Funcionario de Kicillof presentó su renuncia, tras ser condenado a seis meses de prisión

Este martes, el ex titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella, renunció a su cargo en la Provincia de Buenos Aires mediante una carta que prontamente fue entregada a la oficina del gobernador Axel Kicillof. Su salida no fue inesperada, sino que se debió a la reciente condena que se oficializó en su contra, donde se dejó firme una sentencia de seis meses en prisión —en suspenso— y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La condena del ahora exfuncionario está ligada a un fallo emitido en marzo del 2020 por el juez federal Ariel Lijo por su actuación como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Durante su paso, Sabbatella fue hallado culpable de "abuso de autoridad" debido a su intervención en la aplicación de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reconocida mediáticamente como "Ley de Medios", al Grupo Clarín.

Funcionario de Axel Kicillof, condenado a prisión: los argumentos de la Justicia

En su gestión en la AFSCA, Sabbatella impulsó la adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Medios, una legislación que buscaba desmonopolizar el mercado de medios de comunicación y reducir la concentración en pocas manos, según los fundamentos que expresaba dicha legislación. Pero, según la acusación avalada por Lijo, este intentó hacer cumplir la ley utilizando su autoridad de manera "abusiva" y "arbitraria", para exigir que el Grupo Clarín se adecuara de manera inmediata a los requerimientos de la ley.

En el juicio, la Fiscalía, encabezada por el fiscal federal Eduardo Taiano, sostuvo que el señalado y el directorio de la AFSCA convocaron a una reunión extraordinaria para tratar la adecuación de Clarín, con una urgencia que fue considerada como "injustificada" y en medio de una fuerte disputa entre el gobierno kirchnerista y el conglomerado mediático. También argumentaron que Sabbatella actuó con "trato diferencial" y "arbitrario" contra Clarín, con la intención de entorpecer y restringir sus libertades como medio de comunicación. Sin obviar que, durante el juicio, se dejó en constancia que pese a que la Ley de Medios fue declarada constitucional, no facultaba a la AFSCA a forzar modificaciones sin mediar los plazos y recursos previstos para las empresas alcanzadas.

Ante estas acusaciones, la defensa del exfuncionario bonaerense fue apelar la condena inicial, lo que generó que el caso se eleve hasta la Cámara Federal de Casación Penal, la cual confirmó la sentencia en una revisión posterior. Finalmente, la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, decidió desestimar la última apelación de Sabbatella, dejando firme la condena y habilitando su ejecución.

Teniendo en cuenta que este fue condenado a seis meses de prisión, pero en suspenso, no deberá cumplir su sentencia en una prisión. No obstante, sí fue inhabilitado a ejercer cargos públicos, lo que motivó su renuncia como presidente del COMIREC.

Martín Sabbatella afirma ser víctima de "lawfare"

En su carta de renuncia, Sabbatella enfatizó que fue condenado "por el solo hecho de perseguir el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de todos los obligados a la misma, sin ningún tipo de privilegios". En referencia directa al Grupo Clarín, expresó que su condena fue una muestra de "persecución política", enmarcándola en lo que denominó como "lawfare", un término usado para describir el uso de procesos judiciales con fines de hostigamiento político.

"La referida causa fue iniciada por una denuncia efectuada por el Grupo Clarín el cual, juntamente con su máxima autoridad, Héctor Magnetto, se considera por encima de la Ley y las Instituciones de la Democracia", añadió y siguió: "Se me condena nada más que por cumplir con mi obligación de funcionario público y exigir al Grupo Clarín el acatamiento de una ley declarada constitucional por la misma Corte".

Haciendo clara referencia a la situación que la exvicepresidente dice haber sufrido, Sabbatella insistió en que el "lawfare" del que es víctima va ligado también con la "persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación", combinando "acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa" que, a su criterio, busca "disciplinar al sistema político".

"Te pueden inhibir para ejercer cargos públicos, pero no te pueden inhibir para pensar y para militar todos los días, como lo hacemos desde hace muchos años", concluyó este miércoles en diálogo con radio AM750. Tras la pronta salida del ahora expresidente de COMIREC, el gobierno de Kicillof no anunció quién tomará el cargo de titular del organismo encargado de la gestión y recuperación de la Cuenca del Río Reconquista.

De qué se trataba la "Ley de Medios"

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también llamada Ley de Medios, fue aprobada en octubre de 2009 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La regulación intentaba modificar el sistema de medios nacional, fomentando una mayor diversidad en la propiedad de los medios de comunicación, con la finalidad de prevenir la concentración de licencias y garantizar que el espectro de radio y televisión no esté controlado por un reducido grupo de empresas.

Entre los objetivos, la ley buscaba restringir el número de licencias que podía tener una misma firma, obligando a los grupos mediáticos a deshacerse de activos si superaban los límites fijados. Por esto mismo, la iniciativa fue ponderada por aquellos que cuestionaban la concentración de los medios y fue ratificada con amplio apoyo en el Congreso, aunque no sin provocar disputas y polémica.

La Ley de Medios fue tildada por la oposición y diversos sectores de la sociedad como un esfuerzo del gobierno kirchnerista por manejar el contenido informativo. Todo bajo el argumento que, en lugar de ser un recurso para democratizar la comunicación, el proyecto buscaba desincentivar a los grandes medios, en especial a los que eran críticos del gobierno.

También sostuvieron que, bajo el pretexto de "pluralidad de voces", se ocultaba una táctica para restringir la libertad de prensa y debilitar a opositores como el Grupo Clarín, que a menudo indagaba y denunciaba actos de corrupción. En 2013, la Corte Suprema la declaró constitucional y la implementación de la Ley de Medios siguió siendo objeto de debate hasta su desmantelamiento parcial en 2015, cuando Mauricio Macri cambió algunas de sus disposiciones clave a través de un decreto presidencial.