Milei acelera la motosierra, pero negocia el Presupuesto y acepta un cambio clave

En pocas horas el gobierno de Javier Milei dio varias muestras concretas de que el "plan motosierra" sobre el Estado no se detendrá, pero para lograr la aprobación del Presupuesto 2025 abrió una negociación con bloques opositores en la cual ya empezó a aceptar cambios al proyecto que podrían suavizar el recorte de gastos y uno muy importante que ya está acordado se da en el área de educación.

Entre lunes y miércoles de esta semana el Gobierno anunció la disolución de la AFIP y su reemplazo por una nueva agencia con menos personal y sueldos más bajos; la intimación a 10 mil empleados públicos para que inicien el trámite de jubilación y ahora la privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas.

Con esta batería de anuncios -que continuarán en los próximos días, según prometen en el oficialismo- el Gobierno busca demostrar su intención de acelerar el ajuste sobre el Estado. Sin embargo, de cara a 2025 el avance de la "motosierra" de Milei se refleja en el proyecto de ley de Presupuesto y para aprobar esa hoja de ruta necesita acuerdos en el Congreso.

Esa necesidad empezó a obligar al Gobierno a revisar algunos puntos del Presupuesto relacionados con el ajuste a pedido de la oposición y ser un poco más flexible de lo que se muestra en los anuncios. Por caso, el proyecto establecía la suspensión de la ley que obliga a destinar el 6% del PBI a la educación pero, ante un planteo de la UCR, aceptó no tocar ese nivel de inversión estatal.

Cambio clave en Presupuesto 2025: ¿límites para la "motosierra" de Javier Milei?

El cambio fue confirmado por el jefe del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, al salir de una reunión que tuvo lugar este miércoles en la Casa Rosada. Habitualmente participan de esos encuentros los legisladores de La Libertad Avanza y del PRO y esta vez se sumó una delegación de radicales.

Por el Gobierno estuvieron el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo. Estas presencias y en especial la de Caputo son, para la oposición, la garantía de que lo acordado contará con la venia de Milei.

"Nos vamos satisfechos los radicales porque vinimos con una serie de planteos sobre el Presupuesto pero uno ya lo hemos obtenido y tiene que ver con que en el Presupuesto se preveía suspender la previsión de inversión de 6 puntos del PBI en educación y un punto en ciencia y tecnología. Se cambió ese criterio y se va a sostener esa exigencia en el proyecto", afirmó De Loredo.

No es una modificación menor, porque la suspensión de esa previsión presupuestaria que el Gobierno había incluido en el Presupuesto no podía tener ningún otro objetivo que no fuera el recorte de esa inversión por debajo de los 6 puntos del PBI, es decir, "motosierra" en el área de educación. Por presión del radicalismo el Ejecutivo dio marcha atrás con ese plan.

Sin embargo, no todos en la oposición comparten la mirada de De Loredo. El diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica cuestionó al radical y dijo que el "supuesto acuerdo"para no suspender las metas de inversión en educación "no tiene ninguna consecuencia real o material" porque ese 6% del PBI "se incumple desde la sanción de la ley, que solo se respetó en 2015".

De cualquier forma, el cambio destacado por De Loredo no es el único punto del Presupuesto 2025 vinculado al plan de ajuste sobre el Estado que el Gobierno podría verse obligado a modificar para aprobar la ley. Otros temas como las jubilaciones, las asignaciones familiares y las cajas provinciales que están en discusión.

El ajuste de Javier Milei en el Presupuesto y los puntos críticos que se discuten 

En la lista de observaciones que la UCR le acercó al Gobierno y que comparte con otros bloques de la llamada "oposición dialoguista" como Encuentro Federal figura el artículo 69 del Presupuesto 2025 referido a la movilidad jubilatoria. Fuentes del radicalismo explicaron a iProfesional que allí se ratifica el DNU con el que se estableció la nueva fórmula y que esto "implica una quita del 8% a los jubilados".

De acuerdo a las fuentes consultadas, también pusieron la mira en el artículo 68 que deroga la movilidad de asignaciones familiares. "Convierte este gasto en discrecional, eliminando la garantía de actualización automática, lo que afectará negativamente a muchas familias", apuntan los diputados.

Asimismo critican un recorte que prevé el Presupuesto 2025 en el Fondo Nacional de los Bosques, porque asigna $1.500 millones y esto incumpliría el mínimo legal de 0,3% del presupuesto total, lo que "afecta directamente la conservación ambiental", según entienden los legisladores.

Todos estos puntos del proyecto están íntimamente vinculados al ajuste que lleva adelante Milei. El interrogante es hasta dónde el Gobierno estará dispuesto a modificarlos, especialmente cuando la regla que fijó el Presidente para la negociación es que el aumento de cualquier gasto debe solventarse con la reducción de otra partida.

"Vamos paso a paso. Este es un paso muy importante, pero vamos de a poco", señaló a la salida de la reunión De Loredo, en referencia al cambio en el presupuesto apara educación y consciente de que hay varios puntos que todavía faltan discutir, entre ellos, los recursos que bajan de la Nación a las provincias, un tema que podría ser la llave de la aprobación del Presupuesto.

El reclamo de las provincias al Gobierno: ¿por dónde pasa el recorte?

Durante la reunión de este miércoles los diputados de la UCR también llevaron a la Rosada pedidos de los cinco gobernadores radicales que, según explicó De Loredo, "comprenden que hay que ser austeros desde lo público y advierten que el Gobierno suspende una serie de transferencias (a las provincias) pero subsisten asignaciones específicas".

Así se refirió al destino que se le da la recaudación de algunos impuestos, como los que financian a la Anses, por ejemplo. El planteo de los gobernadores es que la administración de Milei "revea algunas asignaciones específicas para que vuelvan a la masa coparticipable", es decir, que se compense el recorte que ya ejecutó el Gobierno en fondos como el del transporte y el de los docentes que aportaban recursos a las provincias.

En esa cuestión aparece, de fondo, un planteo que hizo público el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo: que se elimine o se reduzca la retención del 1,9% de los impuestos coparticipables para financiar los gastos de funcionamiento de la AFIP, ahora que el Gobierno decidió reemplazar y achicar a ese organismo.

¿Cómo intenta la oposición reorientar el "plan motosierra" de Javier Milei en el Presupuesto?

En este marco, el ajuste sobre el Estado que Milei puso en marcha y que empezó a profundizar en los últimos días podría verse alterado en el Presupuesto para el año próximo. El plan que unifica a toda la oposición dialoguista por el momento es morigerar el recorte que tenía previsto hacer el Gobierno en áreas sensibles y trasladar la "motosierra" a los gastos tributarios.

Ese conjunto de recursos vía impuestos que el Estado deja de percibir por las exenciones que gozan sectores económicos y empresas puntuales (por ejemplo con el IVA) no es obra de Milei sino que viene de antes, pero curiosamente el Gobierno no quiso tocarlo cuando la oposición intentó meter el tema en el debate de la Ley Bases. Ahora, los bloques de la UCR, Encuentro Federal están decididos a redoblar la presión.

Y es que el Presidente ya advirtió que prefiere no tener presupuesto antes que tener un presupuesto con déficit y, en ese sentido, fijó como regla inquebrantable que para aumentar un partida se debe reducir otra y los gastos tributarios "son grandes candidatos", según coincidieron ante las consultas de iProfesional fuentes de distintos bloques.

Según un relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), para 2025 el gasto tributario ronda los $27 billones, el equivalente al 3,5% del PBI. La oposición pretende recortarlo para aliviar el ajuste sobre jubilaciones, educación (incluidas las universidades, que siguen en conflicto con el Gobierno), provincias y demás.

En este contexto, el "plan motosierra" de Javier Milei avanza montado en la Ley Bases y en el DNU 70/2023, que son la columna vertebral de la gestión libertaria, pero en el Presupuesto 2025 va camino a toparse con algunos límites y ser, de mínima, reorientado. Dependerá de la flexibilidad que muestre el Gobierno en la negociación con la oposición para aprobarlo.