No se aceptan chachos: cuasimonedas y default agravan la situación de una provincia

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la provincia de La Rioja el pago de u$s40 millones a bonistas por el default de bonos provinciales.

La demanda fue iniciada por acreedores por la falta de pago de títulos que habían recibido a cambio otros bonos que ya habían sido incumplidos.

El bono de origen fue emitido en 2017 por u$s200 millones para la construcción de un parque eólico, que luego se amplió en u$s100 millones más a una tasa de 9,75%.

De esta manera, se agrava la situación de la provincia que desde hace unos meses comenzó a utilizar cuasimonedas para pagar parte del sueldo a empleados estatales.

Default de bonos provinciales: ¿cuánto deberá pagar La Rioja?

Ante los problemas financieros de la provincia, la deuda fue canjeada en 2021 en acuerdo con los bonistas que aceptaron refinanciar vencimientos de capital a una tasa de 3,5%, que se elevaría a 8,5% en 2028.

La provincia volvió a incumplir lo pactado lo cual generó la demanda que derivó en la sentencia de la Justicia de Nueva York.

De acuerdo al fallo de la jueza Jessica Clarke, La Rioja tendrá que pagarle u$s25.964.556 a Beauregarde Holdings LLP por daños, más intereses diarios de u$s6.107 hasta que se dicte la sentencia final. Por otra parte, tendrá que abonar u$s12.765.640 por daños a Beauregarde Holdings II LLP, más u$s3.002 diarios y deberá pagar otros u$s1.126.286 a Sandglass Select Fund, más un interés diario de u$s264, también hasta que se dicte la sentencia definitiva.

Dado los problemas financieros que atraviesa la provincia, el gobierno de Ricardo Quintela tuvo que emitir su propia moneda, el Chacho, para el pago de salarios de estatales.

El gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, podría estar haciéndole un involuntario favor político a Javier Milei: al oficializar el default de la deuda provincial, contribuyó a que la Casa Rosada reforzara sus argumentos en favor de la defensa del superávit fiscal, justo cuando el tema está al rojo vivo por la reforma jubilatoria.

Otro incumplimiento de La Rioja

Hace unos días, La Rioja hizo oficial, en un comunicado a la Bolsa de Comercio, que no hará efectivo el vencimiento por capital e intereses de sus bonos 2028. La provincia intentó presentar esta situación como una medida técnica, justificada por el hecho de que hay un "proceso de negociación con los acreedores para reestructuración de su deuda".

Esa afirmación alude al hecho de que en febrero pasado se había anunciado que la provincia haría un "reperfilamiento" de su deuda, apenas tres años después de otra reestructuración. Pero, lo que más irritó al mercado en ese momento, fue que la deuda a la que no se podía hacer frente era de apenas u$s26 millones, lo cual llevó a que muchos analistas argumentaran que el default riojano estaba más fundamentado en motivos políticos que financieros.

Concretamente, lo que se interpretó en aquel momento -y se reconfirma ahora- es que el default es parte de una pulseada política, en la cual la gobernación riojana envía un mensaje político en el sentido de que no está dispuesta a afrontar un ajuste fiscal del gasto local.

Y, a juzgar por lo que opinaron los bonistas de la deuda riojana, hay argumentos para fundar esa acusación. En una carta pública, no anduvieron con eufemismos para referirse al gobernador Quintela. "Defaulteador recalcitrante y reincidente", lo calificó el comité ad hoc que tienen el bono que había sido renegociado en 2021 y que vence en 2028.

A cinco meses de iniciada la crisis, los acreedores avanzaron con su demanda ante los tribunales de Nueva York, y planearon que La Rioja no es la única provincia afectada por la crisis económica pero sí es la única que decidió deshonrar sus obligaciones financieras.

Según los acreedores, Quintela "perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia".