El municipio K que está en el top 5 de inseguridad y tiene a un intendente investigado

Un municipio de la provincia de Buenos Aires destaca negativamente no solo por el aumento de los delitos violentos, sino también por el controvertido historial judicial de su intendente, apodado por algunos como el "Chocolate" Rigau de San Martín. Solo en la última semana, tres homicidios conmocionaron a la comunidad.

El más reciente fue el asesinato de Juan Carlos Smijosky, un oficial de la Policía Federal de 34 años, quien fue atacado por un delincuente durante una falsa venta de motocicleta. Antes de ese trágico hecho, Claudio Pino, de 56 años, fue apuñalado por dos sujetos que intentaron robarle sus pertenencias, y Antonella Striano, de 26 años, también fue asesinada, aunque las circunstancias aún no están claras, la policía no descarta que se trate de un femicidio.

Mientras los robos violentos y homicidios aumentan, los habitantes de San Martín no encuentran formas de protegerse ni saben a quién recurrir. Muchos aseguran que la situación no se debe a una falta de acción policial, sino a una "liberación de las calles" por parte de la intendencia, que busca eludir responsabilidades y atribuirle la falta de presencia policial a los recortes presupuestarios implementados por el presidente Javier Milei.

Este discurso se repite en toda la provincia, incluso por el gobernador Axel Kicillof, y refleja una realidad política que parece dominar el escenario bonaerense. Sin embargo, a pesar de las denuncias de los intendentes y del propio gobernador, los recortes del Gobierno nacional no han afectado directamente el presupuesto destinado a Seguridad, sino a otras áreas menores y al sistema de coparticipación.

Fernando Moreira, acusado de corrupción

Además de la creciente inseguridad, los sanmartinenses están preocupados por la situación intendente, quien enfrenta una imputación y un pedido de detención elevado por un juez federal. La investigación surgió tras dos allanamientos en la municipalidad de San Martín, donde se descubrió que un empleado cobraba con varias tarjetas de débito los sueldos de trabajadores "fantasma", es decir, personas que nunca trabajaron en el municipio.

El puntapié de la investigación inició en octubre del año pasado, cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y que le fue interrumpido. De acuerdo a la información que descansa en la causa, este hombre cobraba como empleado municipal unos $300.000 de la intendencia de San Martín, pero esto era incompatible con el beneficio del Estado, por lo que le fue suspendido el plan social.

Eso develó el entramado ilícito que ubicaba a personas, sin su conocimiento ni consentimiento, como empleados del municipio y en nombre de ellos se cobraran salarios como supuestos trabajadores.

Este esquema es similar al que fue utilizado por Julio "Chocolate" Rigau, actualmente detenido por usar tarjetas de la legislatura bonaerense para cobrar una parte de los sueldos de empleados que aceptaban no presentarse a trabajar a cambio de un porcentaje de su salario. En el caso de San Martín, el intendente Fernando Moreira y cinco de sus funcionarios fueron imputados por presunta defraudación pública y tienen prohibido salir del país desde mayo de este año.

Pedido de detención contra el intendente

En ese mismo mes, el fiscal federal Paul Starc solicitó la detención del intendente Moreira y de otros cinco funcionarios municipales por la causa que investiga contrataciones irregulares. La investigación también señala al jefe comunal por falsificación de documentos públicos y defraudación al Estado.

Sin embargo, la jueza Alicia Vence denegó la solicitud de Starc, lo que llevó al fiscal a apelar la decisión ante la Cámara Federal de San Martín. "La medida de coerción resulta necesaria, y su no otorgamiento causa perjuicio a esta parte", argumentó el fiscal. Desde entonces, la causa no logró avanzar, pese a que se siguen exponiendo más hechos ilícitos relacionados con el manejo de los fondos municipales.

En tanto, desde la intendencia se limitaron a publicar un comunicado vía redes sociales y clamaron por la pronta resolución de la Justicia: "El Municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho. En todo este tiempo respondió y colaboró con todo lo solicitado por la Justicia. De hecho, el 22 de marzo se presentó como querellante en la causa".

Irregularidades en el manejo de planes sociales

En junio, otra causa volvió a ubicar a Moreira bajo el ojo de la Justicia; en esta oportunidad por extorsión a beneficiarios de los planes sociales de la mano de un empleado suyo. En la presentación formal, que se hizo a través del sistema de denuncias anónimas habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Alejandro Mamani, exconcejal de Unión por la Patria y actual asesor personal del intendente, fue denunciado por amenazas.

Un grupo de beneficiarios de planes sociales afirmaron que Mamani les exigía que asistan a manifestaciones en contra del Gobierno Nacional y, quienes se negaran a asistir, deberían abonar $30.000 para no perder el beneficio estatal.

Pese a la denuncia formal de una presunta víctima, el actual subsecretario de la economía social, solidaria y del trabajo, Mamani, negó las acusaciones y afirmó ser víctima de un "sistema inescrupuloso y dañino" impulsado por el gobierno de Milei. "Me duele tener que desmentir semejante infamia, pero acá estoy", sostuvo en un comunicado emitido en junio.

General San Martín, el quinto municipio más inseguro de la Provincia

En el ranking de los municipios más inseguros de la provincia, General San Martín se ubica en el quinto lugar. Lomas de Zamora encabeza la lista, seguido por Avellaneda-Lanús, Morón y sus alrededores (Hurlingham, Ituzaingó y Merlo), y el centro de La Plata con sus áreas vecinas (Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada y Lobos, entre otros).