Ley Antimafias: cuáles son los cambios de la oposición al proyecto de Patricia Bullrich

Con la intención de evitar un avance sobre las autonomías provinciales, la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados promovió una serie de cambios al proyecto de Ley Antimafias que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió en abril al Congreso. El texto recibió dictamen de la Comisión de Legislación Penal sin que haya debate, pues el arranque de la discusión sobre el régimen penal juvenil se llevó varias horas. 

A los oficialistas los acompañaron en el dictamen de mayoría sus aliados del PRO, la ex libertaria Carolina Píparo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. Algunos legisladores firmaron en disidencias parciales, no del todo conformes con las modificaciones. Por su parte, Unión por la Patria firmó un dictamen de rechazo. 

Uno de los artículos que se mantuvo tal cual la versión original enviada por Bullrich fue el que plantea que todo aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita" será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años. 

Los cambios al proyecto de Patricia Bullrich que busca castigar al crimen organizado 

En una de las primeras modificaciones a la iniciativa del Poder Ejecutivo, a propuesta del radical Manuel Aguirre, se incorporó una definición de organización criminal similar a la que plantea la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los tipos de amenazas agravadas e intimidación pública agravada; los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos). 

Entre los cambios se determinó que ni el Ministerio Público Fiscal, ni el Ministerio de Seguridad determinarán la "Zona Sujeta a Investigación Especial", sino que solo dictaminarán sobre su necesidad: quien determina la zona es el juez competente, verificados los requisitos impuestos por la normativa.

Mediante la iniciativa se crea esta figura de "Zona de Investigación Especial", con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que, de acuerdo a sus impulsores, "posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación". 

De las observaciones que hicieron, cuando fueron invitados a exponer, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad de esa provincia, Pablo Cococcioni, se tomó que en los casos que se tramiten en la justicia provincial, serán los gobiernos locales los que soliciten la Zona Sujeta a Investigación Especial. Esto además atendió a reclamos de la Coalición Cívica y el PRO sobre posibles conflictos de competencia. 

A pedido de la diputada de la CC-ARI Marcela Campagnoli se eliminó un artículo que determinaba que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC) del Ministerio de Seguridad podía "requerir información a los órganos especializados en la materia de otros Estados" sin autorización por orden judicial. 

Por otro lado, se modificó el artículo referido a "extinción de dominio" por "decomiso anticipado". Según el texto del dictamen de mayoría, el juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "podrá, aun sin condena, decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas. Por propuesta del diputado Aguirre, "el bien decomisado pasará de manera inmediata al dominio del Estado Nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los porcentajes de distribución que establezca la reglamentación de la ley". 

A su vez, por observación del diputado de Hacemos Coalición Federal Juan Brügge, se determinó que "en caso de condena, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplirán con la obligación de indemnizar del Título IV del Código Penal de la Nación, hasta el límite del valor económico de los bienes que hubieren recibido por resolución judicial de decomiso anticipado".

Polémica por un artículo sobre detenciones de 48 horas para averiguación de delitos

Uno de los artículos que se mantuvo entre la redacción original y el dictamen con modificaciones es el que permite que "declarada la necesidad de una investigación especial" las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de CABA (se agregaron a las fuerzas locales) puedan "detener a una persona por hasta 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos" contemplados en la ley "con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente".

Pero además se sumó, también por recomendación de Pullaro y Cococcioni, y en consonancia con el nuevo Código Procesal Penal santafesino, que "cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial". 

Otro agregado es que "con previa orden judicial" las fuerzas federales y provinciales podrán "realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada, o sobre domicilios que surgieran vinculados a otros sobre los que ha existido orden del juez competente. En este último caso, ante la urgencia los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original". 

Respecto de este artículo, en las disidencias parciales los diputados Brügge y Oscar Agost Carreño plantearon: "Tenemos cuestionamientos por entender que podrían verse vulnerados derechos y garantías constitucionales y, por ello, entendemos procedente únicamente la facultad del Ministerio Público Fiscal en caso de urgencia fundada de disponer la detención y poner a disposición del juez competente al detenido en forma inmediata como procedimiento". "Si no se cambia, en el recinto no lo votamos", afirmaron a iProfesional desde el entorno de los diputados de HCF, que también plantearon disconformidad con la redacción de lo referido a la Zona Sujeta a Investigación Especial. La próxima sesión será el 7 de agosto, pero este proyecto no es parte del temario de ese día. 

Con varias críticas arrancó el debate de un nuevo régimen penal juvenil 

Aunque no se encuentra dentro del primer paquete de seguridad enviado en abril, ya se puso en marcha el debate sobre el proyecto de un nuevo régimen penal juvenil, impulsado también desde el Gobierno, el cual plantea la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. No obstante, sobre el tema hay más de una docena de iniciativas presentadas por distintos bloques.

El texto fue dado a conocer días atrás en conferencia de prensa por Bullrich y su par Mariano Cúneo Libarona, pero ambos no estuvieron en la primera reunión informativa que se desarrolló en un plenario de cuatro comisiones en Diputados. Mientras los opositores reclamaban por su presencia, el ministro de Justicia sí se reunía con Martín Menem, titular de la Cámara baja, en su despacho. 

Al encuentro, programado para que dure una hora, pero que se extendió por casi cuatro, asistió el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto, quien remarcó que hay "una deuda con la sociedad y la democracia" respecto de la Ley de Menores. Al recordar que la normativa vigente data desde la última dictadura, dijo: "Hace 44 años se está debatiendo la necesidad de reformar esta ley".

Según el funcionario, las estadísticas de adolescentes que infringen la ley "vienen en aumento todos los años en la franja de 16 y 17 años, que son los punibles, pero en los pocos datos oficiales que hay, también vienen en aumento los casos de menores que van de los 13 a los 15 años de edad".

Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, sostuvo que "la situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple, no sólo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañan al adolescente luego". 

Más adelante, detalló que de acuerdo a datos de la Corte Suprema de Justicia, "en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: 822 para el año 2021, que es un 22% de aumento con respecto al año anterior; 906 para el año 2022, que representa un 10% de aumento aproximadamente respecto al año anterior; y 986 para el mismo periodo en el año 2023, ya venía bastante elevado y esto representa un 9% de aumento respecto del año anterior".

Las críticas del kirchnerismo y la izquierda a la nueva Ley de Menores

Desde Unión por la Patria fueron la mayoría de las intervenciones, con severas críticas al proyecto. La diputada Victoria Tolosa Paz negó que haya un incremento de los delitos cometidos por menores. "El delito adolescente de ninguna manera está subiendo, de ninguna manera sube con respecto a la serie histórica y mucho menos sube el delito grave o gravísimo en la magnitud que se expresa en esta ley. ¿Tenemos problemas? Sí, los tenemos, pero tenemos que abordarlos con seriedad", señaló. 

Y cargó contra la ministra de Seguridad: "A la señora Patricia Bullrich, que dice ‘delito de adulto, pena de adulto’. ¡Es inconstitucional, Bullrich! No lo digas más, ni en la televisión, ni en los diarios, porque nos da vergüenza ajena que ni siquiera reconozcan el texto normativo de nuestro país". 

Al igual que lo hiciera el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, el legislador de UP Rodolfo Tailhade avaló que se haga una reunión informativa para escuchar a adolescentes que hayan tenido conflicto con la ley. Pero además, propuso: "Tenemos que hacer los diputados una visita a los institutos de menores. Si vamos a mandar chicos de 13 años en cana, por lo menos conozcamos a dónde los vamos a mandar. Sepamos que son depósitos humanos y por lo menos eso, por ahí, nos puede dar la sensibilidad para entender lo que estamos discutiendo". 

"No creo que el oficialismo se oponga a la visita a los institutos, acaban de visitar a (Alfredo) Astiz en la cárcel, así que calculo que el tiempo lo pueden tener", ironizó contra seis diputados de La Libertad Avanza y su visita al penal de Ezeiza, donde se reunieron con condenados por delitos de lesa humanidad. En su intervención, el kirchnerista se quejó que con este proyecto "estamos metiendo a los menores dentro del Código Penal para cualquier delito". "Estamos poniendo en riesgo a los hijos de la clase media, no piensen que esto solamente es para los pibes del barrio y las villas", advirtió. 

Autor de otro de los proyectos presentados sobre el tema, el radical Manuel Aguirre planteó bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y no a los 13, al tiempo de realizar un "estudio psicológico previo" para determinar "si el chico tenía madurez mental para comprender lo que está haciendo". Por otro lado, desafió a financiar el nuevo régimen penal juvenil con parte de los millonarios recursos que se le otorgaron a la nueva SIDE. 

Respecto de la cuestión presupuestaria, el diputado de UP José Glinski consultó a los funcionarios si había "un cálculo estimado" sobre "cuánto va a ser la inversión pública para que el Estado esté presente en el marco de esta normativa". "No hay nada en el proyecto que explique cómo va a hacer un gobierno anarco-capitalista y libertario, que quiere destruir el Estado desde adentro, para poder garantizar un régimen penal juvenil. Sale plata esto, sale mucha plata esto", aseveró, entre aplausos.