Plan motosierra, fase 2: Milei suprimirá 40 organismos y otros 20.000 empleos públicos

El Presidente acaba de anticipar que el pilar de acá hacia adelante será alcanzar el déficit cero, lo cual -dijo- se incluirá en el Presupuesto: "No vamos a tomar nunca más deuda para financiar al Fisco", garantizó.

Y la promesa de Milei es que "en caso de que los ingresos vengan por arriba de las proyecciones, empezaremos con la baja de impuestos. En septiembre regirá la baja del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, y en diciembre se elimina el impuesto PAÍS". Un claro mensaje de que el equilibrio fiscal y la baja de la inflación son dos ejes inamovibles de su Gobierno.

Javier Milei profundiza su plan motosierra: menos empleados públicos y organismos

El primer paso fue reducir la cantidad de ministerios a apenas nueve, a lo que enseguida se sumó la eliminación de organismos públicos, donde sobresalen el INADI y el Ministerio de la Mujer. "Eran áreas destinadas a la persecución ideológica y a endilgar a opositores como yo, delitos aberrantes que luego se comprobaron que cometían ellos en la intimidad", disparó Milei, para aludir a la impactante denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.

El objetivo del Gobierno es avanzar con la eliminación de unos 40 organismos más y otros 20 mil empleados, según los cálculos que manejan en Casa Rosada. Incluirá a algunos descentralizados que, desde la óptica oficial, pueden fusionarse o eliminarse, porque consideran que no cumplen función alguna para la lógica libertaria.

"El programa de déficit cero sigue. Ya tenemos 17 billones de pesos en el Banco Central y sumaremos $9 billones de acá a fin de año, con lo cual ya tenemos asegurado los pagos de deuda del año próximo", asegura Milei.

El jefe de Estado dice tener pendientes 3.200 reformas estructurales, muchas de las cuales serán confeccionadas por el "coloso Federico Sturzenegger", como lo llama el jefe de Estado al ministro de Modernización.

En principio, el Gobierno pensaba avanzar con la reorganización o disolución de cerca de 60 organismos de la administración pública nacional, pero según fuentes oficiales serán no más de 40, una vez que cada ministro eleve información sobre donde se puede aplicar el bisturí.

Mucho tendrá que ver en esto el trabajo conjunto que vienen haciendo los ministros de Economía, Luis Caputo, y el propio Sturzenegger.

Un ejemplo de lo que viene lo dio el Gobierno cuando decretó la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (ECOVINA), que ahora dependen del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, respectivamente.

Milei explicó que su objetivo es disminuir la cantidad de empleados públicos achicando áreas en el Ejecutivo. La estrategia es empezar a pasar peines cada vez más finos sobre esquemas ministeriales donde sigue siendo evidente que hay cantidad de personal contratado que no tiene asignada una tarea específica. "O buscamos donde pueden ser útiles o esos contratos se terminan", sostiene el Presidente.

Desde el Gobierno aclaran que esta estrategia está lejos de la vieja consigna de la última dictadura, en la que se sostenía que "achicar el Estado era agrandar la Nación". Aseguran que este Gobierno lo que está haciendo es una "reformulación inteligente del funcionamiento del Estado, no para que sea bobo, sino eficiente".

Con esa lógica, ya existiría un primer borrador elaborado por Sturzenegger, cuya letra chica se empezará a discutir en las próximas semanas.

Fusiones y menos oficinas: los pedidos del Presidente a su Gabinete

Milei pidió a sus ministros que avancen en la confección de un listado de los posibles organismos que pueden ser disueltos o agrupados, a los fines de seguir reduciendo la dotación y el organigrama del Estado. Es un relevamiento que Sturzenegger seguirá negociando con cada ministerio. La prioridad será reducir aquellas áreas que tengan competencias duplicadas.

Los organismos que se planean disolver también responden a la misma dinámica. Dos puntos son claves para decidir su eliminación: que dupliquen tareas con otras áreas o que sean entes sobre temas en los cuales el Ejecutivo no está interesado en confeccionar políticas.

El Gobierno ya cuenta con una herramienta clave para avanzar con la nueva etapa del ajuste: el régimen de disponibilidad de Empleo Público. A través de ese régimen, cuando se considere que un área está sobredimensionada, el personal podrá ser puesto en disponibilidad. Durante ese período, cobrará el sueldo por un período de hasta doce meses dependiendo de su antigüedad.

Además, se está avanzando con la reducción en contratos de alquiler de oficinas usadas para distintos ministerios y está encaminada la venta de edificios públicos en los que desarrollaban tareas áreas que fueron eliminadas. Solo en contratos de alquiler el Gobierno estima reducir en unos $2.500 millones el gasto anual.

Los contratos de alquiler que se están dando de baja no solo corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, sino que también incluyen a la provincia de Buenos Aires y casi todas las provincias del país.

En las oficinas que se dejaron de alquilar funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo pertenecientes a la Secretaría de Turismo y Deporte; Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina, ENACOM, entre otras. En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional.

Antes de fin de año, el Gobierno espera rescindir más de un centenar de contratos en el marco del plan de optimización de recursos.

A estos recortes se suma la ya anunciada decisión de dejar de pagar los subsidios a empresas de colectivos en el área metropolitana, que ya provocó quejas por parte del  Gobierno de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Solo se subsidiará el transporte que hace su recorrido entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Será un ahorro estimado en casi $100.000 millones anuales.

En el marco de esta estrategia, Milei sigue apuntando con duras críticas, no exentas de insultos, a dirigentes del kirchnerismo y a economistas que advierten sobre las dificultades y desafíos que todavía persisten. El estilo disruptivo presidencial genera confusión y rechazo entre opositores, mientras analistas políticos como Lucas Romero, de Synopsis, señalan que el enfático camino elegido para ratificar el rumbo le hace un flaco favor a las expectativas de terminar alguna vez con la grieta política que divide a la Argentina desde hace dos décadas.