Milei ya tiene fecha para la votación del Presupuesto 2025: qué temas siguen en conflicto

Aunque las negociaciones por el Presupuesto 2025, el primero del presidente Javier Milei, avanzan a paso lento en la Cámara de Diputados el oficialismo ya tiene una hoja de ruta tentativa para llegar a la votación el 20 de noviembre, aunque todavía enfrenta varios puntos de conflicto en la discusión con el arco opositor que le impiden asegurarse la aprobación.

Mientras la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza José Luis Espert se prepara para recibir el jueves al secretario de Salud, Mario Lugones, que expondrá sobre las partidas de su área como ya lo hicieron otros funcionarios, fuentes del oficialismo y la oposición deslizaron a iProfesional que la idea es pasar a la firma el dictamen y clausurar esta etapa del debate la semana próxima.

De esa forma, "la ley de leyes" quedaría en condiciones de ser votada por el pleno de la Cámara baja entre el 20 y el 21 de noviembre. "Igual hay que ver. Vamos semana a semana", se atajan en la comisión, donde saben que la negociación con la UCR, Encuentro Federal e incluso con el PRO presenta varias complicaciones por el corset que les puso Milei con la regla fiscal inviolable del "déficit cero", que les impide crear gastos sin una fuente de financiamiento precisa.

Igualmente, la fecha tentativa que ponen no es azarosa. El período de sesiones ordinarias del Congreso termina el 30 de noviembre y las comisiones pueden firmar dictámenes hasta el 20. Se da por descontado que el Gobierno tendrá que convocar a sesiones extraordinarias para que el Presupuesto -si se aprueba en Diputados- se vote en el Senado.

En cualquier caso, el oficialismo tendrá que aceitar mucho el diálogo con variopinto arco opositor para no sufrir contratiempos en la hoja de ruta que se trazó. En ese marco, Milei recibirá este martes a los gobernadores de la UCR, como hizo anteriormente con los del PRO y partidos provinciales.

Javier Milei y la discusión con gobernadores que más traba el Presupuesto 2025

El diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores es clave para que el oficialismo llegue a la fecha prevista del 20 de noviembre si no con los 129 votos cerrados, al menos con cierta tranquilidad sobre la posibilidad de aprobar y girar al Senado el proyecto. Esto es así porque esa relación involucra uno de los puntos críticos del debate: las deudas de la Nación con las provincias.

Los ítems principales son las jubilatorias provinciales no transferidas, la obra pública y el fondo compensador del Consenso Fiscal. En atención a ese planteo, el Gobierno creó la semana pasada el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que, como anticipó en exclusiva iProfesional, busca facilitar la cancelación de esas deudas con las provincias mediante el traspaso de terrenos, rutas, puertos y bienes en manos del Estado Nacional.

La propuesta interesó a varios gobernadores, pero esperan más detalles por parte del Ejecutivo. Mientras tanto, los diputados que les responden barajan propuestas de cláusulas y retoques en el proyecto de Presupuesto para atender este punto. Los distintos jefes territoriales influyen en distintos bloques, entre ellos el de Encuentro Federal, uno de los sectores más enfocados en el tema de la deuda de la Nación.

El bloque que preside Miguel Pichetto asegura que presentará un dictamen de Presupuesto propio, ajustado a la regla fiscal de Milei pero con cambios en la distribución de las partidas. Entre otros puntos, planteará un mecanismo para hacer más automáticas las transferencias a las cajas jubilatorias provinciales.

Con una Cámara tan fragmentada, los 16 votos de este bloque tienen un peso significativo y suele actuar en conjunto con Innovación Federal (8). No obstante, entre ellos hay diputados de Córdoba, Entre Ríos, Chubut, socialistas de Santa Fe y ex PRO. Esto le da la posibilidad al Gobierno de dividirlos aunque para ello necesita acordar con los gobernadores que tallan en ese sector de la oposición y eso, por ahora, no ocurrió.

¿Cuáles son los otros temas conflictivos del Presupuesto? 

La deuda con las provincias es un punto crítico del debate sobre el Presupuesto 2025, pero no el único. La oposición también quiere un incremento en las partidas para jubilaciones y universidades. Si bien el bloque UCR es menos inflexible que el de Pichetto (no comparten la idea de ir con un dictamen separado que le quite fuerza al del oficialismo), en ese tema tienen una coincidencia.

Ambos miran los "gastos tributarios". Señalan que de esa masa de recursos que el Estado resigna por otorgar beneficios impositivos a empresas y sectores puntuales de la economía -como el régimen de exenciones que tienen los ensambladores de tecnología de Tierra del Fuego- pueden salir los fondos para mejorar esas partidas.

Sin embargo hasta ahora no encuentran un acuerdo con el Gobierno sobre eso. El ministro de Economía, Luis Caputo, tampoco les da señales de querer mejorar esas partidas por alguna otra vía y el tema se perfila como un punto de conflicto importante, sobre todo porque la oposición ya intentó una vez retocar los gastos tributarios, durante el debate de la Ley Bases. Tiene capacidad de presión.

En la pulseada por esa parte del Presupuesto, el Gobierno metió otro punto de discusión: el "gasto político". La idea que filtró directamente la Casa Rosada fue la de mejorar el financiamiento de las universidades con un recorte sobre los fondos que el Estado destina a los partidos y la suspensión de las elecciones primarias (PASO).

En la oposición retrucaron que eso no alcanzaría para cubrir siquiera la mitad del presupuesto estimado por el Centro Interuniversitario Nacional (CIN), que asciende a unos $7 billones y lo entendieron como una chicana de Milei, que quiere envolverlos en el relato de "la casta política vs. la gente". Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que el tema del "gasto político" lo tienen efectivamente en su carpeta para la áspera negociación.

Los planteos también salen del PRO: ¿qué reclama el principal aliado de Milei? 

Lo cierto es que la contraoferta del Gobierno cayó mal en la oposición dialoguista e incluso en el PRO, su aliado más cercano. Si bien en la Rosada aseguraron que lo estaban conversando con ellos, varios diputados del bloque que encabeza Cristian Ritondo dejaron saber, se enteraron por la versión que echó a correr el oficialismo y eso molestó.

Fuentes del PRO confirmaron a este medio que el tema del "gasto político" en el Presupuesto "se va a charlar" en la mesa de coordinación parlamentaria que armaron con el Ejecutivo, donde suele aparecer últimamente Santiago Caputo, el asesor más estrecho de Milei. Pero no están de acuerdo con eliminar las PASO. Los otros bloques tampoco apoyan la idea.

La discusión, si avanza, se centrará entonces sobre el financiamiento público de los partidos políticos y la posibilidad de un recorte que agitan las usinas libertarias. De todas formas, en la negociación por el Presupuesto al PRO le interesa más la deuda de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables que le recortó la gestión de Alberto Fernández.

Si bien hubo ya un principio de acuerdo, el pago del 2,95% que ordenó la Corte Suprema no se contempló en el proyecto y el PRO busca incorporar una cláusula que le garantice que esos fondos llegarán el próximo año a su principal bastión electoral.

Los puntos principales del Presupuesto 2025

El Presupuesto 2025 proyecta que la inflación se desacelerará y será 18,3% interanual, el nivel más bajo en más de diez años, y que el dólar oficial llegue a $1.207 para diciembre de ese año, pero su eje central es la regla de "déficit cero" que incorporó Milei como condición inviolable. Por eso, el estima recursos totales por $125 billones, equivalentes al 16,5% del PBI (0,2 puntos abajo respecto a 2024) y gastos totales también por $125 billones.

La proyección del 18% de inflación es otro tema que se coló en las negociaciones del Congreso. Las mediciones privadas y la del FMI pronostican que rondará el 40%. La subestimación de ese número en el Presupuesto le permitiría a Milei contar con recursos adicionales para gastar discrecionalmente. El kirchnerismo solía hacerlo. La oposición intenta ahora que haya algún control sobre ese posible excedente de recaudación, especialmente por tratarse de un año electoral. 

El texto anticipa un superávit en términos del PBI con un resultado primario de 1,3%. El Gobierno estimó un resultado financiero superavitario de $190.655 millones y un crecimiento del PBI de 5% tras una caída proyectada en 3,8% para este año, pero prevé que sea sostenido en los años siguientes (otro 5% en 2026 y 5,5% en 2027).

La suba estaría impulsada, según el proyecto, por la industria y el comercio, con un crecimiento de 6,2% y 6,7%, respectivamente. Respecto del sector agropecuario, el presupuesto adelanta un avance del 3,5%. A su vez, el Gobierno espera un superávit comercial de poco más de u$s20.000 millones, con un incremento de 9% en las exportaciones y del 13,4% en las importaciones.

La tropa parlamentaria de Javier Milei ya tiene una fecha tentativa para llevar este Presupuesto al recinto de la Cámara de Diputados así como una hoja de ruta que incluye una negociación "en espejo" con el Senado, para que se reflejen allí los acuerdos que se logren en Diputados y haya menos riesgo de demoras o cambios imprevistos. Sin embargo, esos acuerdos todavía no aparecen.