Violencia de género: ¿puede el consorcio pedirle a Alberto Fernández que abandone el edificio?

Luego de que se conociera la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género, algunos vecinos del edificio de Puerto Madero donde vive actualmente Alberto Fernández se expresaron mediante distintos carteles para expresar su repudio a la presencia del ex presidente.

"Como mujer, declárese al Sr. Alberto Fernández persona no grata en River View", decía un mensaje que se viralizó en redes sociales. Otro cartel, colgado en una ventana y que fue captado por las cámaras de los medios, rezaba: "Repudio: típico de machirulo". Esta última acusación, parafrasea lo que dijo en 2018 Cristina Kirchner para referirse a Mauricio Macri.

Lo cierto es que, con la imputación de la Justicia confirmada, surge el interrogante sobre si esos vecinos que están en desacuerdo con la presencia de Alberto Fernández, pueden echarlo del edificio. Sobre todo, si se tiene en cuenta que no es propietario.

Alberto Fernández imputado: ¿pueden echarlo del edificio de Puerto Madero en el que vive?

El departamento en el que vive Alberto Fernández tiene uno 120 metros cuadrados y es propiedad de Enrique "Pepe" Albistur, quien -según palabras del propio Fernández- se lo "presta" al expresidente. Vivía allí antes de ser electo en 2019 y regresó con su mandato finalizado.

Es allí donde pasa sus días desde la denuncia realizada por su ex pareja Fabiola Yañez y desde donde realizó hasta el momento su única aparición pública desde que se desató el escándalo: la entrevista con el diario español El País.

Sin embargo, más allá de los cuestionamientos de los vecinos, las leyes y las normas que rigen en los consorcios, hacen que sea difícil que puedan efectivamente "echar" a Alberto Fernández.

"Esto puede pedirse cuando hay un fallo grave, que puede ser de pedofilia o violencia de género, pero tiene que estar firme la condena. Tiene que estar el fallo judicial", explicó a iProfesional Christian Tettamanti, vicepresidente de la Asociación civil de Administradores profesionales de propiedad horizontal (ACAPPH).

"Además, el juez pide al acusado fijar un domicilio. En algún lugar tiene que vivir", agregó el especialista, quien destacó también que en este caso la denunciante, Fabiola Yañez, no vive en el lugar (está radicada en España), por lo que no debe aplicarse ninguna orden perimetral o algo similar.

"Si está a derecho, salvo que él decida irse para evitar ser escrachado por los vecinos, es difícil que puedan echarlo", agregó Tettamanti, quien mencionó un caso similar que tuvo lugar hace unos años: "Cuando Lázaro Báez salió de la cárcel para cumplir la prisión domiciliaria, lo quisieron llevar a un country, pero los vecinos hicieron una protesta en la puerta del barrio cerrado".

El hecho ocurrió en 2020, en un barrio de Pilar. La abogada de Báez repudió por entonces el accionar de los vecinos. Según se supo más tarde, finalmente Báez cumplió su condena en otro country, ubicado en la zona de San Vicente. 

La  responsabilidad es del propietario del departamento

Además, las normas legales dan cuenta de que el inquilino (aunque a Alberto Fernández tampoco le cabe esa figura) no tiene una relación legal directa con el consorcio, sino que sus derechos y obligaciones surgen del contrato firmado con el propietario. En este caso, sería Albistur, quien le presta el inmueble.

Es decir, que la responsabilidad de lo que sucede allí recae sobre el ex funcionario kirchnerista, quien debe responder por los supuestos daños que cause su inquilino.

Incluso, distintas fuentes legales dan cuenta de que expulsar a un inquilino de su vivienda, incluso si resulta muy molesto para la comunidad: requiere de una sentencia judicial. El consorcio puede apelar a multas o sanciones para el propietario por la conducta del inquilino, pero no puede exigir directamente al inquilino que abandone el edificio.

Es decir que, ante un caso de violencia de género de un inquilino, el consorcio debe actuar contra el propietario, quien tiene la responsabilidad legal. Solicitar la expulsión del inquilino requiere un proceso judicial complejo en casos extremos. Lo más viable es que el propietario tome medidas contra su inquilino.

La Justicia imputó a Alberto Fernández por lesiones graves

La Justicia imputó al expresidente Alberto Fernández por lesiones graves, doblemente agravado por el vínculo y contexto de género, en la causa por violencia de género iniciada por su expareja Fabiola Yañez. También lo imputaron por amenazas.

En ese escenario, el fiscal Ramiro González citó a testigos que presenciaron los presuntos golpes y ordenó distintas medidas de prueba para avanzar con la investigación.

Según aseguraron fuentes judiciales, las pruebas presentadas por Fabiola Yañez son suficientes para avanzar en la acusación contra el exmandatario. Además, señalaron que Alberto Fernández "amenazó a la exprimera dama para que no declarara".

El fiscal también citará a la madre de Yañez, a su examiga Sofía Pacchi, a la exsecretaria privada de Alberto Fernández Maria Cantero y al médico presidencial Federico Saavedra, a quien acusó de ayudar al entonces presidente para encubrir los golpes que recibía. También pedirá las cámaras de seguridad de la Casa de Huéspedes, ubicada dentro de la Quinta de Olivos, entre 2021 y 2023 y el registro de ingresos del médico presidencial a la residencia.