Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que declara la esencialidad educativa

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.

La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.

El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

La "Ley Fionacchiaro" fue el principal proyecto dentro del temario que los legisladores debatirán este miércoles. La sesión fue solicitada por los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, y contó con el acuerdo para iniciar el debate por parte de la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal. Así, las fuerzas superaron la asistencia necesaria de 129 legisladores para dar inicio a la jornada.

La negativa inicial de los radicales para dar quórum se destrabó luego de que se incorporara al temario los recursos para las universidades nacionales, en medio de un paro universitario en todo el país debido a la falta de fondos y bajos salarios docentes.

Media sanción al proyecto de declarar a la educación como servicio esencial: de qué se trata

La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.

En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.

El proyecto establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes.

También dispone que si la huelga se prolongó por más de tres días esa guardia "deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente" en todas los niveles y modalidades educativas.

Otro punto del proyecto fija que al comenzar el ciclo lectivo cada colegio deberá informar a las autoridades el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases.

El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.

Las intervenciones de los diputados

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que "este proyecto beneficia a toda la sociedad. Pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga".

"Claramente en nuestro país en los últimos años hay una coalición entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse", agregó.

Agregó que el proyecto busca que "en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda. Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario".

Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna dijo que el proyecto lo único que busca "es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo"

"A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza", agregó y dijo que el verdadero problema "es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud" del país.

El diputado de la Libertad Avanza, José Luis Espert, afirmó que es "central que logremos sancionar a la educación como un servicio estratégico esencial, darle esa impronta, como mucho de nuestros antepasados lo hicieron con muchas de las reformas que se hicieron en la Argentina" y dijo que la iniciativa defiende y prioriza el derecho de los chicos a estudiar ya que le otorga "un carácter de prioridad a través del concepto de esencialidad de la educación para igualar oportunidades vitales para el desarrollo de nuestro país".

Por su parte, el diputado radical Julio Cobos dijo que respaldaba este proyecto porque "tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días".

La diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi dijo desde ese sector van a "defender la docencia, el derecho a la protesta", y contrastó con "quienes quieren prohibirlo", a los que acusó de ser "los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina".

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro repasó que en este debate "hay dos derechos en pugna" y recordó que "ningún derecho es absoluto, pero hay un derecho superior, que es el derecho superior de los niños y niñas y adolescentes". 

"Al calificar a la educación como servicio estratégico esencial, estamos tomando una decisión - que algunos comparten más, otros menos- pero que reafirma el papel central que deben tener los alumnos y la educación en lo que es la construcción de una sociedad mucho más equitativa", concluyó. 

A su turno, la radical Carla Carrizo aseguró que "los niños no son objetos de nadie, ni de los sindicatos, ni de los gobiernos ni de los padres". 

"Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando. Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela", concluyó.

Daniel Arroyo (Unión por la Patria) reconoció que "es evidente que si un alumno tiene más horas de clases va a aprender más, tendrá mayor conocimiento y tendrá un mejor trayecto educativo".

"Ahora creer que esto se resuelve recortando el derecho a huelga es absurdo. Estamos abordando el problema desde el costado, no desde el centro, en su total dimensión. Argentina tiene que dar vuelta el sistema educativo. Pero es con los docentes y no contra los docentes. No hay forma de hacer una reforma educativa en la Argentina sin los docentes", reflexionó.

Héctor Stefani (PRO) resaltó que no tiene duda de que "el derecho preferente en la Argentina es la educación de nuestros hijos" y prevalece sobre los derechos sindicales.

Pablo Carro (Unión por la Patria) opinó que "está recontra claro que este es un proyecto anticonstitucional y que es pura demagogia del peor populismo de derecha en la Argentina".

"El derecho a huelga es un derecho consagrado por la Constitución y los tratados internacionales. O sea sabemos que esto no va a ningún lado. Solamente estamos teatralizando acá una preocupación por la educación", remarcó el cordobés.