Reforma laboral: cuál es el nuevo sistema para frenar las huelgas
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La Cámara de Diputados podría ratificar una reforma laboral significativa que podría marcar un antes y un después en el ámbito laboral argentino. Esta iniciativa, introduce cambios importantes en la regulación del derecho de huelga y las relaciones laborales en el país.
La reforma de la Ley de Bases establece nuevas reglas y restricciones que redefinen el ejercicio del derecho de huelga y las dinámicas entre empleadores y empleados, generando un intenso debate en la sociedad argentina.
¿Cuál es el nuevo sistema de la reforma laboral para frenar las huelgas?
La Cámara de Diputados está a punto de confirmar las modificaciones a la Ley de Bases introducidas por el Senado, lo que marcará un antes y un después en el ámbito laboral argentino. Esta reforma, presentada por el Gobierno como un avance hacia la modernización del mercado laboral, fue objeto de intensas críticas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), las CTA y la mayoría de los sindicatos del país.
El capítulo de "Modernización Laboral" de la Ley de Bases fue uno de los más debatidos y ajustados. Aunque el texto original aprobado por Diputados sufrió pocos cambios, el Senado incorporó modificaciones clave, como la adición del artículo 91 bis, que altera el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esta modificación define la participación en bloqueos o tomas de establecimientos como "grave injuria laboral", permitiendo la terminación del contrato de trabajo por esta causa. Inicialmente incluido en el texto de Diputados y luego eliminado el 29 de abril, este artículo fue reinstalado por el Senado a instancias del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).
Según Federico Basile, del Estudio Tavaroni, Rovelli, Salim & Miani, la versión del Senado establece un marco legal sólido para el despido con causa durante un paro, cuando los trabajadores incurren en conductas específicas.
La ley contempla penas de seis meses a tres años de prisión para quienes bloqueen el acceso a establecimientos con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio.
Además de los bloqueos y tomas, la ley especifica otras acciones consideradas injurias graves y motivos de despido en el contexto de un conflicto colectivo. Estas incluyen:
- Intimidar o amenazar a quienes no adhieran a la medida de fuerza;
- Impedir u obstruir el ingreso o egreso de personas o cosas al establecimiento;
- Ocasionar daños a personas o cosas de propiedad o bajo tenencia de la empresa.
La modificación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo refuerza la normativa sobre el despido con justa causa. Se mantiene la disposición original que permite a cualquiera de las partes denunciar el contrato laboral por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.
Sin embargo, ahora se considera grave injuria la participación activa en bloqueos o tomas. Se presume esta gravedad cuando se impide la libertad de trabajo de los no huelguistas, se obstaculiza el acceso al lugar de trabajo, o se producen daños a personas o propiedades. Antes de proceder al despido, el empleador debe advertir al trabajador para que cese en su conducta, salvo en casos de daños graves, donde la advertencia es innecesaria.
La reintroducción de este artículo en el Senado, después de haber sido eliminado a petición del diputado Miguel Ángel Pichetto para facilitar un mayor consenso con los gremios, refleja las tensiones y negociaciones que han caracterizado esta reforma.
El primer borrador del Gobierno y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70 proponían sanciones más severas para los bloqueos sindicales, pero estos aspectos fueron suavizados en el dictamen del 25 de abril.
La inminente aprobación de estas modificaciones no solo redefine el ejercicio del derecho de huelga, sino también la dinámica entre empleadores y empleados.
Mientras el Gobierno celebra lo que considera un paso adelante en la modernización laboral, los sindicatos ven estas modificaciones como una amenaza a sus derechos y métodos tradicionales de protesta.
No obstante, desde el sector que defiende la reforma, se argumenta que la ley busca poner un límite razonable al ejercicio del derecho a huelga. Se sostiene que no se trata de prohibir las protestas, sino de evitar que estas deriven en acciones que perjudiquen a terceros.
La Ley de Bases genera un intenso debate en la sociedad argentina. Las opiniones se encuentran divididas entre quienes la consideran necesaria para modernizar las relaciones laborales y quienes la ven como un ataque a los derechos de los trabajadores.
Esta nueva reforma laboral está destinado a cambiar profundamente el escenario laboral argentino, introduciendo nuevas reglas y restricciones que influirán en las relaciones laborales y las formas de protesta y huelgas en el futuro próximo.