Milei y el Pacto de Mayo: qué puntos pasarán por el Congreso y cuáles pueden naufragar
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Con la firma del Pacto de Mayo el presidente Javier Milei quiere iniciar una nueva etapa con una demostración de consenso alrededor del plan de reformas de largo plazo que pretende llevar adelante, aunque de los 10 puntos que figuran en el acta varios necesitan aval del Congreso, como el nuevo esquema de coparticipación de impuestos, y contar más apoyo que el de los gobernadores.
Milei consiguió el acompañamiento de 18 de los 24 gobernadores (incluido el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri) al "Acta de Mayo", una mayoría que plantea la existencia de un consenso para discutir, acordar y avanzar con temas como la "reducción del gasto público" y reformas en materia impositiva, previsional y laboral.
Sin embargo, tanto en la Casa Rosada como en las provincias reconocen que el acta es un compromiso público, con un carácter simbólico -mayor para el Gobierno que para las provincias- pero no legal. Es una forma elegante de adelantar que no todos los puntos del documento son de fácil concreción o requieren de lo mismo.
Algunos de los ítems, como la "inviolabilidad de la propiedad privada", ya figuran en la Constitución Nacional mientras que otros, en rigor, ya empezaron a ponerse en marcha tras el debate de la Ley Bases y el proyecto de Medidas Fiscales que Milei logró aprobar en el Congreso después de seis meses de negociaciones y muchas concesiones por parte del oficialismo en minoría.
Propuesta clave de Javier Milei en el Pacto de Mayo: ¿qué pasa con la coparticipación?
Uno de los puntos centrales y con mayores posibilidades de concreción -en teoría- es el número seis del Acta de Mayo: la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos "para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias". Se trata de un tema que sí o sí debería pasar por el Congreso y cuya discusión es extremadamente difícil.
La distribución de los impuestos hoy se rige por una ley de 1988 que, en realidad, es un "régimen transitorio" que dispone que el 42,34% va para el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones.
Sin embargo, la Constitución Nacional de 1994 ordenó sancionar una "ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias" que jamás se pudo lograr, precisamente por la dificultad para acordar entre los gobiernos nacionales de turno y las 24 jurisdicciones. Milei propuso así a los gobernadores cumplir con una vieja deuda, aunque se trata de una meta muy ambiciosa.
Una fuente de la UCR señaló a iProfesional que "la verdadera razón por la que van y firman la mayoría de los gobernadores el pacto es la coparticipación, todo lo demás son declaraciones de intención". Todos los gobernadores quieren un esquema estable que les evite las eternas negociaciones con el Ejecutivo nacional por los recursos.
Sin embargo, la sanción de una ley de coparticipación necesita, además de la sola propuesta del Gobierno de turno, el acuerdo de todos los mandatarios con la Nación y también entre ellos, para luego buscar los votos en las dos cámaras del Congreso, donde no alcanzaría con la influencia de los 18 firmantes debido a que varios legisladores no responden a ninguno de los jefes provinciales.
¿Qué otros puntos necesitarían aval del Congreso y cuáles tuvieron un primer avance?
La dificultad se ve en la composición actual de la Cámara de Diputados y del Senado. La UCR, por ejemplo, se muestra divida frente al gobierno de Milei y muchos de los que no acompañaron puntos clave de la Ley Bases o del "mega DNU" son precisamente quienes no están alineados con ningún gobernador, como es el caso del senador y presidente del partido a nivel nacional, Martín Lousteau.
En otras bancadas como el PRO y Hacemos Coalición Federal se da una situación similar: algunos están alineados con los gobernadores de sus provincias y otros son oposición en su terruño, lo que dificulta el acuerdo que se necesitaría para sancionar una nueva ley de coparticipación.
A ello se le suma el rechazo al Pacto de Mayo de un grupo de gobernadores con peso determinante en el peronismo como es el caso del bonaerense Axel Kicillof. De esta manera, el objetivo que propuso Milei en este sentido no es irrealizable, pero sí complejo.
La fragmentación política que muestra el Congreso también afecta a otros de los puntos del Pacto de Mayo que deberían pasar por allí y que, además, su eventual realización podría necesitar de más de una ley. Es el caso de la "reforma tributaria que reduzca la presión impositiva" y "promueva el comercio" o de la "reforma laboral moderna" que figuran como punto 5 y 8 del acta.
No obstante, Milei ya empezó a avanzar con estos dos temas en particular y con acuerdo de esa oposición dialoguista. La Ley Bases incluyó un capítulo laboral que redujo el período de prueba y eliminó multas por falta de registración laboral, entre otros puntos, mientras que la ley de Medidas Fiscales que acompañó a esa iniciativa dispuso cambios en varios impuestos, con una rebaja significativa en Bienes Personales.
Mientras tanto, la propuesta de llevar a cabo "una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron" es otro tema que requerirá de una discusión en el Congreso y de un consenso entre Milei y los gobernadores como punto de partida, aunque la dificultad para resolver este tema es similar a la que aparece frente a la coparticipación.
¿Qué temas del Pacto de Mayo corren el riesgo de naufragar?
En el Congreso y también en las provincias relativizan el valor de los otros puntos del Pacto de Mayo en cuanto a su posibilidad de ser concretados, más allá del peso simbólico que tiene el compromiso para respetarlos.
El ejemplo paradigmático es la "inviolabilidad de la propiedad privada" que figura como primer punto del acto. En todos los campamentos políticos señalan que es un derecho ya consagrado en la Constitución, sobre el cual no hay mucho más por discutir en términos de nuevas leyes. Algo parecido ocurre con el "equilibrio fiscal innegociable", el segundo ítem.
Fuentes parlamentarias de la oposición dialoguista sostienen que la inclusión de estos temas en el Pacto de Mayo es "parte del relato del Gobierno" y, sobre la cuestión puntual del equilibrio fiscal, afirman estar todos de acuerdo, pero remarcan que es algo que depende "de la gestión diaria" de cualquier administración y no tanto de una ley.
Respecto de "la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno", tercer punto del Pacto de Mayo, indican algo similar, aunque algunos señalan que esa meta va de la mano de otras leyes sobre diversos temas que hacen a la administración de los recursos nacionales.
Milei, en cambio, parece discrepar en este punto. En el paquete de "leyes anti casta" que anunció el mismo día en que lanzó la convocatoria al Pacto de Mayo (el 1 de marzo pasado) afirmó que quiere prohibir por ley que cualquier funcionario público tome medidas que impliquen un gasto cuyo financiamiento dependa de la emisión monetaria.
Según pudo averiguar iProfesional, en el Congreso ven este tema como uno de los "impracticables" y le auguran trabas para su debate parlamentario, en caso de que Milei lo incluya entre los proyectos que tiene previsto presentar en los próximos días, porque sería otra cuestión que depende de la gestión diaria y de las necesidades y objetivos que se traza cada gobierno sin que ello implique un aval a generar déficit fiscal.
Los 10 puntos del Pacto de Mayo y el desafío que le espera a Milei
Milei anunció la creación de un órgano llamado Consejo de Mayo cuya función será precisamente la de elaborar los proyectos de ley que permitan trasladar a la práctica todos los puntos del Acta de Mayo. Ese espacio estará integrado por un representante del Poder Ejecutivo, dos del Congreso (uno por cada cámara), uno del empresariado y otro de los sindicatos.
Los 10 puntos del Acta de Mayo -como el Gobierno denominó al documento para quitarle el peso de la palabra "pacto" que incomodaba a algunos goberandores- son los siguientes:
1. La inviolabilidad de la propiedad privada
2. El equilibrio fiscal innegociable
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno
4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar
5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio
6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias
7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país
8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal
9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
El presidente Javier Milei quiere que la firma del Pacto de Mayo marque un antes y un después para su gestión, que arrancó con fuertes cruces verbales con distintos gobernadores al calor de la discusión sobre la Ley Bases y el ajuste fiscal que pegó en los recursos que recibían las provincias. La puesta en marcha de al menos una parte de esos puntos será para el Gobierno un desafío más grande que el de lograr las adhesiones en el acto en Tucumán.