Milei cerró el organismo a cargo de las privatizaciones y Santiago Caputo tendrá poder total

Las privatizaciones generaron nuevas incertidumbres. El presidente Javier Milei cerró la Secretaría de Concesiones que dependía del ministro de Economía, Luis Caputo, y de ese modo todas las privatizaciones y concesiones previstas en la Ley Bases, quedaron en un limbo y se delegarán en cada ministerio y en cada secretaría que tenga jurisdicción sobre la empresa o ente a privatizar.

Según pudo saber iProfesional de fuentes del Ministerio de Economía, "la Secretaría de Concesiones fue cerrada, aunque no se oficializó todavía, pero ya no funciona y echaron a todos los funcionarios que habían nombrado".

Javier Milei le da más poder a Santiago Caputo

En primer damnificado fue Mariano Mirotti, que había sido designado originalmente por el que resultó un fugaz ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Ahora, las privatizaciones quedarán delegadas en cada secretaría que tenga jurisdicción sobre las empresas, pero el poder real lo tendrá el asesor presidencial sin cartera, Santiago Caputo.

En los ministerios de Economía y de Desregulación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, hubo este jueves total hermetismo y predominó el secretismo. "Nadie dice nada ni sabe nada, pero todo lo maneja Rasputín", señaló a iProfesional una fuente, que usó el apodo que gana adeptos entre los funcionarios para referirse a Santiago Caputo.

Al mismo tiempo, Guillermo Ferraro había sido echado luego de un fugaz mes de gestión por su pelea con el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que era de confianza de Milei y que luego también fue despedido del Gobierno. Ahora le tocó el turno a Mirotti, uno más en la lista de 50 funcionarios despedidos, sin que haya definiciones sobre los temas.

Esa cartera de Infraestructura comprendía Obras Públicas, Transportes, Energía, Minería y Desarrollo Territorial y Vivienda. Muchas de esas secretarías manejan empresas que están dentro de la lista de empresas sometidas a privatización que fijó la Ley Bases sancionada en julio último.

Cómo se manejarán las privatizaciones de ahora en adelante

La Secretaría de Concesiones de Mirotti contenía una Subsecretaría de Licitación de Proyectos y una Subsecretaría de Fiscalización y Control, que tampoco funcionan más.

"Nunca le dieron mucho vuelo a la Secretaría de Concesiones, estaba Mirotti al cuete y no le daban laburo. No se oficializó aún, pero ya no funciona. Ahora lo hará cada área", señaló un funcionario que supo pertenecer a esa esfera administrativa.

"Ahora las privatizaciones quedarán en manos de cada área, como Transportes, Energía, Obras Públicas, etc., pero en realidad no se ven muchos avances y no van a privatizar nada parece", señaló un funcionario mielista.

En la Ley Bases se había incluido una lista de 41 empresas para privatizar, pero luego de sucesivas reformas quedaron unas pocas. Se autorizó la privatización total de las empresas Enarsa e Intercargo, y en forma parcial (con posibilidad de concesión) de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.

Además, se podrá aportar capital privado (con un programa de propiedad participada) en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales. En esta última estalló la semana última un escándalo de pedido de coimas que terminó con la renuncia y despido de su interventor, Thierry Decoud.

Se informó también que en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas serían privatizadas en un plan de concesiones. Se constituyeron cuatro sociedades anónimas de fondos nacionales para producir y vender energía de los ríos Limay y Neuquén: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

Esas represas quedarán en manos de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., que luego transferirá a la Secretaría de Energía de la Nación para privatizarlas. En ese sentido, se legisló para que ENARSA y NASA (Nucleoeléctrica S.A.) le transfieran a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso.