Un grupo empresario se quiere quedar con la mayor ruta del Mercosur
En julio pasado, el Gobierno decidió extender de manera precaria el contrato de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), hasta abril del 2025.
Se trata de la sociedad que tiene a su cargo la concesión de la que es considerada la principal ruta comercial del Mercosur y que el expresidente Alberto Fernández intentó reestatizar antes de dejar su mandato.
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Lo hizo sin suerte, ya que la Justicia se lo impidió, dejando inconcluso su "sueño" de pasar a manos del Estado todas las rutas nacionales en las que se cobra peaje, tal como ya lo había hecho con otras concesiones que pasaron a ser controladas por la sociedad estatal Corredores Viales.
Esta empresa pública ahora forma parte de la lista de "privatizables" que armó la actual gestión libertaria y que opera todas las autopistas, salvo tres: Panamericana y el Acceso Norte, operadas por Ausol; el Acceso Oeste, bajo control de Grupo Concesionario del Oeste, y la ruta 14, precisamente la que tiene a su cargo CRUSA.
Su trazado atraviesa los puentes Zárate y Brazo Largo y corre por las rutas 12 y 14 para comunicar el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay, además del puente que une Rosario con Victoria.
Si bien la sociedad viene operando con su contrato vencido ya desde el año pasado, el presidente Javier Milei le otorgó una prórroga al contrato, además de que la propia concesionaria había logrado, antes de que asumiera la nueva gestión en la Casa Rosada, un amparo judicial que le permitió la continuidad en la operación por un plazo inicial de seis meses que venció en abril pasado.
En su momento, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 9 que tenía a cargo aquella causa, consideró que el Estado incumplió con el procedimiento establecido para dar por terminada la concesión.
Deudas cruzadas
De hecho, la propia CRUSA venía sufriendo un fuerte embate de parte del entonces Ministerio de Obras Públicas del cual dependía la Dirección de Vialidad Nacional, que a diario le imponía millonarias multas que llegaron a acumular un reclamo del Estado a Corredores Viales de más de $900 millones por supuestos incumplimientos al contrato de concesión.
Además, le reclamaba cerca de $3.000 millones en compensación por obras no realizadas que la empresa argumentaba no haber hecho "por falta de cumplimiento de contrato por el Estado" pero igual sostenía que habían ejecutado obras por $2.666 millones.
Semejante presión llevó a sus accionistas de la sociedad a solicitar la apertura de su concurso preventivo de acreedores, argumentando que el contexto de alta inflación, junto con tarifas muy por debajo del valor de equilibrio, tornaban imposible la explotación comercial de la ruta.
En un informe que la concesionaria presentó a la Justicia en ese momento se da cuenta de que solamente entre agosto de 2019 y el mismo mes de 2022, el índice de inflación acumuló 269,51%, mientras que los ingresos operativos de la concesionaria lo hicieron en un magro 69% a valores nominales.
En el caso del actual gobierno libertario, le otorgó este año varios aumentos que no lograron equilibrar las cuentas de CRUSA, que sigue intentando cumplir con sus obligaciones a pesar de que su único ingreso que proviene del cobro de peajes no alcanza al punto que se ve imposibilitada de encarar obras que la ruta necesita para ser más operativa.
Reclamos pendientes
De hecho, hasta ahora las subas que se le otorgaron se encuentran muy por debajo de las logradas por las otras concesionarias privadas y por la propia sociedad estatal, en el marco de una política de retoques de tarifas que no tiene coherencia en el caso de CRUSA.
Es más, desde 2006 hasta ahora, la concesionaria presentó 46 pedidos de readecuación tarifaria que nunca fueron respondidos por las anteriores autoridades, ya que los pocos aumentos que recibió fueron otorgados "a dedo" por el kirchnerismo y siempre estuvieron por debajo de lo que implicaba el aumento de los costos, lo cual de alguna manera contribuyó a la precariedad en la cual hoy se encuentra la traza y donde hace años no se concretan inversiones para mejorar la circulación.
De todos modos, la sociedad tiene por lo menos asegurado siete meses más al frente de la concesión gracias a la extensión que le otorgó la Casa Rosada.
Luego, la administración libertaria tiene tres opciones para la ruta: una es el llamado a una nueva licitación pública a la cual CRUSA puede volver a postularse; otra es la reestatización, considera improbable; y la tercera es analizar la presentación de otro grupo empresario interesado en explotar el corredor a través de una demostración de interés.
Promesa de inversiones
Es precisamente lo que acaba de presentar un consorcio empresario interesado en desplazar a CRUSA de la concesión y quedarse con el trazado.
La propuesta parte de un grupo conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. que, en conjunto, presentaron ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada para la concesión de la ruta del Mercosur.
Es decir, por los 618 Km que unen la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con la de Paso de las Libres, en Corrientes, a través de las Rutas Nacionales 12, 14 y 117.
De acuerdo a una carta enviada al ministro Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, las empresas consideran que se trata del principal corredor argentino para el intercambio comercial con Brasil y Uruguay.
Entienden, en este sentido, que "su actual estado de deterioro no permite que sea una plataforma eficiente para el desarrollo y el crecimiento de la región y el país".
Por lo cual piden un plazo de concesión de 15 años y aseguran que la iniciativa presentada "se encuadra dentro de los términos previstos por la Ley Bases, promulgada por el Gobierno Nacional, y ha sido desarrollada según el concepto de inversión privada y repago por peaje".
En tal sentido, prometen una inyección de más de u$s650 millones, estimando un costo de operación y mantenimiento que ronda los u$s300 millones.
El fantasma de la causa de los "Cuadernos"
"El consorcio aspira a consolidar un corredor moderno, seguro y en excelente estado de operativo", detallan en la misiva.
Además, consideran que la iniciativa - movilizada por un conjunto de empresas especializadas que suman 170 años de experiencia, 7.000 Km de rutas construidas y 2.500 Km de rutas concesionadas, representa en definitiva una fuerte apuesta privada al crecimiento del país.
Ahora queda esperar la respuesta de Economía a la propuesta de este grupo empresario en el cual figuran dos compañías que estuvieron estrechamente vinculadas a la llamada Causa de los Cuadernos, que destapó una presunta red de corrupción y negociados con las obras públicas durante el gobierno kirchnerista.
De hecho, Mario Ludovico Rovella, uno de los dueños de la constructora Rovella – Carranza, pidió en marzo pasado la anulación de su declaración como arrepentido en el caso al sostener que "fue obtenida sobre la base de tormentos que lo forzaron a autoincriminarse" por delitos que niega haber cometido.
En su texto, el empresario describe que el fallecido juez Claudio Bonadio "procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el solo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias".
La otra sociedad que forma parte de este grupo que figura en la misma causa es JCR (Juan Carlos Relats), que formó parte de una lista de constructoras implicadas junto con una decena más de firmas con operaciones en la Ciudad de Buenos Aires.