García Mansilla defendió su candidatura a la Corte: el acuerdo que explora Milei y la diferencia con Lijo

El académico Manuel García Mansilla, propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia junto con el juez Ariel Lijo, defendió su pliego en el Senado mientras el Gobierno ya empieza a buscar los votos para los dos candidatos en una compleja negociación donde el kirchnerismo es decisorio y la ampliación del máximo tribunal está sobre la mesa.

García Mansilla, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, expuso durante siete horas -con un cuarto intermedio- ante la Comisión de Acuerdos, luego de que Lijo hiciera lo propio la semana pasada. La intención del oficialismo es que ambos pliegos tengan dictamen, pero fuentes parlamentarias señalaron a iProfesional que hasta ahora ninguno tiene las nueve firmas que se necesitan. Los dos dictámenes quedaron así "abiertos".

El académico intentó ser cauteloso ante las preguntas más filosas pero dejó definiciones importantes para el Gobierno: deslizó que el "mega DNU" con el que Milei inauguró su gestión podría ser considerado inconstitucional, habló de una alternativa legal para la dolarización y despejó sospechas sobre un supuesto acuerdo en las sombras para correr a Horacio Rosatti de la presidencia de la Corte.

La oposición tomó nota de otro detalle: mencionó que Santiago Caputo, el poderoso asesor de Milei que no ostenta un cargo oficial como funcionario fue quien le ofreció el cargo. Luego aclaró que en la reunión también estuvo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Cada uno de estos puntos es importante porque detrás de la discusión técnica sobre los candidatos para la Corte está la negociación política con la que el Gobierno espera conseguir los votos para ambos candidatos.

Qué escenario enfrentan Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en el Senado 

 A pesar de la polémica que rodea a Lijo por las críticas a su rol histórico en las causas sensibles para el poder y sospechas sobre su patrimonio, el académico propuesto para cubrir la vacante que dejará en diciembre el juez Juan Carlos Maqueda tiene el escenario más complejo por su perfil más conservador (su postura crítica a la legalización del aborto es uno de los ejes) y sobre todo por la cuestión del cupo de género.

En todos los bloques del Senado hay críticas a la decisión de Milei de postular a dos hombres cuando una de las vacantes a cubrir corresponde a una jueza (Elena Highton, jubilada en 2021) y el máximo tribunal podría quedar sin integrantes mujeres. En esa controversia, tanto en Unión por la Patria como en la UCR y el PRO sugirieron que podría pasar el filtro solo uno de los dos y García Mansilla reúne menos apoyos que Lijo. 

Para designar un juez en la Corte Suprema se necesita, además de los dictámenes de comisión, el voto favorable de los dos tercios de los senadores presentes en la sesión. El Gobierno no puede llegar a ese número sin apoyos del peronismo/kirchnerismo, que cuenta con 33 bancas sobre los 72 del pleno.

En ese contexto, la principal diferencia entre Lijo y Mansilla es la "palanca política" del primero, que desde que fue nominado se puso a buscar él mismo los votos para su pliego. Fuentes parlamentarias deslizaron que lo ayuda el actual juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, señalado como el que le acercó a Milei la idea de postularlo.

La otra diferencia es que García Mansilla encuentra más apoyo que Lijo en el PRO, donde la tropa de Mauricio Macri cuestiona fuertemente al juez federal. En el resto de los bloques se da la situación inversa. Pero en el balance general, el académico corre con mayor desventaja. 

En cualquier caso, frente a la posibilidad de que García Mansilla sea reemplazado por una postulante mujer cerca de Milei insisten en que quieren que se aprueben "los dos o ninguno" y esta postura es la que complejiza el trámite del Senado y la que más obliga al Gobierno a mirar al bloque K por su peso en el recinto.

El acuerdo que explora Javier Milei: ¿se viene la ampliación de la Corte? 

Por todo ello, como contó iProfesional, el Gobierno se abrió a la búsqueda de un acuerdo con el kirchnerismo que le permita designar a los dos candidatos de Milei. "Hay que ver qué candidatos propone la señora", deslizó una fuente gubernamental a este medio días atrás en referencia a Cristina Kirchner, que tiene una fuerte influencia sobre el bloque Unión por la Patria.

En la Casa Rosada confirman así que la negociación con el kirchnerismo pasará por la eventual ampliación de la Corte Suprema, una idea que ya fue deslizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El kirchnerismo lo intentó en 2022, cuando logró aprobar un proyecto que lleva de 5 a 5 la cantidad de miembros del máximo tribunal, pero esa iniciativa nunca se llegó a tratar en la Cámara de Diputados. Con Lijo y Mansilla, ahora Milei abre la puerta para retomar ese debate.

Fuentes parlamentarias indicaron a iProfesional que el oficialismo estaría preparando un proyecto nuevo que ampliaría la integración de la Corte a 9 miembros. Esto se debe principalmente a que el kirchnerismo no quiere que el polémico juez Lijo aparezca como su candidato, sino que Milei lo asuma como propio. Ellos impulsarían otro nombre y sería el de una mujer.

En rigor, si esa propuesta se concreta, habría lugar para que otros sectores políticos como la UCR o los bloques federales donde tallan los gobernadores impulsen también a otros candidatos para la Corte. De hecho, en junio el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, hizo un guiño al afirmar que la ampliación permitiría "dar lugar a la representación de género" y que el Gobierno debería convocar a todos los sectores para buscar consenso.

A la espera de que el Gobierno active esa negociación, el kirchnerismo decidió abstenerse de firmar cualquier dictamen en la Comisión de Acuerdos, lo que se suma a la resistencia transversal que enfrenta García Mansilla y al rechazo de algunos opositores dialoguistas a Lijo. Todo esto amenaza con trabar el trámite del Senado hasta que asome un principio de acuerdo.

¿Qué dijo García Mansilla en el Senado sobre el "mega DNU"?

Durante su paso por la comisión García Mansilla aseguró que puede hacer "un aporte genuino a nuestro más alto tribunal" y destacó que, a diferencia de los legisladores, que "pueden apelar a sus convicciones morales" para modificar leyes a futuro, los jueces "no pueden hacer eso en una sociedad democrática en ningún caso", porque "tienen la función de resolver causas judiciales concretas aplicando el derecho vigente tal como ha sido sancionado por el Congreso".

Sin embargo, las definiciones más importantes surgieron de sus respuestas a las preguntas de los senadores. En ese aspecto, los senadores del kirchnerismo fueron mucho más incisivos con él de lo que fueron con Lijo, un detalle no menor sobre el clima que hay en la Cámara alta. 

El neuquino Oscar Parilli, por ejemplo, lo acusó de tener un "marcado sesgo anti peronista", lo que fue negado de plano por el candidato. Pero además, le preguntó por la constitucionalidad y el cumplimiento de los criterios de necesidad y urgencia del "mega DNU" de Milei que "modificó 35 leyes y seis decretos".

García Mansilla respondió que no puede opinar sobre un DNU "que está siendo judicializado", pero ante la insistencia sobre el tema señaló que si tuviera que resolver sobre ese tema "lo presumiría inconstitucional para que el Estado nacional acredite su constitucionalidad".

Dolarización y aborto legal: cuál fue la postura del candidato

No fue Parrilli el único que buscó poner a García Mansilla en una suerte de contradicción con el gobierno de Milei. El radical Martín Lousteau repitió algo que también hizo con Lijo: le pidió una postura sobre la constitucionalidad o no de una hipotética dolarización de la economía.

A diferencia del otro candidato, el académico tuvo una opinión algo más abierta a la idea que promovió Milei al responder que depende del "proyecto de ley en concreto" que proponga ese cambio para el sistema monetario.

 Al respecto, explicó que si la dolarización requiere de "confiscar los depósitos en dólares que hay en el sistema bancario sería inconstitucional por violación del derecho de propiedad", pero si se hiciera "por vía de un tratado de integración" donde el Mercosur "decide que la moneda común es el dólar, ese proyecto podría ser constitucional". No obstante, recordó que "es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad de disponer la dolarización".

Respecto del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que se sancionó en 2020, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti le pidió su opinión y recordó que en 2018, cuando el tema se debatió por primera vez, él se manifestó "totalmente en contra". Los senadores también lo interrogaron por sus trabajos académicos sobre el aborto legal. 

"Los académicos tenemos una libertad para opinar en abstracto que un juez no tiene", sentenció García Mansilla. Pero más adelante señaló que existe "un conflicto entre normas de distintas jerarquías" y ejemplificó: "Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones".

No obstante, aseguró que si tuviera que fallar sobre un caso concreto lo analizaría "con mente abierta" y se tomaría "muy seriamente el argumento de las partes", aunque aclaró que consideraría "la dimensión humana en juego" y remarcó: "Nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones sobre el interés superior del niño".

La sospecha que García Mansilla tuvo que despejar en la audiencia

Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la audiencia fue cuando Fernández Sagasti le preguntó directamente por un artículo periodístico en el que se afirmó que un funcionario del Gobierno "les pidió a Lijo y García Mansilla que firmaran una acordada sin fecha" impulsada por Lorenzetti que "disponía que la presidencia de la Corte la ocuparía de inmediato el juez más antiguo del tribunal".

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, intentó interceder visiblemente molesto por la pregunta y Sagasti señaló que le estaba dando la oportunidad al candidato de defenderse.

"Los diarios titulan como se les da la gana", respondió García Mansilla y luego abundó: "A mi nadie del Gobierno me pidió que firme ninguna acordada ni ningún documento, tampoco el doctor Lorenzetti, lo vi una sola vez en todo este proceso hará cosa de cuatro meses, donde me dio la bienvenida y me ofreció si necesitaba algún tipo de ayuda. Y desde ya que jamás firmaría un documento de esa naturaleza".

La pregunta va más allá del artículo periodistico o del rumor en cuestión, porque a lo que apuntó en realidad es a ver el nivel de cercanía entre el candidato más resistido por el kirchnerismo, cuyos votos son clave, y Milei, a quien le atribuyen la intención de buscar un mayor control sobre la Corte Suprema.

El futuro de la Corte, en manos de Milei y una negociación compleja

Ocurre que la nominación de Lijo y de García Mansilla es interpretada por buena parte del ambiente político como una jugada combinada del Gobierno y de Lorenzetti, que está enfrentado con Rosatti y Rosenkrantz, presidente y vice de la Corte.

La lectura es que si Milei logra incorporar a los dos jueces podría cambiar la mayoría del máximo tribunal, donde se mantienen en suspenso varias cuestiones importantes para el Gobierno como la pelea con la Ciudad por los fondos coparticipables o la legalidad de distintos artículos del "mega DNU", entre otras.

Por eso también la negociación que encare el Gobierno con la oposición y en especial con el kirchnerismo es central. Una eventual ampliación de la Corte Suprema abriría el juego a otros sectores políticos podría derivar en un tribunal más equilibrado. Habrá que ver si eso es lo que quiere Milei.

Ahora que Manuel García Mansilla ya pasó por la audiencia pública al igual que Ariel Lijo, la definición del Senado sobre los pliegos quedó pendiente de esa negociación en la que Javier Milei y su tropa pondrán a prueba su capacidad para lograr un acuerdo que le permita incorporarlos a los dos a la Corte Suprema.