Milei no modificará el decreto de acceso a la información pública y prepara otro veto polémico
El Gobierno reiteró a través del viceministro de Interior, Lisandro Catalán, que por ahora no modificará el decreto de acceso a la información pública publicado esta semana.
"El decreto es un decreto reglamentario que no cambia el espíritu de la ley", destacó Catalán y agregó que "ante las preguntas en la Cámara de Diputados del miércoles pasado el jefe de Gabinete Guillermo Francos admitió que se verían alguna observación, pero estudiando al decreto simplemente está trata de regular un abuso de pedidos de acceso a la información pública que son alarmantes".
Pedidos de información sobre los perros del Presidente
Catalán explicó que llaman la atención, por ejemplo, los pedidos de acceso a información que tuvo este año la secretaría General de la Presidencia de la Nación.
"Hoy cuando uno analiza los pedidos ve datos que son alarmantes y sobre el mismo tema ya que en el 2022 hubo 25 pedidos, 2023 hubo 65 pedidos de información a ese organismo y ahora estamos en septiembre y en lo que va del año va se recibieron 580 pedidos de informes de los cuales 37 están relacionados con los perros del Presidente" dijo Catalán.
El viceministro de Interior además agregó que "con esto me parece que a veces se abusa de un acceso a la información pública ya que la secretaría General informó que la construcción de los caniles de los perros en Olivos fue solventada con dinero del Jefe de Estado.
Catalán también explicó que "hay mucha información que está subida a las páginas web de cada organismo y que en algunos casos se toma al Estado como una consultora privada para informar sobre datos y estadísticas que ya figuran publicadas en las páginas web de cada organismo".
La otra argumentación que ofrecieron a Iprofesional fuentes cercanas al Gobierno es que había un volumen de requerimientos que era casi inmanejable y eso obligaba a que un número importante de empleados y funcionarios de los ministerios se tuviesen que dedicar a responder los pedidos.
"Algunos empleados estaban enloquecidos, y tenían que dedicar muchas horas a responder pedidos, en muchos casos poco serios", explicó a Iprofesional una fuente muy cercana al Gobierno.
En este año hasta el 31 de agosto se habrían recibido unas 7.200 solicitudes de información
Los motivos del enojo presidencial
Hay que considerar que en 2023 la totalidad de los organismos de la administración pública recibieron unas 11.000 solicitudes de información pública. En este año hasta el 31 de agosto se habrían recibido unas 7.200 solicitudes de información.
La fuente explicó a iProfesional que la mayoría de los pedidos de acceso a la información recaían sobre la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y sobre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Por ese Milei definió, directamente, acotar los pedidos de acceso y modificar algunos aspectos de La Ley de Acceso a la Información Pública del 2016 del Gobierno de Mauricio Macri.
Explicó también que las reiteradas solicitudes de datos sobre los perros del Presidente, que residen en Olivos, molestó mucho a Milei. Había solicitudes de hasta que comían los perros y en donde se compraba la comida para alimentarlos.
"Hubo numerosos requerimientos vinculados a cuestiones de índole privada de los funcionarios" comentó la fuente y agregó que la base del decreto de Milei fue un dictamen redactado por el Procurador del Tesoro Rodolfo Barra donde el funcionario determinó que la información sobre los canes del jefe de Estado es de índole privada. En las ONG llaman "Ley de jurisprudencia Conan" a la resolución del procurador del Tesoro en relación al nombre de uno de los perros de Milei.
Acceso a la información pública: para el Gobierno hay una "industria de pedidos"
En el Gobierno aseguran que detectaron que existía una especie industria de los pedidos, con la intención de que se vencieran los plazos previstos por la ley, para que el Estado tuviera que pagar multas. "Piden cualquier cosa y nos hacen perder tiempo y recursos y los abogados, si no les respondes en tiempo y forma, cobran", agregaron.
A través del Decreto 780/2024, el Gobierno nacional reglamentó algunos artículos que no habían sido incluidos en la reglamentación de 2017. Por ejemplo, el artículo 3, que incluye las definiciones de "información pública" y "documento".
Según la ley aprobada en 2016 en el Gobierno de Mauricio Macri, se considera información pública a es todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados (...) generen, obtengan, transformen, controlen o custodien.
El Gobierno ahora estableció, a través de la nueva reglamentación, que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido"
El decreto reglamentario de Acceso a la Información Pública
En los considerandos del decreto, el Gobierno nacional señaló que la información pública "comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".
Por su parte, la ley establece que "documento es todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados independientemente de su forma, soporte, origen y fecha de creación.
La norma dictada por el presidente reglamenta algunos artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016.
Entre otras modificaciones, aumenta los criterios de excepción para acceder a la información y establece nuevas definiciones sobre los conceptos de "información pública" y "documento"
Al respecto algunos especialistas y organizaciones de la sociedad civil señalan que el Poder Ejecutivo no puede hacer eso.
El Gobierno nacional dictó un decreto que establece una serie de restricciones al acceso a la información pública. En rigor, la norma dictada por el presidente Javier Milei reglamenta 7 artículos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, que en pocos días cumplirá 8 años desde su sanción.
Hasta la sanción de esa ley, y su posterior decreto reglamentario, el acceso a la información pública estaba regulado por un decreto dictado en diciembre de 2003 por el entonces presidente del Frente de la Victoria, Néstor Kirchner que resultó el primer marco normativo que tuvo nuestro país para este derecho. Antes de ese decreto, no había ninguna norma que contemplara los mecanismos de acceso a la información.
También se amplía el listado de "excepciones", es decir, los motivos que brinda la ley para no responder un pedido de acceso. Por ejemplo, incluye en las excepciones a la información que "por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona; o su conocimiento público, difusión o divulgación pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicios; o se encuentre relacionada con denuncias o investigaciones en curso que, de hacerse pública, pueda poner en riesgo a denunciantes, testigos, víctimas o cualquier otra persona involucrada".
La defensa de Guillermo Francos del decreto reglamentario
En su disertación en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que "el Gobierno estaba dispuesto a analizar el decreto que acotó el acceso a la Información Pública.
Pero, de acuerdo a lo que pudo saber Iprofesional de una fuente del Gobierno no habría ninguna intención de dar marcha atrás. "Es un tema que se trabajó durante meses y que se no va a cambiar", explicó la fuente a Iprofesional.
Desde el Gobierno señalan como articulador del decreto 780/2024 al asesor presidencial Santiago Caputo. Pero la elaboración estuvo a cargo de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, que a su vez buscó colaboración de otras áreas, especialmente la Procuración del Tesoro Nacional, a cargo de Rodolfo Barra.
La que prácticamente no tuvo incidencia fue la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende de la Jefatura de Gabinete, pese a que los considerandos del decreto fueron citados los "Criterios Orientadores e Indicadores de Mejores Prácticas en la aplicación de la Ley 27.275", de derecho de acceso a la información pública, sancionada en 2016.
La AAIP está conducida hoy por Beatriz Anchorena, una funcionaria designada por la administración de Alberto Fernández. Se trata de un cargo al que se accede tras audiencia pública con un mandato hasta 2026 y la intención es que atraviese a más de una administración para garantizar la función de contralor.
En el 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, se aprobó en el Congreso -en un trámite sin debate y con consenso casi unánime- la Ley 27.275.
La misma establece, entre otras cosas, que toda la información en poder del Estado se presume pública, que esta debe ser accesible a todas las personas y que los distintos órganos del gobierno tienen plazos para cumplir con su deber de informar.
Con esta ley se creó la AAIP, ente autárquico encargado de velar por la publicación de la información de cada uno de los sectores de los tres poderes de gobierno.
La ley establece un mandato de cinco años con el objetivo garantizar que la autoridad del organismo trascienda al gobierno de turno y actúe con independencia.
La diputada de la UCR, Karina Banfi, una de las promotoras de la Ley de Acceso a la Información Pública, sostiene que la Agencia tiene un trabajo y que De Anchorena desconoce la materia para la cual se la designó. Desde que se encuentra ella a cargo la AAIP funciona mal, porque se volvió una oficina de intermediación de las decisiones que toma el poder Ejecutivo".
La nueva norma establece que el Estado no está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario". Introduce el concepto de "buena fe", que permite sanciones a quienes abusen de los pedidos de acceso a la información.
Por último, va un poco más allá, y establece que "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público". Es decir, que solo se respondería por aquellos expedientes o actos que estén culminados.
El bloque de diputados de PRO, que conduce Cristian Ritondo, rechazó de forma "categórica" el decreto de Milei en un comunicado y lo calificó de "retroceso en términos de transparencia".
El problema es que el decreto del Gobierno provocó la unión de todos los bloques opositores en el Congreso, justo en un momento en el que la gestión de Milei debe evitar que haya mayorías agravadas en el Congreso y lograr la buena predisposición de los bloques aliados, como el PRO.
Milei es probable que en los próximos días vuelva a sacudir al Congreso ya que como ocurrió, la semana pasada con el veto a la ley de modificación previsional, ya tendría decidido vetar la ley de Educación que podría sancionar definitivamente el Senado con el argumento de que un aumento del gasto para la educación superior, que no tiene financiamiento es perjudicial para lograr el objetivo de déficit fiscal cero.
Al respecto el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el miércoles en su exposición que el Gobierno está dispuesto a vetar la Ley de Financiamiento Universitario si el Senado le otorga la media sanción restante.
Francos explicó que el Poder Ejecutivo actuará de manera similar a como lo hizo recientemente con la reforma jubilatoria. «Toda norma que implique un gasto que no tenga los recursos correspondientes o su partida presupuestaria, por supuesto que será vetada», reafirmó el funcionario nacional ante el Congreso.
La Ley de Financiamiento Universitario, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 14 de agosto, busca aumentar el presupuesto para las universidades públicas del país.
El Gobierno ha dejado en claro que su prioridad es eliminar el déficit fiscal, una postura que considera apoyada por la mayoría de los argentinos. «La base de todos los males es la inflación», argumentó Francos, defendiendo la política económica del oficialismo basada en la reducción del déficit. Por esta razón, justificó la decisión de vetar la ley, destacando la necesidad de mantener una gestión financiera responsable.