La inédita trama de la banda brasileña que lavó millones de dólares desde una mansión en Nordelta
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Los acusan por un multimillonario lavado de dólares y pesos con criptoactivos como Bitcoin y USD Tether, entre otros métodos. Hubo 37 allanamientos en septiembre de 2023, el más resonante a una mansión del Barrio Privado La Isla, en Nordelta. A los principales acusados se los vincula con lavado de activos para el comando "Vermelho", una organización criminal de Brasil.
El 6 de agosto pasado gran parte del caso se envió a juicio. Todo parecía encaminado en la Justicia del norte bonaerense.
"Vermelho": la inédita trama de la banda que lavaba dólares en Nordelta
Pero ahora un Tribunal Oral de San Martín postula que la investigación debe irse a Comodoro Py 2002, el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires. Se declaró incompetente y resolvió derivar todo -al menos 38 cuerpos de expedientes- a un Tribunal porteño, para que el juicio se haga allí.
Con detenidos en cárcel común, otros bajo arresto domiciliario y el cabecilla todavía prófugo, la preparación y posterior puesta de fecha para inicio del juicio depende ahora de los tiempos judiciales.
El eje de la cuestión pasa por dónde se considera que se cometió un delito que incluye, manejo remoto de activos digitales.
Billeteras virtuales: las claves de las "wallets" en Tigre
Del 21 de octubre de 2015, al menos hasta el 7 de septiembre de 2023, se sucedieron maniobras de lavado para "otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (narcotráfico, estafas y evasión impositiva)", afirma la acusación.
Hubo colocación, aplicación y conversión en productos financieros y activos virtuales. Todo terminaba a nombre del principal acusado y aún prófugo Marcelo Alves de Sousa.
No hubo certificación de origen para un total aproximado de $84.918.576,04, u$s303.210, 188,73267 Bitcoins (a la fecha equivalente a u$s13.682.925) y USD Tether por 515.567.165 (u$s515.567.165), detalla la acusación.
"Está acreditado que esta asociación se encargó de la recepción y posterior transferencia de, al menos, u$s520.531.997,645 provenientes de un ilícito penal en el período 11 de febrero de 2021 a 6 de septiembre de 2023", se advierte en la causa penal.
Lo hacía a través de depósitos en efectivo realizados desde distintos puntos del país y transferencias de dinero remitidas por terceras personas quienes, a priori, no revestían relación alguna con el titular de la cuenta, explicó en su acusación el fiscal de San Isidro a cargo del caso Fernando Domínguez.
En la lujosa casa de Alves De Sousa, en La Isla, Nordelta, la Policía encontró millones de pesos, dólares y las claves de acceso a las "wallets" que abrieron la caja de pandora de la investigación.
Desde esa mansión en Nordelta, donde el prófugo vivía con su pareja —esta última sigue allí con arresto domiciliario—, los investigadores creen que se concretaba el acceso remoto a los activos digitales como parte de las maniobras de lavado.
"Muchos de los movimientos de cripto-activos operados por el Sr. Alves Sousa se produjeron dentro del consabido inmueble sito en Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires", argumentó la justicia de San Isidro, para conservar allí la investigación.
También que las transacciones de muchos de los bienes inmuebles y muebles que habrían comprado los miembros de la organización con ese dinero ocurrieron dentro del ámbito del fuero federal de San Martín.
Los procedimientos fueron resultado de una investigación del juzgado federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y de la fiscalía de ese distrito, tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)
En la instancia superior al juzgado federal de San Isidro, la Cámara Federal de San Martín, se confirmó que el caso debía seguir radicado en ese distrito.
Para ello se consideró que todo forma parte de una "única maniobra dinámica y compleja", y por eso "luce desacertado, aislar o compartimentar a cada una, atendiendo al lugar en que pudieron cometerse".
En cuanto al entorno digital, en ese momento el Tribunal de Apelaciones del distrito del norte bonaerense remarcó que "los intercambios con criptomonedas son transfronterizos", y por eso es aconsejable mantener todo en el juzgado que primero intervino.
Por qué el caso podría juzgarse en Comodoro Py
Por el contrario, las defensas desde un principio reclamaron sin éxito el pase al fuero federal porteño. Argumentaron que la mayoría de los delitos por los que sus clientes llegan ahora a juicio se habrían cometido en oficinas físicas de la ciudad de Buenos Aires y que es imposible determinar desde dónde se operó con los criptoactivos.
Ahora, a un año de los allanamientos, el Tribunal que debería realizar el juicio postula que todo debe ser enviado a otro que resulte sorteado en el ámbito de Comodoro Py 2002.
A esta decisión seguirá un derrotero judicial que podría incluir rechazo de competencia del Tribunal porteño que quede designado y eventual definición en una instancia judicial superior.
El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín sostuvo que todo tiene que juzgarse en la Capital Federal por una "mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados", explicó el juez Walter Venditti.
Por eso, declinó la competencia para que intervenga la Justicia Federal de CABA y que "con la premura que impone la duración de las prisiones preventivas que acarrea la mayoría de los encartados, se pueda celebrar el correspondiente juicio oral y público".
Pese a las "innegables implicancias en esta jurisdicción —se recabaron elementos probatorios de relevancia para la investigación en el domicilio" de Nordelta donde ahora cumplen arresto domiciliario dos de las acusadas, Naly Pires Diniz y Raimunda Divina De Sousa y residía antes de fugarse Alves, el Tribunal de San Martín mencionó una "trama mucho más compleja" a la hora de analizar la cuestión de la competencia.
Los "principales escenarios" de actuación de la organización -como sociedades ‘fachada’ y/o cuevas financieras- y los lugares físicos donde se concretaron operaciones de lavado de activos estaban en territorio porteño.
Los tramos previos a concretar las operaciones de lavado y los posteriores tuvieron como principal escenario la ciudad de Buenos Aires. Además, las operaciones que se atribuyen a los acusados de compra de bienes muebles e inmuebles con ese dinero de origen ilícito "se reputan cometidas mayoritariamente en el ámbito de la Capital Federal"
Hubo adquisiciones de automóviles y departamentos
Las transacciones dinerarias y de criptoactivos de origen espurio que se hicieron de manera previa al lavado de esos activos, el hallazgo de parte del dinero en efectivo o de las denominadas "frases semilla" empleadas para gestionar activos digitales en la casa de Nordelta, resultan "cuestiones accesorias" a la imputación, analizó la resolución.
En la denuncia que la Procelac hizo en San Isidro en virtud del domicilio del principal sospechoso, lo vinculó a diferentes direcciones, todas en la ciudad de Buenos Aires.
"Destacó principalmente" un departamento en el microcentro donde funcionaba la firma "Bon Air Comex SRL", y advirtió que en ese lugar se gestionaba la recepción del dinero fiduciario de origen ilícito que provenía tanto de la venta de los criptoactivos de Alves de Sousa como de las extracciones de sus cuentas bancarias y de los restantes miembros de la organización.
También sostuvo que "en esas mismas oficinas se administraban y aplicaban los fondos en cuestión a diversas operaciones económicas tendientes a poner en circulación el producido de las maniobras de blanqueo".
Hubo dos testigos de importancia al respecto, la empleada de limpieza de las oficinas cuando se mudaron a otro inmueble en Palermo y el empleado de seguridad.
Dieron cuenta del ingreso de personas con valijas, del "sofisticado sistema de videovigilancia y conexión operativa implementado para monitorear", entre otros puntos.
Durante la investigación, además, se determinó que se abrieron cuentas a nombre del prófugo Alves de Sousa y personas de su círculo íntimo en diferentes bancos y Fintech en Argentina para "luego receptar y/o colocar en las mismas los fondos destinados a la organización (principalmente, a través de depósitos en efectivo desde distintos puntos del país y transferencias dinerarias fraccionadas) y así poder gestionarlos mediante nuevas operaciones dirigidas a personas integrantes o vinculadas a dicho grupo (extracciones de dinero en efectivo, compra de moneda extranjera y transferencias bancarias), con el objeto de disimular el origen ilícito de esos capitales y dificultar su trazabilidad".
Algunos acusados intervinieron para la receptación y custodia de al menos 74.324.870,02 unidades de Activos Virtuales USDT provenientes de las billeteras virtuales de Alves de Sousa en billeteras digitales propias.
Los investigadores sostienen que después las introducían en el mercado mediante su venta y/o transferencia a terceros, "recibiendo como contraprestación dinero fiduciario en efectivo (u$s74.332.149,35)". Este dinero "era nuevamente girado al nombrado y sus allegados".
Todos los mecanismos para cometer el delito "a grandes rasgos" comparten "el mismo ámbito de ocurrencia territorial: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al que ubica como el "principal escenario de actuación de la organización", concluyó el juez de San Martín.
Son diez acusados por supuesto lavado de activos de origen ilícito, agravado y como parte de una asociación ilícita que tendrán que esperar a que la Justicia resuelva el conflicto.