La impactante cifra de empleados públicos despedidos desde que asumió Milei
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El Gobierno redujo la planta estatal en 33.291 personas desde que asumió en diciembre, según los datos que brindó esta mañana el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta en la red social X.
"La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público. Todo el equipo del presidente Javier Milei trabaja para ello. Acá el gráfico (foto de abajo) con la variación en la planta de empleados públicos actualizada a septiembre", escribió el funcionario a quien el jefe de Estado encargó la tarea de achicar al sector público, para conseguir lo más rápido posible el equilibrio de las cuentas fiscales, en su intento de reencauzar los números deficitarios de la economía doméstica.
Empleo público: cuánto se redujo durante el gobierno de Javier Milei
En ese gráfico se puede apreciar como, mes tras mes, los puestos en el Estado se redujeron; de esa cifra, de acuerdo al ministro, 20.026 pertenecen a la administración centralizada y descentralizada, otros 2.251 al personal militar y de las fuerzas de Seguridad y 11.014 a empresas del Estado.
Los mayores recortes se produjeron al comienzo de la gestión: en enero se desvinculó a 7.607 personas y en abril fueron 7.000 agentes menos, entre los que se incluyen ceses de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones.
En diciembre, el Gobierno decidió cancelar los contratos de quienes habían ingresado a la administración pública durante el mandato de Alberto Fernández y establecer renovaciones solamente por tres meses. Así, en abril y en julio se registra la mayor cantidad de egresos, mientras que en septiembre (hasta donde llega el gráfico que publicó Sturzenegger) la disminución fue sensiblemente menor.
Nuevos requisitos para trabajar en el Estado
En agosto, a través del decreto 695/2024, el Gobierno argentino estableció una serie de modificaciones significativas en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.
Este decreto reglamenta el Título II de la normativa vigente.
Una de las principales innovaciones es la introducción de una "Evaluación General de conocimientos y competencias" para trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima y la diseñará y reglamentará la Autoridad de Aplicación. La identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.
El decreto establece que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, "así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública".
En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días. Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera.
También se ha estipulado que "no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica".
El desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación.
El régimen de contrataciones incluye la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias. Estas modalidades están destinadas a actividades de carácter transitorio o estacional. Los contratos especificarán las funciones del empleado, la equiparación escalafonaria y la duración del trabajo. El personal contratado bajo este régimen no gozará de estabilidad y su contrato podrá ser rescindido en cualquier momento.