Evalúan quitarle la pensión vitalicia a Alberto Fernández, tras la denuncia de Fabiola Yañez
:quality(70)/assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/02/568357.jpg)
A través de su cuenta de X, el legislador porteño Yamil Santoro anunció la solicitud oficial dirigida al Gobierno Nacional para que se le retire la pensión honorífica que Alberto Fernández recibe como expresidente de la Nación.
El pedido ocurre luego de que el expresidente de la Nación fuera denunciado por su exmujer, la actriz y periodista Fabiola Yañez, por violencia de género.
Pedido de retirar la pensión vitalicia de Alberto Fernández
En su mensaje, Santoro expresó que Fernández no cumple con los requisitos esenciales de mérito y honor necesarios para acceder a este beneficio.
El director de la Fundación Apolo, dedicada a luchar contra la corrupción, expresó: "Acabamos de solicitarle legalmente al Gobierno Nacional que le quite la pensión vitalicia a Alberto Fernández por falta de MÉRITO y HONOR; requisitos esenciales para acceder al beneficio".
"Ese delincuente no merece cobrar de nuestros impuestos", cerró Santoro, refiriéndose a la pensión cercana a los 7 millones de pesos mensuales que percibe Fernández.
Según mostró el diputado en X, el pedido lo firma Santoro junto a otros integrantes de la Fundación, Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio.
Por otra parte, los medios confirmaron este viernes que el exmandatario fue notificado por la denuncia, en pleno escándalo por la filtración de su video con Tamara Pettinato en una cena íntima en su despacho en la Casa de Gobierno, cuando aún era Presidente.
"Lo hizo una comisión de la Policía Federal en su departamento de Puerto Madero. Así el expresidente ya sabe las medidas de retricción que debe cumplir", informaron en Mitre.
En cuanto a Fabiola Yáñez, ya tiene asignado un refuerzo de protección en Madrid, España. La causa esta caratulada por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género.
Tras la denuncia a Alberto Fernández, se conocieron chats y las impactantes fotos de Fabiola Yañez golpeada
Tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, surgieron nuevas evidencias que han generado un gran impacto en la opinión pública. Se trata de imágenes y conversaciones que la ex primera dama mantuvo con el expresidente, en las cuales describe episodios de maltrato físico. La aparición de estas pruebas ha llevado a la apertura de una investigación que ya ha comenzado a tomar medidas legales.
Las imágenes difundidas muestran a Yañez con un ojo morado y moretones en los brazos, evidencias que respaldan las acusaciones de violencia física. Junto con las fotos, se han dado a conocer chats que la ex primera dama habría intercambiado con Fernández, en los cuales relata las agresiones que supuestamente recibía.
En uno de los mensajes, Yañez le reclamaba al expresidente por los golpes recibidos, expresando su malestar por la situación: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito", escribió la ex primera dama, según los chats filtrados.
La conversación continúa con Yañez intentando hacerle entender al exmandatario la gravedad de la situación, mientras que Fernández, en su respuesta, le pide que dejen de discutir: "Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení", señala uno de los mensajes atribuidos al expresidente.
La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: "Venís golpeándome hace tres días seguidos"
Yañez, en otro mensaje, le responde que los maltratos han sido constantes, afirmando que la había golpeado durante tres días seguidos. "Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal", responde Fernández en otro mensaje, según las capturas divulgadas.
El caso se originó en el contexto de la causa por el escándalo de los seguros, cuando la Justicia encontró imágenes y conversaciones en el teléfono de María Cantero, secretaria del expresidente. En el dispositivo de Cantero, se hallaron cuatro fotos de Yañez con signos visibles de violencia, incluyendo una imagen en la que la ex primera dama aparece con un ojo y parte del maxilar superior visiblemente hinchado, y otra en la que presenta moretones en el costado derecho del tronco, las costillas y la axila. Además, se habría encontrado un video en el que una persona, presuntamente Fernández, aparece en una supuesta actitud violenta hacia su pareja.
El descubrimiento de estas pruebas fue realizado por el juez federal Julián Ercolini, quien estaba a cargo de la causa. Al no tratarse de un delito federal y con el objetivo de proteger la privacidad de Yañez, el magistrado decidió abrir un legajo reservado el 13 de junio. El 26 de ese mismo mes, el tribunal envió esta información de manera confidencial a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, que posteriormente analizó los datos y recomendó citar a la persona agredida.
A raíz de la exposición pública de estos hechos, Yañez decidió formalizar una denuncia contra Fernández. Tras la presentación de la denuncia, el juez Ercolini tomó medidas precautorias, como la prohibición de salida del país para el expresidente, una restricción perimetral que impide que Fernández se acerque a su expareja, y la imposición de un contacto cero entre ambos. Estas acciones tienen como objetivo proteger la integridad física y emocional de Yañez mientras avanza la investigación.
Este caso ha generado una amplia repercusión mediática y ha puesto en el centro del debate la cuestión de la violencia de género en el ámbito de la política y la vida pública. Aunque las investigaciones continúan, el impacto de las revelaciones ya se ha sentido, tanto en el plano judicial como en la sociedad en general, donde el tema ha despertado numerosas reacciones y ha sido objeto de debate.
La situación actual del caso y las futuras decisiones que tome la Justicia serán claves para determinar el rumbo de los acontecimientos. Por ahora, las pruebas encontradas han sido suficientes para que se inicie un proceso formal en contra del exmandatario, y se espera que, en las próximas semanas, se realicen nuevos avances en la investigación. Las autoridades judiciales deberán determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de encontrarse culpabilidad, definir las responsabilidades correspondientes.