La Justicia realizó un operativo en Capital Humano por la causa de los alimentos almacenados
En el marco de la causa que investiga la retención de 6 mil toneladas de alimentos que el Estado adquirió y se mantenían guardados en galpones, y por orden del juez Sebastián Casanello, la Justicia realizó este jueves una diligencia en las oficinas de la Secretaría de Niñez, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.
El operativo tuvo como objetivo obtener documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, el stock y las fechas de entrega de esos alimentos que se encontraban almacenados en galpones.
Causa alimentos: operativo en Capital Humano, el Ministerio que conduce Sandra Pettovello
De acuerdo a información sobre el procedimiento, entre los elementos obtenidos se encuentran el back up de la computadora asignada al Director de Logística del Ministerio de Capital Humano, las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo, los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos, las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios.
La Justicia investiga si hubo una gestión indebida en los recursos señalados. Desde la cartera conducida por Pettovello niegan esa acusación y defienden el trabajo realizado desde que se hicieron cargo del ministerio, a partir de la falta de transparencia en la que, aseguran, incurría la gestión anterior.
La causa se inició por una denuncia penal que Juan Grabois presentó contra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios. En respuesta a esas acusaciones, desde el ministerio calificaron a Grabois como "un profesional de la mentira".
El litigio comenzó a partir de la queja que realizaron distintas organizaciones sociales y que Grabois materializó en una presentación judicial.
En relación a las diligencias realizadas por la Justicia durante esta jornada, desde el ministerio calificaron que las actuaciones fueron "sorpresivas e injustificadas", dado que hasta el momento cumplieron con cada requerimiento realizado por el juez.
Además, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, con el que apunta a "defender la división de poderes" marcando que el Poder Judicial "no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo".
La distribución de mercadería objetada involucraba más de mil toneladas de leche en polvo, más de 4 mil de harina de maíz, entre otros productos que debían distribuirse a familias en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos.
Justicia auditó los comedores que recibían fondos del estado durante la gestión anterior. De todos los comedores auditados, 1.201 no pudieron comprobar su existencia, por lo que se denominaron como comedores fantasmas. Desde el Gobierno manejan la hipótesis de que los recursos que estas organizaciones utilizaban estos recursos como herramienta de extorsión o los vendían.