La oposición quiere reformar ley que limite el poder de Milei a través de los DNU

Con la intención de prevenir un exceso por parte del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la oposición se prepara en la Cámara de Diputados para dar el debate sobre proyectos que proponen una reforma de la Ley 26.122, que regula el trámite de estos instrumentos en el Congreso, y que fue impulsada en 2006 por Cristina Kirchner cuando era senadora. 

Bloques dialoguistas, con la anuencia de Unión por la Patria, dieron el primer paso contundente en la última sesión, al aprobar a mano alzada un emplazamiento de comisiones, lo que significa que le pusieron fecha y hora al inicio de la discusión. Así, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento deberán reunirse el próximo miércoles 16 de octubre a las 17 horas, el miércoles 23 en el mismo horario y el 30 de este mes para emitir dictamen. 

La intención de reformar la Ley 26.122 no es nueva, pero recobró fuerza al iniciarse el gobierno de Javier Milei, quien dictó el mega DNU 70/23 modificando más de 300 leyes y del cual muchos aseguran no hubo uno semejante en la historia (desde 1994, cuando se introdujeron en la reforma constitucional). 

Durante los 10 meses que lleva de gestión, el presidente ya firmó más de 40 DNU, siendo de lo más recientes el que modifica el nombre del ex Centro Cultural Néstor Kirchner por Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, que cambia la Ley 26.794. "Atento a la proximidad de la fecha de la conmemoración de la asunción de la Presidencia de la Nación de Domingo Faustino Sarmiento, se hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en nuestra Constitución Nacional para la sanción de las leyes", argumentó el Ejecutivo sobre la "urgencia" de la medida. 

Acelerar plazos y permitir la derogación con el rechazo de una sola cámara: qué dicen los proyectos

En carpeta hay una veintena de proyectos con estado parlamentario presentados en ambas cámaras. Algunos guardan bastante similitud. Entre los cambios más importantes, se busca que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que analiza también los decretos reglamentarios y de promulgación parcial de leyes, no "duerma" el tratamiento de los expedientes una vez ingresados al Congreso. 

Con el fin de esquivar el debate sobre el DNU 70/23, el oficialismo arrancó este año el trabajo en la bicameral tratando extemporáneamente decretos pendientes de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, muchos de ellos con objeto cumplido. En lo que va del año, sólo dictaminó sobre 7 DNU de Milei. Y, aunque la oposición había reclamado que se reúna periódicamente, no lo hizo. En las iniciativas que buscan modificar el rol de esta comisión, se prevé que tenga que abocarse "de oficio" al tratamiento pasados los 10 días corridos desde su dictado. 

Otras de las reformas que se plantean tiene que ver con que el voto de una sola cámara alcance para la derogación de un DNU. Actualmente, la Ley 26.122 establece que un DNU puede resultar avalado si se aprueba en una de las dos cámaras, pero para su rechazo debe ser tratado en ambas. Es así que, bajo esta norma, el DNU 70/23 que fue rechazado en el Senado continúa vigente porque en la Cámara de Diputados nunca se reunió el número para voltearlo.

Sin embargo, el oficialismo sí sintió su extrema minoría parlamentaria en el caso del DNU 656/24, por el cual el Gobierno había otorgado 100 mil millones de pesos a la SIDE en concepto de gastos reservados, el cual se votó en contra en ambas cámaras y se convirtió en el primer DNU en la historia en ser rechazado por el Congreso. Hasta el bloque Pro le soltó la mano a La Libertad Avanza en esa ocasión. 

Durante el reclamo de diputados dialoguistas para emplazar a las comisiones, el cordobés Oscar Agost Carreño le enrostró al oficialismo y sus aliados que en el pasado presentaron proyectos en este sentido la propia diputada del Pro Silvia Lospennato, quien hoy preside la Comisión de Peticiones y se ha convertido en una socia clave de LLA, y la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Las iniciativas con estado parlamentario en la Cámara de Diputados son de Carla Carrizo (UCR), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Mónica Litza (UP), Pablo Juliano (UCR), Mónica Fein (Encuentro Federal), Fernando Carbajal (UCR), Roberto Mirabella (UP), Juan Manuel López (CC-ARI), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), más otras tres de diputados con mandato cumplido.

En tanto, en el Senado presentaron proyectos Eduardo Vischi (UCR), Lucila Crexell (Las Provincias Unidas), Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR) y Carolina Losada (UCR). 

¿Cuándo podría perder vigencia un decreto si no se debate en el Congreso?

En los fundamentos de su proyecto, la radical Carla Carrizo precisó que "de los 375 DNU emitidos contando las presidencias de Néstor Kirchner -desde julio del 2006-, dos mandatos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, el 75% fueron tratados en la Comisión Bicameral, aunque esa proporción disminuye en los mandatos de Macri y Fernández (59% y 62%, respectivamente). Sin embargo, sólo el 11,2% de los DNU fueron tratados por ambas cámaras y un 42,2% por alguna cámara. Esto significa que casi 1 de cada 2 DNU no tuvieron tratamiento legislativo alguno". 

En la actualidad, la ley que regula los decretos dice que la bicameral debe expedirse sobre la validez o invalidez de los mismos, de acuerdo a "la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente". Lo que se busca en la reforma es ampliar este artículo, para que también se contemple si el DNU abarca una sola materia, si tiene una debida fundamentación y si efectivamente responde a necesidad y urgencia. 

Además, como actualmente sólo puede considerarse el DNU en su totalidad, hay diputados que proponen poder "expedirse sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas". Esto significa poder "abrir" el decreto para su análisis. El texto presentado por Agost Carreño plantea que un DNU pueda ser aprobado y rechazado en partes y que aquello que se suprima por los legisladores quede derogado. 

También, atento al uso que se hace de estas herramientas especialmente en el receso legislativo, hay quienes impulsan que una vez publicado un DNU se convoque "de inmediato" a sesiones extraordinarias. Si bien la comisión funciona todo el año, para que se abran los recintos en el verano se requiere que el PEN llame a sesionar. 

Sobre los plazos, el texto impulsado por Carrizo prevé que los DNU que no sean considerados por ninguna de las cámaras dentro de los 60 días, perderían su vigencia. Y, en el caso que fueran aprobados por un cámara, pero en los 30 días corridos posteriores no se hayan aprobado en la otra, también quedarían sin efecto. 

En tanto, Agost Carreño plantea que si se vencen todos los plazos para su tratamiento tanto en comisión como en los plenos, "caducará la vigencia del decreto, resultando nulo de nulidad absoluta cualquier disposición de carácter legislativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los siguientes seis meses, a fin de regular la misma materia".