Milei vs. gremios: más control a obras sociales y medidas para impedir bloqueos a empresas

El gobierno parece decidido a profundizar su lucha contra el sindicalismo, ya sea avanzando contra la legislación laboral, afectando sus ingresos o limitando su poder de fuego. Por ahora parece demorarse la reglamentación de la reforma laboral dictada en la Ley Bases, pero habilitó una nueva herramienta para controlar las protestas. Se trata del Comando Unificado de Seguridad Productiva, que protegerá a petroleras, cerealeras y mineras, entre otras, de bloqueos y piquetes.

Cómo funcionará el nuevo Comando Antibloqueos y quienes lo integrarán

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, publicada en el Boletín Oficial por la Resolución 893/2024, y no es ni más ni menos que un protocolo del Protocolo Antipiquete.

Entre los fundamentos de la resolución, se explica que "se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva".

Por ahora se desconoce si el nuevo Comando necesitará de más personal de seguridad, aunque voceros oficiales indicaron a iProfesional que "la idea es que participen efectivos principalmente de Gendarmería" y admitieron que "se abrirán canales de información con la secretaria de Trabajo para que brinde detalles de los conflictos y estar atentos a los posibles bloqueos".

Si bien en los últimos tiempos esa modalidad de protesta no está generalizada, hoy hay un foco de conflictividad en las puertas de las principales plantas del neumático (Fate, Bridgestone y Pirelli) por reclamos salariales y laborales que viene llevando adelante el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La intervención del Comando Unificado de Seguridad Productiva podría generar también un cruce entre el gobierno y la provincia de Buenos Aires, que es la que entiende en la disputa. Sin embargo, desde el ministerio de Seguridad plantean que atenderán los reclamos de los empresarios "de cualquier punto del país"

No se reveló de cuánto sería la partida de fondos para la nueva repartición, aunque sí se indicó que el propósito es "contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional".

Cuáles son las obras sociales que ya intervino el gobierno

Por otro lado, la Casa Rosada insiste en golpear a los sindicatos desde el plano financiero. Uno de los puntos es liquidar en cuentagotas los fondos de las obras sociales, metodología que han aplicado todos los gobiernos, aunque en este caso la motosierra funciona a full. Por su criterio solidario, las organizaciones gremiales están manteniendo con el aporte directo de los trabajadores la atención sanitaria, lo que provoca otra crisis financiera que la administración libertaria piensa aprovechar en el momento indicado.

Mientras tanto, ya hay varias obras sociales sindicales intervenidas por supuestas irregularidades en registros y prestaciones. Hasta el momento son la de Vareadores (OSV), del Personal Mosaista (OSPM), del Personal Ladrillero (OSPL), de la industria del Fósforo y de los Peones Rurales (OSPRERA), aunque en este último caso un fallo judiciales dispuso dar marcha atrás con la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Gabriel Oriolo, organismo dependiente del ministerio de Salud de la Nación.

Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de los Vareadores, mientras que el administrador provisorio de los Mosaistas fue Martín Esteban Gutiérrez. En el caso de la Obra Social de Vareadores, apuntaron que no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos. Agregaron que no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas.

En cuanto a la Obra Social del Personal Mosaista, la Superintendencia denunció la falta de seguimiento y auditorías a los beneficiarios y que adeudaba la entrega de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos y Estados Financieros Discapacidad desde noviembre de 2021.

Por otra parte, se designó a Jorge Carlos Alonso como Administrador Provisorio de la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) y a Matías Antonio Abal Gronchi como administrador provisorio de la Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM).

Fallo judicial a favor de los peones rurales

En el caso de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) la intervención estaba dispuesta por 180 días y se nombró como interventora a Virginia Montero. Sin embargo, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) exigió que se respete la reciente decisión de la Justicia Federal Pampeana, la cual declaró nula la decisión de la Superintendencia y demandó que la obra social "siga en manos de sus legítimos dueños: los trabajadores rurales".

El secretario General del gremio José Voytenco, destacó la importancia de que el control de OSPRERA "vuelva a estar bajo la administración de quienes mejor conocen las necesidades del sector rural" y remarcó que "es hora de decir basta a quienes buscan inmiscuirse indebidamente en los asuntos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar a los dirigentes populares y al movimiento obrero en su conjunto".

El fallo judicial, emitido a finales de agosto por la Justicia Federal de La Pampa, anuló la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a principios de ese mismo mes, tras señalar irregularidades en el proceso administrativo. La intervención había sido formalizada mediante el Decreto Nº 720/2024, argumentando problemas de liquidez y endeudamiento en la obra social. Voytenco resaltó que la intervención fue una medida injusta y que su única finalidad fue despojar a los trabajadores rurales de la gestión de su obra social.

Ante esta situación, el gremio consensuó una serie de reclamos dirigidos tanto al Poder Ejecutivo como a la Superintendencia de Servicios de Salud:

-La nulidad absoluta del decreto de intervención de OSPRERA, al considerarlo carente de los elementos esenciales de un acto administrativo.

-La ratificación del fallo de la Justicia Federal del 21 de agosto, que hizo lugar al pedido de UATRE y declaró nula la intervención.

-El respeto a la resolución previa de la Justicia Federal del 10 de junio, que ordenaba la normalización de OSPRERA a través de sus cuerpos orgánicos.

-Que OSPRERA quede en manos de sus verdaderos afiliados y beneficiarios, ya que es la UATRE quien mejor conoce las necesidades del sector rural.

-Que la Superintendencia de Servicios de Salud respete su propia decisión al emitir el certificado de Autoridades y Mandatos hasta el 30 de junio de 2028.

-Que la Superintendencia de Servicios de Salud no ignore las decisiones de la Justicia y se ajuste a las funciones para las cuales fue creada.

-Que el Gobierno Nacional respete la división de poderes y la libertad sindical.