Que los extranjeros paguen: el Gobierno avanza en arancelar las universidades
Luego de la masiva marcha del miércoles, y tras vetar la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se dispone a reglamentar el capítulo de educación incluido en la Ley Bases. Y, dentro de los puntos más destacados, habilitará a que las universidades cobren aranceles a extranjeros no residentes.
Según trascendió, el presidente Javier Milei ya tiene definida la reglamentación, que también fijará diferentes criterios para distribuir recursos a las universidades, observando la relación entre cantidad de alumnos y graduados.
El Gobierno avanza en arancelar las universidades para extranjeros
Según trascendió, el Gobierno "ya tiene lista" la reglamentación del capítulo educación de la Ley Bases y en en los próximos días se oficializará a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. "Dependerá del timing de la Casa Rosada. Teóricamente las condiciones ya están dadas para que se envíe", señalan funcionarios cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Las dudas sobre la oficialización se dan debido a la polémica que suscitó el reciente veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, horas después de la masiva marcha del miércoles. Es por eso que una de las hipótesis es que puede esperar hasta después del debate en Diputados, previsto para el miércoles 9 de octubre.
Lo que plantea la iniciativa que reglamentará el Gobierno en uno de sus artículos es justamente habilitar a las universidades a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes.
Una vez reglamentado el proyecto, serán las mismas universidades las que deberán decidir si cobrarán, o no, a los extranjeros. Hasta el momento, esa posibilidad está prohibida en el país.
Asimismo, la normativa modificará los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación a la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos. Otro de los puntos que incluirá será "la evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo".
Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional el 12 de septiembre de 2024, a pesar de una masiva marcha de protesta que tuvo lugar el miércoles anterior. Esta decisión quedó formalizada en el Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial el jueves 3 de octubre, que establece el rechazo total del proyecto de ley registrado bajo el número 27.757. El decreto devuelve el texto al Congreso para su reconsideración.
En los considerandos del decreto, el gobierno nacional explica las razones detrás del veto, subrayando que el proyecto de ley modificaba el régimen jurídico de financiamiento de las universidades nacionales, afectando partidas para gastos operativos y salarios del personal docente y no docente. El Poder Ejecutivo argumentó que la ley era "manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente", ya que no contemplaba el impacto fiscal ni indicaba las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los nuevos gastos, algo exigido por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera del Sector Público Nacional.
Dicha ley establece que cualquier norma que implique nuevos gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos para su financiamiento. El gobierno también citó el reglamento de la Cámara de Senadores, que en su artículo 126 exige que todo proyecto con implicancias presupuestarias incluya la estimación de los gastos y la fuente de financiamiento correspondiente. Según el reglamento, si esta información no es proporcionada, el proyecto no debe ser discutido en las sesiones hasta que se subsanen dichas omisiones.
El veto presidencial fue anticipado en las redes sociales a través de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X (anteriormente conocida como Twitter). En ese comunicado, se afirmó que Milei vetaría "el irresponsable proyecto de aumento del gasto público" aprobado por el Congreso y se reiteró que el presidente vetará cualquier proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica ni respete el equilibrio fiscal.
El mensaje enfatizó la necesidad de que los legisladores actúen con responsabilidad fiscal, especialmente en un momento económico delicado para el país, y añadió que el debate sobre el financiamiento de las universidades debe abordarse en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2025.