Gobierno anuló "curro" de Alberto Fernández con Mapuches y no cederá más tierras del Estado

Este martes, el Ministerio de Justicia de la Nación anuló el acuerdo que la administración del expresidente Alberto Fernández había firmado con las organizaciones "autodenominadas mapuches". El objetivo de dicho acuerdo, que contó con el aval del exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), era ceder terrenos estatales a la comunidad mapuche para evitar la toma de tierras.

Puntualmente, el acuerdo establecía que el Estado se comprometía a entregar tierras valiosas del Parque Nacional Nahuel Huapi a la comunidad Lafen Winkul Mapu, para que pudieran construir viviendas. No obstante, lo más polémico del documento fue que también incluía la provisión de seguridad para los "terroristas" (como los llamó Cúneo Libarona) y la eliminación de las causas penales contra los responsables de las tomas de terrenos en Villa Mascardi.

El principal argumento que utilizó el entonces jefe de Estado y sus funcionarios para justificar el acuerdo se basaba en la "atribución de derecho ancestral", dado que esas tierras son consideradas "sitios sagrados", donde los mapuches sostienen que solo puede actuar una "machi", a quien se le atribuye la capacidad de interactuar tanto en el plano natural como en el sobrenatural.

Alberto Fernández y mapuches: qué decía el acuerdo

El documento de tregua entre Nación y las organizaciones mapuches contenía un artículo que resaltaba el compromiso del Estado de "reconocer el REWE como sitio sagrado para el Pueblo Mapuche, a fin de que la Machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales. Para tal fin, se construirían tres rukas: la ruka Lawen (espacio donde pernoctarán los pacientes y se resguardarán los elementos necesarios para la medicina tradicional mapuche), la ruka Kellum (vivienda de los colaboradores indispensables de la machi) y la ruka de la Machi, donde residiría ella junto a su familia".

Otro artículo ratificaba este compromiso y agregaba un "permiso de uso del terreno identificado catastralmente como 19-7-A-011-14-0, ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi". También se especificaba que el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu sería reubicada en otras tierras. Así, la gestión anterior reconoció este terreno como "sagrado" y se lo entregó al grupo autodenominado "mapuche", asegurando la construcción de sus futuras viviendas con financiamiento estatal.

Un punto especialmente cuestionado de ese documento fue que, en su artículo 3, se señalaba que la Comunidad Lafken Winkul Mapu no estaba inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), que dependía del Instituto comandado por Pietragalla. Sin embargo, tanto el secretario como Fernández firmaron ese acuerdo, un acuerdo legal con una comunidad aborigen que no era reconocida como tal por el propio Estado.

Debido a las particularidades de este acuerdo, convalidado por el Ministerio Público Fiscal y un juez de primera instancia de Bariloche, la administración de Javier Milei, a través del titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen, presentó un escrito ante la Justicia para solicitar la anulación de todo su contenido. Según informó el ministro Cúneo Libarona, esta solicitud ya fue resuelta.

"Argentina no negocia con terroristas. Durante seis años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad", expresó en un mensaje difundido por X. Y agregó: "La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras; eso se terminó, anulamos ese acuerdo".

Las Abuelas de Plaza de Mayo, sin fondos del Gobierno

De la misma forma, esta semana Cúneo Libarona informó que Nación rescindirá de un contrato millonario en beneficio de Abuelas de Plaza de Mayo. Mediante X, acusó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de "regalarle" un contrato estrafalario a la organización, "un equivalente a hoy de 2300 millones de pesos".

"Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos, por ese motivo decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro", aseguró el ministro. A pesar de la contundencia de sus declaraciones, no especificó los detalles del contrato anulado con la entidad liderada por Estela de Carlotto.

Por su parte, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo desmintió al ministro y adelantó que lo denunciará por sugerir que las integrantes de la organización se apropiaron de fondos públicos.

"Si vieran la casita en la que vivo... ni un centavo", afirmó en una entrevista radial, y añadió que los gastos relacionados con las charlas impartidas por las abuelas eran solventados por ellas mismas. "Poníamos la plata de nuestra jubilación para poder viajar al exterior. No solo hemos puesto el dinero, sino nuestras vidas para encontrar a los nietos robados. Hemos trabajado con respeto y una historia pura". "He dejado mi vida en esto, no nos vamos a callar", concluyó.

Madres de Plaza de Mayo bajo la lupa

Asimismo, se está evaluando la posibilidad de reducir los fondos destinados a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. El principal motivo tiene que ver con la cantidad de egresados que tiene la misma: Entre 2020 y 2023, la institución logró que solo el 0,62% de sus alumnos se graduaran, lo que representó un gasto de 1.500 millones de pesos en solo 16 estudiantes. En términos específicos, en los años 2020 y 2023 ningún alumno concluyó sus estudios, mientras que en 2021 egresaron 12 y en 2022, únicamente 4.

En este contexto, el ministro explicó que mientras "el Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023" y "cada uno nos costó 100 millones de pesos". Por este motivo, anteriormente, Sandra Pettovello solicitó la intervención de la institución educativa mediante dos resoluciones emitidas por el Ministerio de Capital Humano, aunque esta semana quedaron sin efecto tras una medida cautelar solicitada por la presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias.