Milei quiere nombrar cuanto antes a los jueces de la Corte y planea presionar con todo al Senado

El gobierno de Javier Milei está impaciente con la designación de los jueces que propuso para la Corte Suprema de Justicia, cuyos pliegos quedaron trabados en el Senado, y empezó a buscar la forma de subir la presión para que el tema avance antes de que termine noviembre mientras la alternativa de nombrarlos por decreto gana cada vez más terreno conforme pasa el tiempo.

El juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla ya fueron a la Comisión de Acuerdos del Senado a defender su nominación para el máximo tribunal, que tiene cinco asientos, pero hoy funciona con cuatro jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que se jubilará en diciembre. Quedarán así dos vacantes.

Pese a ello, la resistencia que enfrenta Lijo de distintos espacios políticos que le cuestionan su idoneidad moral -entre ellos el PRO- y la objeción general por la ausencia de mujeres en la futura Corte dejaron a ambos en stand by. Una importante fuente de la Casa Rosada señaló a iProfesional que están "trabajando para sacar los pliegos antes del cierre de las sesiones ordinarias", es decir, fines de noviembre.

Hoy la probabilidad de que eso ocurra parece baja y en el Gobierno lo saben. Necesitan 48 votos en el recinto, los aliados como el PRO son esquivos en este tema y aunque no lo fueran, tampoco llegarían a la mayoría sin un apoyo de la bancada de Unión por la Patria, donde tallan unos pocos gobernadores peronistas y mucho más Cristina Kirchner.

"Una Corte con tres miembros no es una opción para nosotros", advierten en despachos cercanos al de Milei para dejar en claro que el tema se convirtió en una prioridad para el Gobierno. En ese marco, están dispuestos a convocar a sesiones extraordinarias para diciembre, enero y/o febrero -de ser necesario- solo para empujar el tratamiento de los pliegos, pero tampoco descartan nombrarlos por decreto.

Javier Milei presiona para nombrar a los jueces de la Corte: ¿puede hacerlo por decreto?  

La advertencia de que Milei podría designar a Lijo y a Mansilla por decreto es parte de la presión que el Gobierno intenta ejercer sobre los senadores para que voten los pliegos. Sin embargo, también demuestra la impaciencia que hay en la administración libertaria porque, según pudo reconstruir iProfesional, hasta hace dos semanas esta era una opción descartada.

En la Rosada recuerdan que el último que intentó nombrar jueces de la Corte de esa forma fue Mauricio Macri, con Rosatti y Rosenkrantz y generó un escándalo político e institucional. Hay un decreto ley (222/03) que obliga a que a los magistrados los nombre el Senado. El ex presidente reculó ante la presión de Miguel Pichetto, que comandaba la bancada peronista, y luego le allanó el camino para que hiciera las cosas "como corresponde".

El oficialismo no quería repetir el mismo error, pero eso empezó a cambiar. En los últimos días, hubo funcionarios que contactaron a senadores y juristas para conocer su opinión sobre un posible nombramiento de Lijo y Mansilla en la Corte por decreto, según deslizaron a iProfesional fuentes del Senado. "Parece que lo están pensando de verdad", remarcaron.

Ocurre que la impaciencia de Milei con la designación de sus jueces crece. En su entorno aseguran que si los pliegos no se aprueban antes de que termine noviembre podrían tomar "cualquier alternativa porque la Corte Suprema no puede funcionar con tres miembros". El llamado a sesiones extraordinarias es una de esas opciones que están sobre la mesa y el decreto es otra.

El apuro por este tema es tal que en algunos despachos incluso aseguraron a iProfesional que "integrar la Corte es más urgente que tener un Presupuesto", en referencia a las negociaciones -también trabadas- que hay en Diputados en torno al cálculo de gastos e ingresos para 2025. "Si pudimos gobernar un año sin presupuesto, podemos hacerlo dos años", comentan.

El peronismo tiene la llave del Senado: por qué son clave sus votos para la Corte Suprema

La gran traba para que Milei ponga a Lijo y a Mansilla en la Corte Suprema de Justicia es que está obligado a encontrar un acuerdo con la bancada peronista para alcanzar la mayoría especial de dos tercios. El influyente asesor presidencial Santiago Caputo lo buscó, pero hasta ahora no lo consiguió.

El kirchnerismo llegó a blanquear la posibilidad de un acuerdo con los libertarios, pero piden debatir sobre todo el escenario judicial, incluida una ampliación de la Corte Suprema, como en algún momento intentó sin éxito Cristina Kirchner, además de resolver la cuestión de género. Quieren que haya por lo menos una jueza. En la UCR, el PRO y otras bancadas coinciden con este punto.

La negociación se estancó porque el oficialismo se plantó en pedir que primero se aprueben los dos pliegos y, una vez que ello ocurra, tratar la ampliación e incorporar a una mujer. Así descartó la opción que algunos peronistas veían como la más viable: "bajar" de la nominación a García Mansilla y proponer a una mujer.

En el bloque de Unión por la Patria hubo conversaciones sobre el tema en los últimos días y, según supo este medio, siguen con la idea de discutir la ampliación de la Corte o proponer a una mujer para cubrir una de las vacantes. No obstante, en esa bancada de 33 senadores hay alrededor de "ocho que ya están dispuestos a votarlo a Lijo", deslizan en los pasillos.

Pero el mayor problema para el Gobierno es que tampoco le alcanzaría con un apoyo minoritario del peronismo porque la figura de Lijo y el tema del cupo femenino divide a la oposición más dialoguista. Por caso, Macri criticó públicamente y en reiteradas oportunidades la nominación del polémico juez federal. El PRO tiene seis votos que, en este Senado, valen mucho para el oficialismo.

Un pelotón de jueces, al Senado: la otra pata de la estrategia de Milei

El otro mecanismo de presión que el Gobierno usará es el abultado paquete de 150 pliegos de jueces que enviará al Senado a partir del próximo lunes, según precisaron a iProfesional fuentes oficiales. La idea es mandar 20 o 25 por día. Todos deberán ser tratados por la Comisión de Acuerdos que preside Guadalupe Tagliaferri (PRO).

La explicación oficial que esgrimen en el Ejecutivo es que en el Poder Judicial hay alrededor de 250 vacantes, cerca del 30% de los juzgados. Es un problema por las demoras que esto significa para miles de procesos judiciales de distinto orden y tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura e incluso organismos internacionales han hecho advertencias sobre esta situación institucional.

Enviar 150 pliegos para ser tratados y aprobados en lo que queda de noviembre es una forma de presionar al Senado y sacudir a la Comisión de Acuerdos para reactivar los debates sobre la Justicia y volver a poner en agenda el tema de la Corte, aunque también es una forma de abrir negociaciones con todos los otros bloques y con los gobernadores.

Como todo en la política, los cargos de jueces a cubrir en todo el país también son negociables, porque todos los actores políticos quieren o necesitan cubrir alguna vacante con un jurista afín a sus ideas. El paquete de pliegos podría funcionar como el inicio de un "intercambio de figuritas" que el Gobierno aprovecharía para ir por las más difíciles: las de la Corte Suprema.

En carpeta también está la posibilidad de enviar el pliego del procurador general de la Nación, un cargo muy importante (es el jefe de todos los fiscales) que desde 2017 lo ocupa interinamente Eduardo Casal. Podría ser otra moneda de cambio para llevar al recinto los pliegos de Lijo y Mansilla.

Por el momento todas las opciones están abiertas para Javier Milei. El nombramiento de dos nuevos jueces en la Corte Suprema se convirtió en una prioridad para el Gobierno en el Senado, que ya empieza a dar señales de que está dispuesto a jugar fuerte para lograr su objetivo lo antes posible, de ser necesario, con un decreto que generaría un sonoro conflicto político, pero que, tal vez, sirva para reactivar la negociación que se trabó.