Escándalo de los seguros: cuánta plata habría desviado Aberto Fernández para su amigo, Héctor Martínez Sosa

El expresidente Alberto Fernández fue citado a indagatoria por los presuntos hechos de corrupción que él habría propiciado con la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que benefició a un bróker amigo. La investigación que se tituló mediáticamente como "la causa Seguros Nación", por el nombre de la firma beneficiada, continúa avanzando a pasos agigantados y el principal acusado, el exmandatario, deberá explicar por qué firmó el Decreto 823/2021 con el que le cedió más de 40 contratos a Héctor Martínez Sosa, su amigo personal y esposo de su exsecretaria, María Cantero.

Los hechos por los que el juez Julián Ercolini citó a Fernández girarían en torno a la corrupción y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con la reglamentación que firmó en 2021, el entonces presidente le exigió a los ministerios, secretarías y organismos que contraten a la aseguradora de su amigo; es decir, que habría propiciado una serie de contrataciones discrecionales con la finalidad de beneficiar a Martínez Sosa.

Cuánta plata desvió Alberto Fernández para Nación Seguros

Pero, ¿cuántos fondos habría sustraído esta aseguradora con estos acuerdos? ¿Fernández se quedó con un porcentaje de ello? Esas son las dudas de las que el juez pretende deshacerse, según precisó en un documento al que tuvo acceso TN: "Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras".

En ese sentido, hay dos sumas que se dieron a conocer en los últimos meses de investigación. La primera tiene que ver con las maniobras que destapó el director general del organismo, Osvaldo Giordano, quien fue despedido tras la asunción del presidente Javier Milei; donde únicamente la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le giraba 20 mil millones de pesos a Nación Seguros de manera anual.

De esta suma, una parte se dirigió a empresas intermediarias como Bachellier, San Ignacio, TG Broker y San Germano. Puntualmente, la investigación develó que se tratan de unos 1.665 millones de pesos en comisiones que se habrían cobrado unas 4 cuatro veces más costosas que su valor real en el mercado.

Entonces, pese a que se dio con varias sumas que habrían sido sustraídas a través de estos contratos, por el momento, no hay un monto final exacto de las pérdidas para el Estado hasta que se realice un seguimiento de todos los ministerios, secretarías y organismos que hayan contratado a Nación Seguros. En ese caso, si es que todos esos acuerdos se dieron en contextos inescrupulosos y sin obtener realmente una contraprestación, la suma ascendería a miles de millones de pesos.

La Justicia embargó bienes tras el escándalo de los seguros

A inicios de septiembre, Ercolini ordenó embargar más de 105 millones de pesos de comisiones que el Estado nacional le adeuda a Martínez Sosa y a otras nueve personas envueltas en la causa. Esta suma estaría ligada a los pagos de contratos del año pasado que debería haber cobrado el empresario amigo del expresidente Fernández. Por ello, el magistrado avanzó: "Resuelvo decretar el embargo preventivo de las comisiones pertenecientes a las pólizas del sector público, comprendidas en el Decreto 823/21, respecto a Héctor Martínez Sosa & Cía. S.A., por la suma de $105.841.439,66".

Esto mismo alcanzó a Emanuel Raúl Andrés Calvo, por la suma de $5.314.258,32; a Laura Elena Crisafulli, por $686.922,53; Paris Bróker de Seguros S.A., por $46.501,42; a Bri Brokers S.A., por la suma de $51.891.434,01; a Net Broker S.A., por un total de $13.274.722,76; Service Risk S.A., por $255.513,31; Norberto Matías Garrido, por $2.736.613,92; Javier Marcelo Rodríguez Gómez, por la suma de $ 490.836,35; y Castello Mercuri S.A., por $1.283.175,79.

La defensa de Alberto Fernández

Ante la avanzada judicial en su contra, el expresidente se defendió en un escrito que hizo llegar a la Justicia y aseguró estar sufriendo una "persecución política" fundada en "noticias falsas". Claro que, esta defensa fue informal y que la que tendrá valor judicial será la que se lleve adelante este 20 de noviembre, pero aun así el exmandatario se permitió explicar que ese Decreto que firmó no se trató más que una modificación para beneficiar a las empresas nacionales.

En esa línea, tildó de "absurdo" que haya intentado favorecer a su amigo o exsecretaria con contratos discrecionales: "La idea de que el Decreto Nro. 823/2021 fue dictado para beneficiarlo (en relación con Martínez Sosa) es absurda, toda vez que la mayoría de los contratos en los que intervino son previos a mi asunción como Presidente".

Por último, denunció que la Justicia está siendo utilizada como "un medio de persecución", pero lo que "más grave" le resulta es que esta "recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales con base en dichos de periodistas y noticias falsas", cerró.