En el Senado, la oposición sancionó la Ley de Financiamiento Universitario

Por impulso de la oposición, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que el presidente Javier Milei también está dispuesto a vetar, al considerar que el costo que representaría atenta contra su objetivo de equilibrio fiscal. 

En la medianoche de este viernes, tras un debate de cuatro horas, la norma obtuvo 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Por la positiva votaron Unión por la Patria, la UCR, Unidad Federal y bloques provinciales. En tanto, por la negativa fueron La Libertad Avanza y el ex oficialista Francisco Paoltroni.

El único bloque que se dividió fue el PRO: el jefe de la bancada, el cordobés Luis Juez, y la porteña larretista Guadalupe Tagliaferri apoyaron la ley; Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Martín Goerling Lara se opusieron; y la pampeana Victoria Huala fue la única en abstenerse. La postura de los senadores del Pro marcó una diferencia con lo sucedido en Diputados con ese espacio, donde todos votaron negativamente y sólo cuatro se ausentaron. 

Durante el transcurso de la sesión, estudiantes y docentes se congregaron en las afueras del Congreso. Al recordar la masiva marcha que se dio en abril pasado por el reclamo de las casas de altos estudios, desde la comunidad universitaria anticiparon que si el Gobierno decide vetar la ley habrá paro y un llamado a una nueva movilización. 

La ley de Financiamiento Universitario será el segundo veto de Javier Milei en 9 meses de gestión

El recorrido de la flamante ley fue algo similar a lo que sucedió recientemente con el proyecto de movilidad jubilatoria: surgió de la Cámara de Diputados y fue aprobada gracias a la unidad de la oposición más dura y sectores llamados dialoguistas. También, el dictamen que terminó por triunfar fue el que empujaron desde la Unión Cívica Radical, partido de histórica defensa a la educación y universidad pública. 

Justamente el radicalismo quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas por el cambio de cinco de sus diputados respecto de la ley que proponía recomponer las jubilaciones, logrando que el veto de Milei quede firme. Tres de ellos votaron hace un mes atrás a favor de la norma recién sancionada por el Senado sobre presupuesto universitario. 

En lo que respecta a la votación en el Senado, la mayoría de dos tercios se logró holgadamente en este caso. Mientras que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de jubilaciones, la Ley de Financiamiento Universitario, en su primera votación en la Cámara baja, no obtuvo los dos tercios de los votos de los presentes. Le faltaron cuatro en esa ocasión para sacar esa mayoría, aunque sí cabe resaltar que hubo más de treinta ausentes. 

En caso de decidir vetar la ley sobre universidades, más allá de los números obtenidos -pues jubilaciones tuvo los dos tercios la primera vez en Diputados, pero ese número no se pudo replicar luego-, el Gobierno cuenta ahora con el antecedente a su favor de haber conseguido junto a sus aliados y un puñado de radicales blindar su decisión de dejar sin efecto una norma que considera perjudica sus cuentas. 

Con este reciente hecho, Milei podría no temblarle el pulso para pagar un nuevo costo político y dejar sin efecto otra obra de los que el mandatario insiste en llamar "degenerados fiscales". En caso de concretarse se convertiría en su segundo veto en nueve meses de gestión. 

¿Cuál sería el costo destinado al sistema universitario?

De acuerdo a cálculos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones. La norma establece que "el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales".

En lo referido a los gastos de funcionamiento, la actualización por inflación anual 2023 para ese concepto representa unos $210.742 millones, el 0,04% del PBI; mientras que la actualización bimestral por IPC 2024 para gastos de funcionamiento sería de $86.254 millones, el 0,02% del PBI.

El organismo de asistencia técnica del Congreso también precisó que el monto que representa los incrementos para el personal, los salarios de docentes y autoridades costaría $277.187 millones, mientras que los salarios de no docentes $164.413 millones, un total de $441.600 millones.

La ley sancionada por el Senado encomienda al Gobierno a "recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1ro. de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo". Asimismo, indica que "desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación" informada por el INDEC.

Uno de los artículos aclara que esto "no será de aplicación, siempre y cuando, las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones que representan a los trabajadores de la educación superior y las escuelas pre-universitarias".

La norma también garantiza "la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles", pero no se pudo cuantificar el costo de este artículo. "El mismo no especifica a qué becas estudiantiles se refiere ni se establecen parámetros para la actualización de su monto ni la incorporación de becarios, por lo que no es posible estimar el impacto fiscal", manifestó la OPC. 

Aseguran que el salario de los docentes universitarios perdió un 33% de poder adquisitivo

Al abrir el debate en la sesión, el senador de Unión por la Patria Eduardo "Wado" de Pedro detalló que "nuestro sistema universitario tiene 137 instituciones, 57 universidades nacionales; estamos hablando del futuro de 2.160.000 estudiantes y el salario de 220.000 mil docentes y no docentes". "La situación en la que hoy se encuentra el sistema universitario es muy grave. Las universidades tienen el presupuesto más bajo de las últimas décadas, están funcionando con la mitad. Está destinado el 0,34% del PBI para universidades, cuando siempre fue el 0,70%", resaltó. 

El presidente de la Comisión de Educación apuntó que "el 80% de los docentes se encuentra bajo la línea de la pobreza" y sufrieron "una pérdida del poder adquisitivo del 33%". Sobre el futuro de la norma, dijo en su discurso que "si el presidente veta esta ley confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos y nuestro proyecto de desarrollo está en las antípodas de esas recetas". 

Desde el oficialismo, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero criticó que la ley "no establece de qué forma se va a financiar, no establece si se va a crear un impuesto o se va a sacar de otra partida". "La oposición quiere establecer un discurso en el cual ellos llevan la bandera de la educación y nosotros somos los malos, pero eso no es así. Apenas asumimos se giraron 14 mil millones a las universidades que se debían de la gestión anterior", destacó y sentenció: "Tenemos una meta bien clara, que es el equilibrio fiscal, y no se negocia, como dijo el presidente". 

Por la UCR, el senador Martín Lousteau indicó que "la caída de los salarios universitarios es de más de un tercio de su poder adquisitivo". Al recordar la devaluación del 118% que el Gobierno realizó a días de asumir, señaló que "la inflación del 25% de diciembre y la del 20% de enero no se les reconoció a los trabajadores universitarios". 

El economista precisó que el 0,14% del PBI de costo fiscal que tendría la ley es equivalente a "600 millones de dólares" cuando "las estimaciones más bajas" hablan de que, de acuerdo a la Ley de Medidas Fiscales, "se van a blanquear 10.000 millones de dólares" y "el Gobierno se anima hasta pronosticar 40.000 millones"; con lo recaudado "sobraría" para las universidades, opinó. "¿No está la plata? Eligen que no esté la plata", agregó. 

En su discurso, el presidente de la UCR expresó: "El presidente dijo que va a vetar esta ley. Yo no creo que lo vaya a hacer, no creo que sea tan obcecado, tan cabeza dura, tan ignorante, porque los que tengan que hacer los números de Hacienda le van a decir que es nada". 

Exrector de la Universidad Nacional de Catamarca, el senador Flavia Fama advirtió que "el presupuesto actual es un prorrogado de un presupuesto que este Congreso aprobó en noviembre de 2022". "Tener un presupuesto desactualizado es una herramienta formidable que le permite al Poder Ejecutivo actuar con discrecionalidad, haciendo funcionar la motosierra y licuadora", añadió.

El radical afirmó que la ley "no busca incrementar los presupuestos de las universidades nacionales" sino "resguardar los gastos de funcionamiento" y "la recomposición salarial de los trabajadores universitarios". Además, cruzó declaraciones de Milei: "Es una mentira decir que las universidades no tienen organismos de control y no son auditadas".