La Justicia citó a declarar a Alberto Fernández como acusado en la causa de los seguros
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El expresidente Alberto Fernández fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Julián Ercolini en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gobierno.
La citación es para el miércoles 20 de noviembre, a las 10 de la mañana. El juez citó también a otras 38 personas, entre las que se encuentran el empresario Héctor Martínez Sosa, su mujer María Cantero, y varios ex funcionarios de directorio de Nación Seguros.
Escándalo de los seguros: citaron a indagatoria a Alberto Fernández
Luego de Fernández, el 21 de noviembre deberían declarar Martínez Sosa y su mujer, la histórica secretaria del expresidente. Entre otros, la lista de citados incluye al ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a otros ex funcionarios de ese organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, y Mauro Tanos.
También fueron citados varios empresarios ligados a las principales empresas aseguradoras que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023.
"La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de 'Nación Seguros SA' y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de "Nación Seguros", dice la resolución del juez Ercolini.
Entre los citados a indagatoria también aparece ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, quien intercedió ante Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados con la ANSES.
Además fue citado a indagatoria el empresario Alfredo Del Corro, uno de los "dueños" de la cooperativa 7 de mayo, que recibió decenas de transferencias sospechosas de algunos brokers investigados, tal como reveló Infobae.
Esa cooperativa apareció en escena al comienzo del escándalo. Fue un hallazgo totalmente casual: la Policía siguió un auto luego de un allanamiento en la empresa San Ignacio y terminó descubriendo dos camionetas 4x4 registradas a nombre de esa firma. Esa pista expuso una red de contactos entre ex funcionarios de Nación Seguros y empresas aseguradoras.
Escándalo de los seguros: qué decía el decreto que firmó Fernández
El foco en particular está puesto en los créditos de la ANSES a los jubilados. Antes del gobierno del Frente de Todos, el organismo previsional usaba autoseguros, pero a fines de 2021, por una orden de Alberto Fernández, todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros. El problema era que Nación Seguros contrataba, a su vez, a varios bróker y a empresas privadas aseguradoras que se llevaban grandes comisiones.
Ese decreto además establecía que los contratos debían hacerse mediante convenio interadministrativo para el caso de la administración central y por régimen de contrataciones para el caso de empresas públicas y entes fiduciarios.
En el texto del decreto se prohíbe expresamente la subcontratación de pólizas, pero no se hace mención a que no podría haber gestores. Ahí es donde aparecen los intermediarios bajo sospecha.
El mismo establecía que todas las entidades del Sector Público Nacional "deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera"
El artículo 4 de la norma, aclaraba que, "a su vez, esta empresa podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo", dar participación en forma de coaseguro, "a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros".
De esta manera se habilitaba el ingreso de intermediarios que debían estar bien conectados, ya que no se habría generado ninguna licitación ni compulsa su contratación.
La normativa detallaba que "los porcentajes a ofrecer a otras entidades del mercado deberán guardar proporción con respecto a su responsabilidad patrimonial y demás indicadores que considere para su evaluación y para tales ofrecimientos, y, en su caso, con la eventual participación de entidades reaseguradoras del mercado local y/o reaseguradoras admitidas del exterior, dentro del marco normativo vigente".
Las pólizas en cuestión fueron emitidas con una vigencia de 12 meses y originalmente vencían el 2 de marzo de 2023, pero la gestión de Alberto Fernández optó por hacer uso de la prórroga "por única vez y por un plazo igual", por lo que se extendieron hasta esa misma fecha, pero de este año. Ante posibles irregularidades en los contratos y en las comisiones que se cobraban por las pólizas de seguro de jubilados y beneficiarios de planes sociales que sacaran un crédito en el ANSES se podría abrir una causa judicial.