La verdad sobre el arancelamiento universitario: cuál es el plan de Javier Milei

A horas de que se realizó la segunda marcha masiva en contra de la decisión del presidente Javier Milei vetar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno amenaza con la posibilidad de impulsar un proyecto de ley para establecer el fin del ingreso irrestricto de estudiantes y el arancelamiento de las universidades públicas.

"Nuestro objetivo final es ir a un sistema en el que la universidad sea arancelada, es algo que Milei lo dijo mil veces en la campaña", enfatizaron a iProfesional fuentes oficiales, en momentos en que el Ejecutivo nacional vuelve a agitar el fantasma del arancelamiento.

"Que todavía no se haya implementado no quiere decir que nunca lo vayamos a hacer. Todos saben que las universidades se usan para hacer política y eso no puede seguir así. Un ámbito educativo no se puede transformar en un aguantadero", resaltó a este portal desde las usinas libertarias.

Fuentes cercanas a la secretaría de Educación de la Nación, comandada por Carlos Torrendel, revelaron a iProfesional que "se está trabajando" junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, en un proyecto de ley para "arancelar a extranjeros no residentes".

"Lo único que tiene el proyecto de ley es que las universidades puedan arancelar a extranjeros no residentes, el resto no es algo de agenda", subrayaron las fuentes consultadas, en un intento por  bajarle el tono a los trascendidos.

¿Cuál es el plan de Javier Milei para las universidades públicas?

"Somos muy respetuosos del estatus que tienen las universidades, ya que son autárquicas, pero todo se puede cambiar con una ley del Congreso de la Nación", plantearon fuentes oficiales a este portal.

Ante la consulta puntual acerca de si el Ejecutivo nacional evaluaba en el corto plazo la posibilidad de traspasar las universidades a las provincias, desde uno de los despachos de la Casa Rosada respondieron: "No es un tema que tengamos en agenda, además va en contra de la Constitución Nacional".

"Me parece de una irrealidad absoluta en términos políticos. No digo que sea algo que esté mal, pero es algo que lo tiene que votar el Congreso y eso no lo van a votar nunca ni con esta composición ni con otra", reconoció una importante fuente oficial, tras recordar que el Gobierno no tiene mayoría propia en el Parlamento y las alianzas con los bloques aliados "no funcionan como lo haría la tropa propia".

En esa línea, consideraron que si el gobierno de Javier Milei decidiera avanzar en el traspaso de las universidades nacionales "si o si tendría que salir por ley del congreso". 

"Si hay una ley que dice que son nacionales, para provincializarlas necesitás una ley del Congreso y que las legislaturas provinciales acepten la transferencia. Además, les tendríamos que dar los fondos. No es tan sencillo de hacer. No depende de lo que nosotros pudiéramos querer", agregaron.

A modo de ejemplo, la fuente consultada graficó: "Si yo quiero transferir a la provincia de Buenos Aires una universidad que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, lo primero que necesito es que el Congreso vote en ambas cámaras una ley nacional transfiriéndola y que la legislatura de la provincia acepte la transferencia en ambas cámaras".

"Las universidades son una cosa muy especial desde lo constitucional, no son un servicio público más. Lo que se aplica es el artículo 75, inciso 2, de la constitución que dice que la Nación no le puede transferir a las provincias nada si no hay acuerdo", puntualizaron.

Gobierno contra universidades: la pelea por el financiamiento

Lejos quedaron aquellos dichos de Javier Milei en campaña respecto de implementar un sistema de vouchers para el ámbito educativo y la nueva obsesión ronda en torno a saber a qué se destina el presupuesto universitario. 

Luego que Carlos Torrendel acusó a las universidades de "inventar" alumnos para recibir una mayor cantidad de fondos, en la Casa Rosada insisten en la importancia de que el Estado pueda realizar auditorías a las casas de estudio, algo que violaría la autonomía universitaria, ya que   la supervisión es responsabilidad de la Auditoría General de la Nación, que reporta al Congreso y no al Ejecutivo.

En los pasillos de Balcarce 50 consideran que "la situación económica del país no deja margen para que se despilfarre la plata de todos los argentinos y después nadie justifique en qué se gasto".

"Si quieren hacer cualquier cosa con las universidades, sería interesante que evalúen hacerlo con la guita propia y no ajena. Ya dijimos mil veces que pueden crear un fondo de financiamiento con el aporte de los graduados y cobrarle a los extranjeros no residentes. No toman ninguna de las alternativas y no entienden que no hay plata", concluyeron.