El Gobierno busca que Cristina Kirchner devuelva una de las jubilaciones de privilegio y que no se presente en 2025
En plena ofensiva contra la casta tras el acto del sábado en parque Lezama, el gobierno del presidente Javier Milei retomó su estrategia "anti casta" e instruyó a sus funcionarios para que avancen con la derogación de las jubilaciones de privilegio para exfuncionarios, como había anticipado en su discurso del 1 de marzo como parte de las leyes contra los privilegios de la clase política.
La decisión fue transmitida esta tarde en una reunión que mantuvo el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y un grupo de diputados de La Libertad Avanza en Casa de Gobierno para analizar la agenda legislativa.
Allí se acordó avanzar en el texto que impulsaron los diputados del MID, integrantes del bloque libertario, Oscar Zago y Eduardo Falcone.
"Proponemos eliminar esos privilegios a partir de la promulgación de la presente Ley, sin limitarlos exclusivamente al Presidente y al Vice Presidente de la Nación", sostiene el proyecto presentado semanas atrás por los diputados aliados al gobierno de Milei.
En ese sentido, Zago precisó en declaraciones a iProfesional que "es muy importante derogar las jubilaciones de privilegio e invitar a todo aquel que tenga ese beneficio y que no lo necesita como la ex presidenta que cobra dos jubilaciones de privilegio, pueda acceder a una y dejar la otra".
Tras el pedido del gobierno, el oficialismo de Diputados se abocará ahora a convocar a las comisiones -5 en total- que deberán debatir el texto antes de llegar al recinto.
Se trata de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Previsión y Seguridad Social; de Relaciones Exteriores y la de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert.
La intención del oficialismo es avanzar lo más rápido posible en este tema para mantener vigente la agenda contra la casta que impulsa el gobierno de Milei.
Jubilaciones de privilegio: ¿qué dice el proyecto del oficialismo?
Artículo 1: Deróguese las Leyes 21.540, 22.430, 22.731 y 24.018, que establecen privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina.
Artículo 2: A las personas comprendidas en los regímenes derogados por el artículo 1° de la presente Ley les resultarán aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Artículo 3: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo segundo, a partir del cese en sus funciones el Presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato. Dicha asignación mensual será equivalente al 80% de la remuneración del Presidente de la Nación en ejercicio.
Artículo 4. Dado el principio de irretroactividad de las Leyes establecido por el artículo 3 del Código Civil, se dispone a) que el PEN invite formalmente a los ex Presidentes y Vice Presidentes de la Nación y demás ex funcionarios del PEN que actualmente perciban las asignaciones previstas en la Ley .24018 a renunciar a los privilegios previsionales de dicha Ley y a percibir en su lugar un monto equivalente al previsto en el artículo tercero, y b) que dentro de los 60 días de promulgada la presente Ley, el PEN publique en el sitio Argentina.gob.ar la nómina actualizada de los ex funcionarios que han accedido a lo previsto en el inciso a) y el listado de quienes no lo hayan hecho y elijan continuar gozando de los privilegios previsionales otorgados por la Ley 24018.
Artículo 5. De forma.
Ficha limpia: otra ley de Javier Milei contra Cristina Kirchner
En ese marco, también el oficialismo avanza con la idea de acelerar el debate sobre el proyecto de ficha limpia. Se trata de otro de los temas que formó parte de las leyes anti casta anunciadas por el presidente el 1 de marzo.
Si bien se trata de una iniciativa que se debate en el Congreso hace varios años, finalmente el proyecto obtuvo dictamen días atrás en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con el apoyo del oficialismo, Pro, UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal y el rechazo total del kirchnerismo.
Impide básicamente a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción postularse como candidatos a cargos públicos.
La última vez que la oposición intentó aprobar este proyecto fue en 2019, antes de la asunción del presidente Alberto Fernández pero el rechazo del kirchnerismo impidió que se avanzara y ahora La Libertad Avanza, Pro, UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, se unieron para que prospere finalmente este proyecto.
El proyecto incorpora un inciso al artículo 33 de la Ley N° 23.298, que establece condiciones para ser precandidatos electorales. Establece que los delitos contemplados por el régimen de Ficha Limpia son "cohecho y tráfico de influencias", "malversación de caudales públicos", "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", "exacciones ilegales", "enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados", "encubrimiento" y "fraude en perjuicio de la administración pública".
De esta manera y si avanza el proyecto en el Congreso, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría presentarse como candidata si es que la Cámara de Casación Penal confirma su condena.
En ese marco, otra de las transformaciones que se encuentran incluidas en el plan de reformas electorales que tienen el apoyo del Gobierno, aunque son proyectos presentados por el PRO y la UCR respectivamente, son las del régimen del voto en el extranjero y la Boleta Única de Papel.
Otra de las cuestiones en carpeta del oficialismo aunque con menor consenso es la eliminación de las PASO o bien con la modificación de su obligatoriedad que podría lograr consensos durante 2024, con importantes chances de prosperar.
La causa que podría ratificar la condena a Cristina Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a confirmar la condena a seis años de prisión contra Cristina por el delito de fraude al Estado al direccionar licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez, en la que se conoce como la causa de Vialidad.
La ratificación de la condena habría sido ya decidida por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y se conocerá en las próximas horas.
Si la Cámara Federal de Casación Penal confirma la condena en su contra, la única opción que le quedará a Cristina Kirchner para revertir la decisión será apelar ante la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que podría extenderse durante años.