audiencia del juicio la fijaron el 21 de mayo del 2019 en perfecta sintonía con el cronograma electoral", afirma. Sostiene que esta sincronización tiene como objetivo específico limitar su participación política y la del peronismo en general. La vicepresidenta denuncia que las decisiones judiciales, como la programación de la lectura de su condena, buscan hacerla coincidir con momentos electorales estratégicos. En una cita reveladora, señala: "Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho".
Para Fernández, el juicio no es más que una extensión del conflicto político entre el oficialismo y la oposición. La exmandataria relaciona su caso con otros líderes de izquierda en América Latina que, según ella, también han sido perseguidos judicialmente. "Lula preso, Evo Morales destituido, Rafael Correa exiliado", enumera, aludiendo a otros dirigentes de la región que enfrentaron o enfrentan procesos judiciales y que han señalado la interferencia política en sus causas.
"La proscripción de por vida: el verdadero objetivo"
El eje central del discurso de Fernández de Kirchner es la denuncia de una supuesta inhabilitación política, que busca excluirla permanentemente de la escena pública. "Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida", enfatiza. La vicepresidenta sostiene que esta estrategia recuerda la histórica proscripción del peronismo en Argentina tras el golpe de 1955. Según ella, los "Copitos de Comodoro Py" no buscan simplemente castigarla, sino asegurar que no pueda regresar al poder.
Fernández compara la severidad de su condena con otras causas en las que participaron los mismos jueces y en las que las penas fueron significativamente menores. Como ejemplo, menciona el caso de Enrique Mathov y Rubén Santos, exfuncionarios del gobierno de Fernando De la Rúa responsables de la represión en diciembre de 2001. A pesar de las 31 muertes que ocurrieron durante la crisis de ese año, ambos recibieron inhabilitaciones temporales para cargos públicos, mientras que a ella se le impone la perpetuidad.
Un juego de estigmatización y control político
Cristina Fernández plantea que el "Partido Judicial" en Argentina tiene como propósito disciplinar y estigmatizar al peronismo. Afirma que, bajo una narrativa de "corrupción y transparencia", los medios y el Poder Judicial favorecen a ciertos sectores políticos y marginan a aquellos que representan políticas populares y democráticas. "Estigmatizar es la tarea", sentencia en su escrito. En esta visión, los líderes que implementan políticas populares son catalogados como "corruptos", mientras que los gobiernos que privilegian políticas de ajuste y endeudamiento son promocionados como "honestos".
La vicepresidenta también cuestiona la influencia de actores internacionales en la política argentina, relacionando su caso con una supuesta tendencia global de persecución a dirigentes que desafían el "status quo". Fernández señala que, en este esquema, se busca instalar en el poder a líderes que promuevan políticas neoliberales y de ajuste en detrimento de aquellos que, como ella, abogan por modelos inclusivos y de justicia social.
"No fui ni seré nunca mascota del poder"
El documento de Cristina Fernández cierra con un mensaje de resistencia, en el que reafirma su compromiso con el peronismo y con la defensa de los derechos de los sectores populares en Argentina. "No fui ni seré nunca mascota del poder", asegura, comprometiéndose a continuar su militancia a pesar de los desafíos judiciales. Además, expresa su fe en que "un país mejor es posible", destacando que el peronismo representa una alternativa de progreso y justicia para los argentinos.
Fernández concluye con una advertencia a los sectores que, según ella, la persiguen: "Hagan lo que hagan, no van a hacerme callar". En este contexto de conflicto y polarización, su mensaje resuena como un llamado a la unidad de sus seguidores y como una denuncia pública sobre lo que considera una persecución política sin precedentes en la historia reciente del país.