Acceso a la información pública: el arco opositor reclama que Milei derogue el decreto que modifica la ley

Una nueva acción del Gobierno nacional hizo coincidir a toda la oposición -la aliada, la dialoguista y la más dura- en el reclamo de que se derogue el decreto por el cual se echó mano sobre la reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Además de manifestarse en contra de las modificaciones que restringen el ejercicio de este derecho, legisladores de distintos bloques hicieron énfasis en la inconstitucionalidad de la medida, al haber alterado el Poder Ejecutivo el espíritu de la norma y, de esa manera, legislar. También advirtieron sobre el incumplimiento de los tratados internacionales a los que está adherida Argentina.

En pocas horas, el decreto 780/24 sumó cuestionamientos no sólo desde el Congreso, sino por parte de distintas asociaciones, organizaciones, entidades periodísticas y Defensorías del Pueblo de todo el país.

La rápida reacción de diputados de todos los bloques, que además transmitieron su crítica en vivo y en directo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante la sesión informativa que dio en la Cámara baja, anticipan una nueva presión opositora para el oficialismo, con altas chances de perder la batalla si no revisa antes la decisión.

"No hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública", intentó tranquilizar Francos, que argumentó que los cambios no son para "poner opacidad a la información pública" sino para "ordenar los pedidos" que se realizan.

Tras las numerosas preguntas que recibió al respecto, entre ellas de la radical Karina Banfi, el jefe del PRO, Cristian Ritondo, y el presidente de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, el jefe de Gabinete anticipó: "Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo". Mismo argumento que horas después se replicó en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, donde la libertaria María Emilia Orozco dijo que "el decreto está en estos momentos en revisión".

Durante este último encuentro, Claudio Jacqueline, vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino, afirmó que con este cambio se "restringen derechos de la ciudadanía y se amplían poderes de los funcionarios del Estado"; asimismo mencionó que si no hubiese existido la ley como tal "no hubiéramos conocido la fiesta de Olivos, la visita de jueces al presidente Mauricio Macri, y reuniones en las que se usan ámbitos y bienes públicos".

Acceso a la Información Pública: por qué hay "rechazo categórico" al decreto de Javier Milei

Si bien la bancada del PRO no presentó un proyecto sobre el decreto 780/24, como hicieron desde otros bloques, sí emitió un comunicado en el que los legisladores aseguraron que la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, "debe mantenerse intacta". 

"Rechazamos categóricamente el decreto reglamentario", sostuvieron y defendieron que la Ley 27.275 "es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no sólo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado".

"Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia", agregaron los aliados de La Libertad Avanza.

A través del decreto 780/24, el Gobierno excluye de la información pública el pedido sobre datos del ámbito privado de los funcionarios, "especialmente" cuando la solicitud pretenda "ingresar a una esfera típicamente doméstica". "Las consultas sobre información que no estén ligadas a la gestión estatal exceden el objeto de la Ley 27.275 y su modificatoria y su tutela, y por tanto no generan obligación para la Administración Pública Nacional de suministrarla", argumentó el PEN.

Entre los cambios, se redefine el concepto de "documento" para que las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos gubernamentales no sean considerados de carácter público.

Otra de las modificaciones que encienden las alarmas tiene que ver con que se establece que debe respetarse el principio de "buena fe", o de lo contrario se podrá entender que existe un "abuso del derecho" remitiendo al artículo 10 del Código Civil.

Mediante un proyecto de declaración, el bloque de la Unión Cívica Radical manifestó su "más alta preocupación y rechazo" al decreto, al señalar que se está "incurriendo en una grave afectación a la división de poderes y, consecuentemente, una lesión al derecho humano de saber sobre las cuestiones públicas".

"El objetivo de la Ley 27.275 es garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado", aclararon los legisladores radicales y afirmaron que esta medida "desconoce la ley y confunde la naturaleza de la información, lo que constituye una vulneración al derecho de la ciudadanía de acceder a información pública, empeora la calidad de las instituciones de gobierno, incrementa el secretismo en materia de gestión y socava la confianza de la sociedad en la democracia".

"Los funcionarios tienen la posibilidad de negar, proteger o tachar la información si considera que se trata de una excepción legal. Y en dicho caso, será un juez quien determine si esa información es de interés público o no. Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no", aseveraron.

La oposición del Congreso busca declarar "nulo de nulidad absoluta e insanable" el decreto 780/24

Desde Unión por la Patria, encabezado por Carolina Gaillard, Martín Soria, Lorena Pokoik, Sergio Palazzo y Pablo Carro, se presentó un proyecto que plantea declarar "nulo, de nulidad absoluta e insanable" al decreto 780 "por exceder la potestad reglamentaria otorgada al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, alterando y desnaturalizando el espíritu de la ley 27.275, lo que lo torna inconstitucional".

"En lugar de promover la transparencia, parece orientado a proteger al Gobierno nacional y a limitar la rendición de cuentas", observaron los diputados, que además fundamentaron que "este retroceso normativo no sólo obstaculiza la participación ciudadana, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas, siendo percibido como un intento de limitar el control ciudadano sobre la gestión estatal".

En otro tramo de la iniciativa, los miembros de UP subrayaron que "es imprescindible contextualizar el decreto dentro de un escenario de continuos ataques a la libertad de expresión, en el que periodistas y medios de prensa en nuestro país han sido sistemáticamente sometidos a presiones por emitir opiniones contrarias a las posturas del presidente Milei". "Este decreto, lejos de ser una medida aislada, se inscribe en una preocupante tendencia hacia el silenciamiento de voces críticas y la restricción del debate público, lo que resulta incompatible con los principios democráticos y el pleno ejercicio de las libertades fundamentales", añadieron.

Con el mismo objetivo, declararlo "nulo de nulidad absoluta e insanable", diputados de Encuentro Federal presentaron otro proyecto y plantearon que "dicha nulidad obedece a la férrea convicción que la norma dictada constituye un avance ilegal y arbitrario sobre el derecho de acceso a la información pública". "La reglamentación pretendida, viene a limitar severamente el derecho de acceso a la información pública llegando al absurdo de crear la figura del ‘abuso del derecho de acceso a la información pública’", cuestionaron.

Para los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto, "el secretismo, la opacidad, la reserva de información respecto de los funcionarios públicos, no hace más que debilitar el funcionamiento de nuestra democracia y la pérdida de confianza social en las instituciones".

Por su parte, otra de las iniciativas fue presentada por la Coalición Cívica, en su caso proponiendo la derogación del decreto por avanzar el Poder Ejecutivo sobre atribuciones que corresponden al Congreso, en cuanto a modificar leyes.

"Cuando se analiza la constitucionalidad del decreto reglamentario o ejecutivo, se debe tomar en cuenta no sólo si su contenido altera el núcleo central de la ley (o su espíritu, como dice la Constitución), sino también evaluar si el Poder Ejecutivo, so pretexto de reglamentar, termina por establecer una regulación autónoma y directa en la materia, lo que constituye una facultad propia del Congreso", explicaron los "lilitos".

Y, en ese sentido, aclararon que "las limitaciones del acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Congreso y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho al acceso a la información pública".