El Gobierno nacional comenzó el primer proceso de privatización de una empresa estatal

El Gobierno, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), comenzó el proceso de privatización de las empresas estatales y junto a la Provincia de Mendoza lanzó una licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones clase "C" de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA). Estas acciones representan el 84,9% del capital social de la empresa metalúrgica estatal.

El 63,7% del capital social, equivalente a 1.362.479.300 acciones, es propiedad de FONDEP, mientras que el 21,2%, equivalente a 453.446.800 acciones, pertenece a la Provincia de Mendoza.

Según se indica en el Boletín Oficial, la licitación permite la presentación de ofertas desde el 1° de octubre hasta el 31 de octubre de 2024, inclusive. El proceso, explica la resolución, está diseñado para garantizar la transparencia y el acceso a los interesados nacionales e internacionales, permitiendo la participación tanto de los actuales accionistas como de nuevos inversores.

Qué empresa estatal será la primera en entrar al proceso de privatización

IMPSA S.A., una compañía argentina con sede en Mendoza, es reconocida por su experiencia en la producción de bienes y servicios industriales. Esta licitación busca dar un nuevo impulso a la estructura de capital de la empresa mediante la venta de la participación mayoritaria en acciones clase "C". Las autoridades a cargo del proceso son el FONDEP y la Secretaría de Coordinación de Producción, encabezada por Juan Alberto Pazo, quien ha sido el encargado de firmar la convocatoria oficial.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca atraer inversiones para fortalecer el capital de IMPSA y continuar con su actividad productiva. Las acciones ofertadas comprenden una parte clave del control corporativo de la empresa, ya que los derechos de voto y los derechos políticos están incluidos en la operación de venta.

Este proceso de venta se produce en un momento crítico para IMPSA, que ha tenido un papel relevante en sectores como la energía y la ingeniería industrial, y que ahora busca una reestructuración a través de la inversión privada. Finalmente, en la publicación disponible en el Boletín Oficial se aclara que la apertura de sobres y la adjudicación de la licitación se realizarán bajo un estricto procedimiento público.

De esta manera el Gobierno nacional lleva a la práctica sus intenciones privatizadoras. Además de esta licitación, este miércoles se confirmó que Javier Milei declaró a Aerolíneas Argentinas empresa "sujeta a privatización", amparándose en la Ley de Reforma del Estado sancionada durante los inicios de la gestión de Carlos Menem.

Aerolíneas Argentinas, sujeta a privatización

El Gobierno Nacional declaró a la compañía Aerolíneas Argentinas como "sujeta a privatización", lo que abre el camino para su posible venta en medio de un conflicto con los sindicatos aeronáuticos por reclamos salariales. La decisión del Ejecutivo se fundamenta en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem. Según lo publicado en el decreto 873/24, firmado por el presidente Javier Milei, este es el primer paso para iniciar un proceso que deberá ser ratificado por el Congreso de la Nación.

La declaración se da en un contexto complejo, marcado por constantes paros y protestas de los gremios aeronáuticos que exigen mejoras salariales y rechazan despidos en la compañía estatal. El Gobierno sostiene que la privatización es una salida necesaria ante el déficit crónico que arrastra Aerolíneas Argentinas y el impacto que tiene en las finanzas públicas.

El decreto justifica la medida argumentando que el Tesoro Nacional no puede seguir soportando las pérdidas de "una empresa altamente deficitaria". Según lo expresado en el texto oficial, el financiamiento de Aerolíneas Argentinas ha requerido la inyección de cientos de millones de pesos provenientes de los impuestos de los ciudadanos, algo que, en la actual situación económica del país, resulta insostenible.

El Gobierno asegura que la privatización de la compañía permitiría una mejora en la prestación del servicio y reduciría el impacto en las arcas públicas. Además, sostiene que los recursos fiscales que actualmente se destinan a cubrir el déficit de la aerolínea podrían ser redirigidos hacia áreas más urgentes, como la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese sentido, el decreto subraya que la pobreza alcanza al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%.